La revuelta autonómica
Frente a la España de los sacrificios que pide el gobierno central a los ciudadanos, las autonomías proponen la España de las oportunidades y beneficios
La España autonómica fue el resultado de asumir, desde el Estado español, que era necesario fundar la nueva etapa democrática sobre la base de la descentralización territorial. Visto desde una orientación federalista, se trataba de descentralizar el poder del centro político hacia las autonomías. El proceso se realizó desde el centro, constituyendo la nueva identidad del Estado español, para constituir las partes y no al revés.
Han tenido que pasar cuarenta y cuatro años para que una revuelta autonómica oportunista, basada en ofrecer rebajas fiscales, impulsada desde el PP en Madrid, Andalucía, Castilla y León, Murcia y Galicia, a las que hay sumar la Comunidad valenciana, Castilla-La Mancha, Aragón, Canarias y Navarra gobernadas por el PSOE, para que el Gobierno Español se vea obligado a tener que asumir que ahora son las partes, las autonomías, las que dictan la política al gobierno central.
Lo relevante de esta revuelta autonómica contra los criterios que se marcaban desde el gobierno central y Europa no solo ha sido motivada por la coyuntura política, a pocos meses de elecciones municipales y autonómicas, sino también son consecuencia de la toma de conciencia, desde las autonomías, de que la supervivencia política de sus líderes radica en impulsar medidas económicas que sean atractivas para sus ciudadanos en estos momentos de crisis económica.
Frente a la España de los sacrificios que pide el gobierno central a los ciudadanos, las autonomías proponen la España de las oportunidades y beneficios. Más allá del debate sobre qué segmento de la población se beneficia de las rebajas fiscales, la revuelta autonómica ofrece la posibilidad de reconducir el futuro de la política española, eliminando el oportunismo político y avanzando hacia un nuevo modelo de corresponsabilidad y gobernanza política.
La revuelta establece un precedente inesperado que debería obligar a los partidos políticos a primar y dar más notoriedad al Senado, entendido como cámara autonómica desde la que poder plantear una reforma de la Constitución que definirá España desde las partes que la constituyen y no desde el centro.
