Algunas tertulias matinales se han dedicado a especular sobre qué había llevado al máximo responsable de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a dar por finiquitada su carrera política. Las opiniones se han balanceado entre los adeptos que lo interpretaban como un rapto de generosidad del diputado ante el horizonte político inmediato que se cierne sobre el territorio y quienes, más críticos, optaban por visualizar presiones dentro de su partido para que abandonara el ejercicio público sin hacer más daño a la causa que defiende.
Pero ni a Oriol Pujol Ferrusola le ha invadido una manifiesta vocación de servicio al país y a la causa ni se han producido extrañas e inquietantes presiones externas. Las razones, como casi siempre, son más prosaicas:
1. Los problemas del hijo de Jordi Pujol con
la justicia por el llamado caso ITV no radicaba tanto en el órgano instructor (una parte del juzgado de primera instancia de Barcelona número 9, que dirige la magistrada Sílvia López Mejía, y otra del TSJC), sino en el sentenciador. El encargado de juzgar y sentenciar a Oriol Pujol era la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) cuyo titular es el magistrado Carlos Ramos. Antes que juez fue un fiscal severo (
caso De la Rosa, por ejemplo) y es un juez considerado de izquierdas.
Todos los juristas esperaban un severo correctivo de esta instancia judicial en un tiempo relativamente corto, entre dos y tres meses.
2. Con la renuncia al escaño del parlamento catalán, Pujol pierde su condición de aforado ante la justicia. Su caso sale del TSJC y regresa al juzgado instructor. Allí, la juez López Mejía será la encargada de acabar el proceso y dictar auto de procedimiento abreviado para que sea la Audiencia Provincial de Barcelona la encargada de juzgar ese sumario. No es que la juez sea más tibia con el caso (todo lo contrario, según ha demostrado en la fase de instrucción), pero al imputado se le abre la posibilidad de ser juzgado por un juez menos severo ante los hechos que lo que le esperaba en el TSJC.
3. La juez Sílvia López aún mantiene bajo secreto de sumario una parte del caso, sobre todo la que afecta a las desinversiones de multinacionales en suelo catalán. En esa pieza, además de Oriol Pujol,
está imputada su mujer Anna Vidal y su amigo Sergio Alsina y lo que
se intentará delimitar es si hubo beneficio propio del político y su presunta trama al facilitar la salida de esas empresas de manera cómoda.
4. Con su dimisión y el cambio jurisdiccional se juega con el factor tiempo. De haber proseguido la causa en el TSJC en apenas unos meses hubieran existido resoluciones que podían resultar muy desfavorables para el imputado. Sentencia que hubiera discurrido en el calendario muy próxima a la fecha de celebración de la consulta convocada por Artur Mas. Ahora, por más diligente que sea la juez instructora, no habrá juicio antes de un año o año y medio en el peor de los casos. Cualquier jurista conoce que la distancia de los hechos es, de facto, un atenuante a la hora de sentenciar, se diluye el factor de proximidad de la culpa.
En los cuatro argumentos anteriores radican muchas de las razones que han podido generar la decisión de Oriol Pujol. Como puede apreciarse, ninguna de ellas tiene un carácter estrictamente político como se ha pretendido difundir en las últimas horas. Es más, si existe alguna con esa dimensión es la relativa a las complicaciones que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz puede imponer sobre el hermano mayor del ex político catalán, Jordi Pujol Ferrusola, y sus extraños movimientos de capitales presuntamente opacos y de extraños orígenes.
