Quizás dando por supuesto que el personal es tonto de remate, hemos arrancado la pre-campaña de las generales enredados en cuestiones venezolanas. Tal parece que se haya convocado a los españoles a elegir el próximo 26 de junio un nuevo parlamento o un nuevo presidente en Caracas. En el colmo de los despropósitos –o, más bien, de la cara dura– Rajoy ha llegado a convocar nada menos que la Junta de Seguridad Nacional ¿para tratar qué? Pues el evidente peligro de que Venezuela nos invada con un desembarco masivo en la ría de Arousa o con una legión de drones dirigidos por el radicalismo chavista para torpedear los cimientos de nuestra economía.
A un servidor, veterano ya en la observación de la política española, no le duelen prendas en reconocer el éxito de los estrategas del Partido Popular. Están marcando la agenda política a su antojo. Cierto que cuentan con poderosos apoyos mediáticos, pero lo consiguen. Mientras se da vueltas al peligro venezolano y se discute si los debates políticos deben ser a dos/tres/cuatro, no se habla de lo que de verdad importa. Es meritorio que con un PP empapado de corrupción hasta las cachas en Madrid o Valencia, por ejemplo, se consiga distraer la atención, con gran aparato eléctrico, para discutir sobre los donativos caribeños a Podemos. Vaya cara.
Porque, con este panorama social, con tres millones de españoles expulsados de la clase media, un 30% de la población en riesgo de exclusión y la mitad de la juventud en paro y sin expectativas, ofende la inteligencia que el centro de la agenda política no sea cómo se afronta la delicada situación social, económica y laboral.
Estos días se ha descubierto un doble juego del gabinete de Rajoy. Mientras en público niega más recortes, a Bruselas le promete por carta abordarlos en el segundo semestre del año (dando por hecho, imprudentemente, que será el PP quien forme gobierno).
Partidos y coaliciones deben explicarle al personal votante dónde va a recortar 2.500 millones este año y 5.000 el que viene, tal como «recomendó» Bruselas hace unos días al repasar el «stability programme of Spain». Porque, entre otras cosas, el documento de la Comisión Europea (fechado el 18 de mayo) apunta a los presupuestos de las comunidades autónomas. Esto es, educación y sanidad, que forman el grueso de esos presupuestos.
Tampoco estaría de más que se aclare de qué peto tiraremos para pagar los 2.000 euros de sanción por incumplimiento del déficit en 2015 (¡Dios mío, Rajoy, por qué te han abandonado!). O que se explique sin tapujos cómo se compensan los 2.500 millones de costes financieros añadidos que, según un estudio del BBVA, conlleva el crecimiento de la deuda pública también por encima de lo previsto.
Y si los grandes sindicatos (avalados por 700.000 firmas) proponen de nuevo un plan de renta mínima, con nada menos que seis millones de posibles beneficiarios, la ocasión la pintan calva para entrar a fondo en un asunto muy grave que merece estar en primera línea de debate.
Rajoy puede dedicarse a tocar la lira, pero hay materia para debatir en serio los muy acuciantes problemas de los españoles, que no pasan precisamente por Venezuela.
