La Renta Básica Universal catalana, ni básica ni universal

La crisis socioeconómica ha impulsado nuevamente el debate público sobre la conveniencia de una Renta Básica Universal (RBU). En este contexto, la Generalitat de Catalunya creó, en junio de 2021, la Oficina por el Plan Piloto de la Renta Básica Universal, que depende del Departamento de la Presidencia. Esta semana finalmente conocíamos los detalles de la implementación de la prueba piloto. 

La propuesta es la concreción del acuerdo firmado en su momento entre ERC y CUP para asegurar el voto de los segundos en la investidura de Pere Aragonés. Supone una moderación muy considerable respecto de la propuesta programática original de la CUP en las elecciones autonómicas del pasado mes de febrero, donde se comprometían a hacer efectiva una RBU de 735 euros mensuales por cada adulto y 150 euros por cada menor de edad, financiada con un tipo único del 49% en el IRPF.

Es evidente que con los recursos fiscales y la capacidad normativa actuales, la Generalitat no puede implementar una auténtica RBU en Cataluña, y mucho menos al nivel definido por la CUP. En consecuencia, la propuesta definida por la Generalitat es una prueba piloto experimental en un grupo reducido de receptores.  

Primero, cabe clarificar algunos conceptos. Una Renta Básica Universal − no confundir con propuestas de rentas mínimas sólo para la población con ingresos insuficientes, como la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) catalana o el Ingreso Mínimo Vital (IMV) estatal − es una prestación monetaria individual e incondicional pagada periódicamente, referida al umbral de pobreza, para todos los ciudadanos, con independencia de sus condiciones personales.

Hasta ahora, se ha aplicado únicamente en estados con rentas del petróleo como Alaska o Irán. En Europa, en Finlandia se efectuó un experimento con 2.000 personas, del cual se dedujo ausencia de efectos en materia de ocupación y mejora de salud psicológica, aunque sin poder establecer una relación causa-efecto. No se ha continuado el proyecto. 

En Cataluña según informan los medios (no he podido acceder a ningún informe oficial con el diseño detallado), la prueba piloto se dirige a 5000 catalanes adultos que recibirán, durante dos años, 800 euros al mes, y 300 por cada menor de edad a su cargo. De los 5000 seleccionados, 2500 personas se escogerán de forma aleatoria. Las otras 2500 personas serán vecinos de dos pueblos de entre 1200 y 1400 habitantes de dos provincias distintas, aún por anunciar.

Los pueblos tendrán características similares a la media catalana en cuanto a tasa de paro, renta media, índices de desigualdad, etc. El proyecto está pendiente ahora de que se aprueben los 40 millones anuales que necesita para anunciar los beneficiarios e implantar la medida a partir del 2023. 

Considerando que la medida impulsada por el Gobierno de Pere Aragonés es un experimento controlado con una muestra pequeña, la pregunta obvia, desde un punto de vista científico, es qué información o evidencia adicional permite obtener además de la que ya han proporcionado los pilotos realizados en Barcelona (B-MINCOME) y en otros países como Finlandia.  

Los pilotos que se han realizado ya han mostrado que la incondicionalidad de la prestación respecto de contraprestaciones e itinerarios laborales o formativos tiene un efecto positivo en la salud física y mental de los beneficiarios, pero puede reducir la cantidad y calidad del trabajo (Ivàlua, 2021). 

El efecto de la compatibilidad de la prestación con los ingresos salariales, por otra parte, podría ser perfectamente evaluado a partir de políticas reales ya implementadas en España (como el Ingreso Mínimo Vital o la Renta de Garantía de Ingresos vasca) o en otros países. No es necesario, pues, un piloto adicional para estudiar este elemento. 

El carácter individual de la RBU (que podría afectar a las estrategias de convivencia y formación de hogares) ha sido ya testado por algunos de los pilotos mencionados y los famosos experimentos de impuesto negativo en Estados Unidos hace décadas.  

El reto pendiente, por tanto, es estudiar los efectos de la universalidad de la RBU. El problema es que un piloto no puede cumplir esta función. Una renta básica ‘universal’, como tal, no puede por definición ‘experimentarse’, dado que las pruebas piloto consisten en seleccionar una muestra de población a la que se le aplica un tratamiento. Lo que sí podría haber hecho la Generalitat es escoger una franja de edad y estudiar la RBU en ese grupo poblacional. Sin embargo, leyendo el diseño del plan piloto, quedan exentos del mismo, las personas que ingresan más de 45.000 euros brutos al año o aquellas que pagan el impuesto de patrimonio. No se trata, pues, en ningún caso, de una renta universal. 

Lo mismo ocurre con otro de los rasgos definitorios de la renta básica: su duración indefinida. Por fuerza, cualquier experimento tendrá una duración determinada, y el conocimiento de esta puede sin duda afectar a la conducta de los beneficiarios. Por lo tanto, un piloto no podrá responder a cuestiones clave como el efecto de la RBU en la masa salarial y las horas trabajadas a largo plazo, su sostenibilidad fiscal en términos dinámicos, sus efectos macroeconómicos o el impacto en la inflación. Los efectos agregados, dinámicos y a gran escala son imposibles de evaluar con muestras tan pequeñas y en un periodo de solo dos años.  

Otro elemento interesante que a menudo esgrimen los defensores de la RBU es que estas prestaciones pueden ahorrar costes administrativos en los servicios de empleo y sociales. Se habla, asimismo, de simplificar el mapa de prestaciones e ir a un Estado del bienestar más pequeño y barato. Sin embargo, la prueba piloto catalana no suprime ninguna de las transferencias existentes, por lo que resulta imposible evaluar esta característica. 

La Renta Básica Universal catalana no es ni básica ni universal y poco nos podrá informar sobre el potencial impacto de esta medida. En Cataluña, existe hoy un amplio margen para implementar medidas viables que mejoren la eficiencia y la utilidad de las prestaciones sociales: compatibilizar prestaciones como la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) con el salario para evitar la trampa de la pobreza y combatir la pobreza laboral; mejorar su integración con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) estatal; eliminar condiciones de activación; o introducir estrategias conductuales para reducir el estigma y el non take-up (cuando los posibles beneficiarios no solicitan la prestación).

Todo ello nos acercaría a algunos rasgos de la Renta Básica sin incurrir en su prohibitivo coste económico, posibilitando al mismo tiempo una evaluación rigurosa en el campo de las políticas reales, que al fin y al cabo es la responsabilidad de nuestros políticos.