Con el sigilo y la facilidad con que una partida de los ceros que sea se mueve en un programa de contabilidad de un concepto a otro, cuatro altos directivos de Caixa Penedès decidieron en plena crisis darse una alegría y blindarse el futuro, que no están los tiempos para bobadas.
Su presidente y anterior director general, Ricard Pagès, se pilló 11 millones de euros (recordemos que esta cifra son más o menos 1.830 millones de pesetas) y los nueve restantes se los han adjudicado el actual director general, Manuel Troyano, y dos antiguos directivos que ya no están en la caja: Joan Caellas, el breve, pues llegó a ser director general pero topó enseguida con los actuales rectores de BMN y fue cesado, y Jaume Jorba, exdirector de recursos humanos, que al menos demostró una cierta competencia en gestionar los propios. A Troyano, por cierto, le pusieron un sueldo de 500.000 euros para dirigir una caja cuya única función era gestionar la Obra Social con otros diez trabajadores.
Contra lo que muchos hubieran pensado, el escándalo ha llegado también al oasis. En esta especie de tierra prometida, si hemos de creer algunos discursos, la inmoralidad y la perversión también existe, porque no se puede calificar de otra manera una decisión que en propias palabras del actual consejo de Caixa Penedès es equivocada en el contenido y se apoya en una falta de transparencia, excepcionalidad y desproporción inadmisibles.
Aquí está la raíz del problema. ¿Cómo es posible que el comité de remuneraciones pudiera tomar una decisión de ese calibre al margen del consejo de administración, que hoy reconoce que desconocía absolutamente ese tema? ¿De qué hablaban en los consejos, qué preguntas hacían los consejeros, cómo se analizaban los informes que el presidente debía presentar? Nadie sabe ni contesta. Ni siquiera aquellos que tenían la potestad de tutelar unas instituciones cuyo objeto era social.
De las tres graves acusaciones que ha hecho el consejo de Caixa Penedès que forzó la dimisión de Pagès y Troyano, esperemos que la excepcionalidad sea realmente así y no haya otros casos similares. Sobre la desproporción sólo puede entenderse que se produce en la medida en que los personajes que dan ese pelotazo están convencidos de su impunidad y de la inutilidad y negligencia de los órganos que en teoría les han de controlar.
En cuanto a la falta de transparencia, no es un problema estrictamente suyo. En realidad, es uno de los principales déficits que presentan nuestras actuales administraciones públicas y, en consonancia, la mayoría de organismos públicos, semipúblicos o privados que están en su órbita. Falta de transparencia asumida y falta de voluntad política para que las innumerables leyes con las que se ha dotado este país se cumplan tal cual. Si algún día se pudiesen publicar las actas reales de lo que han sido los consejos de administración, en general, de las cajas, los productores de cine españoles tendrían seguramente material para muchas horas de película.
