La sociedad desarmada

Si la sociedad vasca hubiera acabado con ETA, tal y como insisten algunos, este fin de semana no tendría lugar ningún homenaje al preso de la organización terrorista Henri Parot. No se celebraría este acto ni se hubiese celebrado ningún otro. Pero desgraciadamente no es así. La sociedad vasca, por más que deseara la paz, no fue el agente que acabó con la violencia etarra. Fue la ley y su aplicación a través de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la que llevó a ETA y a sus fuerzas auxiliares a dejar de lado su estrategia de violencia.

Hace unos días se ha producido el triste fallecimiento de Joseba Arregui. Un intelectual que prefirió ser fiel a la ética de sus ideas que vivir cómodamente bajo el paraguas protector del nacionalismo que en el País Vasco es dominante. Y pudo hacerlo porque fue consejero del Gobierno por el PNV y portavoz del mismo ejecutivo.

Un hombre de tradición nacionalista que, sin embargo, no renunció a la convicción de que las víctimas del terrorismo etarra debían contar con el reconocimiento de la sociedad en tanto que adquirían una dimensión pública y política. ETA, insistía Arregui, asesinó a cerca de 900 personas porque su proyecto totalitario así se lo exigía.

El caso de Joseba Arregui no tiene muchos precedentes en el País Vasco. Ya se encarga el PNV de que así sea. Cualquier disidencia se paga cara. Y a Arregui se le colocó entre los traidores. Pero como han dicho algunos que le conocieron bien, Joseba prefirió ser un traidor antes que traicionarse a sí mismo.

Resistió la soledad y los ataques políticos gracias a su formación intelectual y su profunda fe religiosa. Sus artículos fueron luz en las sombras de una sociedad, la vasca, que en buena parte prefirió mirar para otro lado: “Bien haría en mirarse al espejo y preguntarse dónde he estado yo cuando todo esto ocurría”, llegó a decir en una entrevista.

Sus duras críticas hacia el nacionalismo, en el que fue destacado militante, no gustaron nada. La postura del PNV, siempre con un pero antes de condenar el terrorismo etarra, quedó definida en una de las frases más lapidarias de Joseba Arregui: “El nacionalismo ha pasado de gobernar como si ETA no existiera a hacerlo como si nunca hubiera existido”.

Y la misma semana en que Joseba Arregui nos dejaba, una sociedad desarmada desde distintos estamentos asume ahora con vergüenza, o indiferencia en el mejor de los casos, un acto de homenaje a un etarra, Henri Parot, autor del asesinato de 39 personas. Como si el destino quisiera hacer una pirueta macabra a cuanto Arregui ha venido denunciando en los últimos años.

Porque solo unos pocos, otra vez, han alzado la voz contra un acto que no debería celebrarse, por más que la Audiencia Nacional diga que no ha lugar a prohibir ese homenaje. El titular del juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, asegura que no concurren en este momento “los elementos necesarios” como para un veto cautelar. “No concurren indicios de delito de humillación a las víctimas y no se puede cercenar el derecho de reunión con carácter preventivo”.

Existen, sin embargo, leyes en favor de las víctimas. Leyes aprobadas por el Parlamento vasco y las Cortes Generales que instan a los poderes públicos a que eviten actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares. Y la Audiencia Nacional deja también claro que es la Administración quien, por medio de las Fuerzas de Seguridad, debe velar por los requisitos constitucionales en el derecho de reunión.

El «derecho· de unos, la humillación de otros

Pero parece claro que tanto el Gobierno de Iñigo Urkullu como la delegación del Gobierno van a actuar, una vez más, como si ETA nunca hubiera existido. La no prohibición de la Audiencia Nacional es la excusa para no adoptar ninguna medida. A pesar de que la petición de prohibición venía del hijo de una de las víctimas que entiende, en buena lógica, que la mera celebración de un acto de homenaje al etarra que asesinó a su familiar es una humillación en sí misma.

Pensemos en cuál seria la reacción de las familias de asesinados en otras circunstancias, cercanas o remotas en el tiempo, si se homenajeara a sus verdugos.

Como dice Carlos Urquijo, quien fuera delegado del Gobierno en el País Vasco de 2012 a 2016, “el blanqueamiento institucional que cada día otorgan ambos gobiernos a los herederos de ETA, causa tanto daño a nuestra democracia como los homenajes a etarras a las víctimas del terrorismo”.