En unas semanas, Joan Laporta, ex presidente del Barça, deberá presentarse ante el juez acompañado de algunos de sus últimos compañeros de junta del més que un club. El motivo: un presunto delito contra la vigente ley del deporte que obliga a los directivos a avalar las pérdidas que se producen en los ejercicios bajo su mandato.
El agujero, según las últimas estimaciones realizadas por la junta que preside actualmente Sandro Rosell en base a los resultados de una exhaustiva auditoría, estaría en torno a los 46 millones de euros. Lo abultado de esas pérdidas, las dudas más que razonables sobre el criterio que tenía Laporta para separar sus gastos personales de los del club y lo jactancioso, a veces hortera, de su comportamiento empujaron al club a acogerse precisamente a una de las figuras que la ley contempla para hacer frente a desvaríos semejantes y la última asamblea de compromisarios pidió a la junta de Rosell que ejerciera la acción social contra su ex presidente.
No será la última vez que el independentista ex presidente blaugrana deba enfrentarse a los tribunales. Como mínimo hay otra cita en su agenda. En esta ocasión será para responder a las acusaciones de un intermediario acerca de unas cuantiosas comisiones que no tuvieron ni el destino ni el reparto esperado con motivo de unas gestiones en Uzbekistán.
Ya no vinculadas directamente a la gestión de Laporta, el Barça tiene también en manos de su asesoría jurídica algunos temas importantes aún por cerrar, la mayoría vinculados, lógicamente, a la etapa anterior, como el contencioso por los derechos televisivos, por poner un ejemplo.
Pues bien, con todos esos asuntos sobre la mesa, la actual junta directiva del Barça no llevará a la asamblea de socios compromisarios convocada para el próximo domingo ningún informe sobre su gestión en este campo, a pesar de que su vicepresidente del área social, Jordi Cardoner, defina esta convocatoria como “el acto social más importante del club”. Todo para los socios, pero sin los socios, al menos en las cuestiones más espinosas, porque los socios del Barça decidirán, eso sí, sobre el acuerdo de patrocinio con Qatar, la prohibición de fumar en el Camp Nou y la propuesta de formar una grada joven de animación.
Por estos temas, la actuación de la junta directiva que preside Rosell está empezando a ser calificada, incluso por personas próximas al mandamás blaugrana, de excesivamente tibia, una actuación que respondería con bastante exactitud al cliché que con tanto acierto describía ayer Xavier Salvador en esta misma apertura, una actitud orientada a taparnos las vergüenzas y a que los pecadillos que se supone que todos cometemos, aunque los de algunos sean mucho más graves, los guardemos entre nosotros con la máxima discreción. La historia reciente de Catalunya está repleta de casos así. En ese país imaginario con el que todos debemos comulgar el pecado se lava con el tiempo y la situación se normaliza con facilidad en los restaurantes que todos conocemos.
Laporta está acusado de delitos y faltas bastante escandalosos, casi tanto como algunos de sus comportamientos. Pero eso no le ha impedido tener una cierta carrera política, tan errática, eso sí, como su trayectoria pública. Es curioso como un personaje con estas hechuras acaba encontrando siempre acomodo aún cuando da la sensación de que ha quemado hasta el último cartucho que le quedaba en la faltriquera. Diputado en el parlamento catalán, expulsado a los pocos meses del partido que le proporcionó el escaño, Laporta aún sumaría a sus cargos políticos el de concejal por Barcelona en las últimas elecciones municipales gracias a la necesidad y falta de rigor de Jordi Portabella, el líder local de ERC. Todo ello envuelto convenientemente en la bandera independentista.
Ciertamente, el caso Laporta no es una categoría exclusiva catalana. Mario Conde, ex presidente de Banesto y en su tiempo figura idolatrada en el panorama financiero español, condenado a seis años de prisión en 1997 por el caso ‘Argentia Trust’ y el 31 de marzo de 2001 a 14 años por estafa y apropiación indebida en el caso ‘Banesto’, es hoy un reputado comentarista político en Intereconomía, una posición que le ha llevado a plantearse la creación de un partido político, el Partido de la Sociedad Civil, una denominación que no sé si le costará demanda de royalties de parte de alguna institución catalana. Conde, por cierto, invitado de honor hace un año al prestigioso Círculo Ecuestre, bajo la batuta de Borja García-Nieto.
Ni Laporta ni Conde han inventado tampoco nada. Antes que ellos, menos ilustrado, pero tal vez más astuto en el cuerpo a cuerpo, Jesús Gil y Gil llegó a tener un interesante batallón de concejales por los pueblos más sensibles a la corrupción urbanística de Andalucía. Y José María Ruiz Mateos llegó a ser eurodiputado y consiguió aún una mayor hazaña, la de rehacer su imperio con los mismos viejos métodos, lo que un buen número de ahorradores aún estarán lamentando. La verdad es que no nos costaría mucho encontrar, quizá con menos fama a sus espaldas, cargos electos con cuentas pendientes en los tribunales, algunas de ellas ya juzgadas en primera instancia.
Lo que quizá valga la pena que nos preguntemos es cuáles son los mecanismos que permiten en nuestra sociedad que proliferen este tipo de situaciones. Sería un buen ejercicio democrático. Por apuntar en una dirección seguramente no equivocada habría que señalar la tibieza, la excesiva indiferencia de nuestras instituciones hacia este tipo de comportamientos cuando menos amorales en un sentido amplio. Vivimos en país donde resulta mucho más fácil hacer una ley que exigir su cumplimiento, profuso en las normas y absolutamente laxos en su aceptación, una república de tibios bajo las formas de una monarquía.
