Las primeras distorsiones

Y al tercer día el nuevo Gobierno se encontró con el primer petardo. Lo hizo estallar el vicepresidente Pablo Iglesias al declarar que los tribunales europeos habían humillado a la justicia española en cuestiones relacionadas con el procés. Una tesis en la que abundan los independentistas catalanes en cuanto se acercan a un micrófono.

Pero esa percepción la mantienen muchos de los ministros que rodean a Pedro Sánchez, además de sus socios de ERC. En el gobierno de Pedro y Pablo (con varias voces pero con una misma palabra) existen ministros y aliados tan comprensivos con los planes independentistas que tan solo creen en sus leyes.

De ahí la obsesión de Sánchez por controlar todos los resortes institucionales. Para garantizarse una ocupación de cargos que no vayan a obstaculizar el alto precio que exige ERC a cambio de su apoyo al Gobierno de la Moncloa. La Abogacía del Estado, las Cortes, el CIS, las cúpulas policiales, ¿el Tribunal Supremo?, ¿el Consejo General del Poder Judicial?

Los vocales del Consejo le dieron un toque a Iglesias. No se trata de que tengan la «piel fina». Sencillamente el vicepresidente faltó a la verdad. Por desconocimiento de los procedimientos judiciales, por una clara intención de politizar la justicia (desprestigiando la española) o por las dos causas.

Ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni el de Luxemburgo corrigieron a la Justicia española. El primero avaló al Constitucional en la suspensión del pleno del Parlament en el que Carles Puigdemont iba a valorar el referéndum ilegal del 1 de octubre del 2017. Y el segundo respondió a las dudas del juez Manuel Marchena sobre la inmunidad de Oriol Junqueras.

El dirigente de ERC pudo gozar de inmunidad de desplazamiento cuando era preso provisional pero no tenía derecho a una inmunidad de jurisdicción. Roma locuta.

La extrema derecha quiere ganar perfil institucional y debilitar la influencia del PP; seguro que Sánchez le echa una mano

Ahora que el Parlamento Europeo acaba de anunciar que tramitará el suplicatorio solicitado por el Supremo para levantar la inmunidad de Puigdemont y Toni Comín conviene recordar que España no encabeza, precisamente, la lista de países europeos más cuestionados por los tribunales de derechos humanos.

Pero Iglesias lo que hizo fue meter cizaña en una campaña muy pensada de desprestigio contra el actual Poder Judicial en la que, en el fondo, coincide con el PSOE. Esa ha sido la primera distorsión del nuevo Gobierno, nada más estrenarse. Sánchez ya había intentado echar una mano a Junqueras a través de la Abogacía del Estado –¿eso es desjudicialización o politización de la justicia?– pero no le salió bien la jugada.

Y el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que poner pie en pared en defensa propia. No se recuerda un toque de atención del cuerpo judicial contra un vicepresidente del Gobierno. Pero lo más inquietante del primer choque entre el Poder Ejecutivo y el Judicial es la reacción del Gobierno, defendiendo la libertad de expresión de su vicepresidente pidiendo renovación de los cargos del Consejo.

La negociación por los cargos del Consejo puede marcar un cambio de relación de fuerzas si el PP persiste en no querer pactar con el PSOE y Vox aprovecha la jugada. La extrema derecha quiere participar para ganar perfil institucional. Y, de paso, debilitar la influencia del PP. En este segundo objetivo, seguro que Sánchez le echa una mano.

La fiscal y Villarejo

La segunda distorsión ha venido de la mano de Dolores Delgado, elegida por Sáchez como Fiscal General del Estado y admitida por Iglesias (gobierno de varias voces con una misma palabra) que ha pasado de exigir su retirada de la política, por sus amistades con gente de las “cloacas del Estado», a defender su idoneidad para el cargo.

Reprobada en tres ocasiones por el Congreso, su candidatura ha provocado reacciones contrarias no unánimes pero sí mayoritarias en el mundo de la judicatura. No se cuestiona su ideología. Javier Moscoso también pasó del Ministerio de la Presidencia a la Fiscalía General del Estado y no se organizó tanto revuelo. Pero Delgado no da la imagen de independencia que necesita el Ministerio Público.

Pedro Sánchez sigue avanzando hacia el poder absoluto

Además de sus desafortunadas conversaciones con el comisario Villarejo, se la conoce por su intervención en el procés. Cesó a Edmundo Bal de la Abogacía del Estado cuando no quiso someterse a la rebaja de la tipificación del delito de rebelión por sedición.

Si al abogado de Puigdemont le ha gustado esta elección, mayor motivo de preocupación para quienes defienden el respeto a la ley por encima de los intereses políticos. Sánchez sigue avanzando, con su minoría, hacia el poder absoluto.