Las mascarillas del iceberg

Lo que han llegado a dar de sí, políticamente, millón y medio de mascarillas traídas de China a Madrid por vericuetos que la Fiscalía Anticorrupción sigue investigando, aunque en Génova hayan decidido dar carpetazo. Aviso a navegantes: lo que sigue no es un artículo sobre el enfrentamiento entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. Es sobre la otra cuestión de fondo. A saber: ¿Cuántos agujeros negros esconde la gestión de la Sanidad pública en España?

Así como de pasada se ha mencionado estos días que el famoso y polémico contrato en virtud del cual un hermano de la presidenta de Madrid ganó dinero comprando y vendiendo mascarillas al principio de la pandemia, puede ser sólo la punta del iceberg. Un iceberg inmenso. La pandemia apretó las tuercas a muchos, que no podían ir a trabajar ni salir de casa, pero en cambio aflojó las decisiones de otros. La práctica totalidad de las Administraciones se lanzó a adjudicar contratos con una libertad inusitada, sin concurso público y sin rendir cuentas a nadie. ¿Se ha abierto o se va a abrir la veda con lo del hermano de Ayuso? ¿Cuántos más hermanos de Ayuso puede haber en toda España, Cataluña incluida?

Desde el principio hubo graves sombras de sospecha, de las que con el tiempo se fue dejando de hablar -que no es exactamente lo mismo que disiparlas…- sobre algunos contratos no muy afortunados que el ministerio de Sanidad de Salvador Illa firmó con ciertos proveedores que resultaron ser un fiasco. La verdad es que cuando escuchas a Illa defender la gestión de la pandemia de su homóloga catalana, la exconsellera Alba Vergés, se te ponen algunos pelos de punta. Como cuando ves al PSC votar junto con ERC y Junts para vetar una investigación verdaderamente a fondo de lo sucedido en las residencias de mayores donde la Covid dejó un pavoroso rastro de 9.000 muertos.

Seguimos. Sin duda la gestión de una Sanidad pública infrafinanciada pero con costes crecientes, disparados además por la calamidad y la mala suerte, constituye un reto para cualquiera. Pero siempre hay quien ve en toda crisis una oportunidad. Igual que la población aceptó masivamente y sin rechistar, por lo menos al principio, unas restricciones asombrosas, también llama la atención la falta de sentido crítico, de escrutinio serio, de cómo y en qué se gastan nuestros impuestos los gestores sanitarios.

A mí por lo menos se me acumulan las inquietantes preguntas sin respuesta. Por ejemplo: ¿seguro que la vacuna de Hipra va a salir bien? ¿En qué se basa el gobierno para volcar ahí el enorme dineral que ha volcado y sigue volcando? ¿Tienen alguna base ciertos rumores de que las vacunas podrían llegar a ser, andado el tiempo, el nuevo 3 per cent?

Y no sólo las de la Covid. ¿Qué pasa con las de la gripe? ¿Por qué la Generalitat adquirió para la campaña de vacunación 2021-2022 un total de 720.000 dosis de vacunas antigripales de inmunogenicidad aumentada, las específicamente recomendadas para mayores de 65 años y pacientes institucionalizados, y para la campaña de 2022-2023 sólo ha adquirido 450.000 dosis para el mismo segmento de población? ¿Qué van a hacer si se quedan cortos?

Más cosas. Me cuenta la esposa de un enfermo de ELA que la Sanidad catalana les entregó un “vale” por 3.100 euros para comprar una silla de ruedas. Llegados al proveedor, les dicen que el precio de la silla era poco más de 1.000 euros. Ya se hacían ilusiones de poder emplear los más de 2.000 euros de diferencia en otros equipos sanitarios, cuando el proveedor va y matiza: “No, 1.000 euros son si traéis el dinero en mano, si lo pagáis con el bono de la Sanidad pública, la silla vale exactamente 3.100 euros«.

¿Cómo y por qué? ¿Es legal eso? Si lo es: ¿se debe a que la Administración paga tarde y mal y eso se compensa con sobrecostes tan abultados? ¿Hay proveedores privados con bula para facturar más de lo normal a la Sanidad pública? Si alguien tiene más teorías, que las exponga sin dilación, por favor.

Hace tiempo que los expertos se quejan de una alarmantísima falta de control y de transparencia en la gestión sanitaria

Seguimos. El tema de las incapacidades de los enfermos, de ELA y de otras cosas. La prestación sale de la caja única de la Seguridad Social, pero la Sanidad catalana es la que controla los mecanismos de determinación de incapacidad que dan derecho a cobrar más, menos o nada. ¿Es posible que ese servicio esté licitado, es decir, subcontratado a empresas privadas, y que alguna figure a nombre de Xavier Vendrell, investigado en el marco de la Operación Volhov?

Hasta aquí las preguntas. Muchas de ellas están siguiendo su lento, tortuoso pero al fin inexorable curso parlamentario. Esto es como las contrataciones de TV3: contra el vicio de no querer responder, existe la virtud de volver a preguntar una y otra vez. Infatigablemente.

Hace tiempo que los expertos se quejan, se nos quejan, de una alarmantísima falta de control y de transparencia en la gestión sanitaria. Esto podría haber alcanzado cotas estratosféricas de descontrol al calor de la alarma y hasta el pánico social suscitados por la Covid. Mira que si con las mascarillas de Madrid se ha abierto la veda de algo más que del futuro de determinados dirigentes políticos…