La reforma de los sistemas de pensiones: ¿Dónde se sitúa España?

Uno de los problemas estructurales común a todas las economías desarrolladas es el de la sostenibilidad del sistema de pensiones. La sostenibilidad se puede definir de muchas maneras, pero la idea básica es que un sistema es sostenible cuando puede mantener a largo plazo el nivel deseado de las pensiones.

Existen dos tipos de variables que determinan la sostenibilidad del sistema. Un primer tipo tiene que ver con la demografía, como las tasas de natalidad, la esperanza de vida y el crecimiento de la población, natural o por inmigración. Un segundo tipo se refiere a las políticas aplicadas respecto a las pensiones y a los indicadores de empleo a largo plazo.

Los países con poblaciones relativamente más jóvenes suelen estar en una mejor situación respecto a la sostenibilidad del sistema, y los que tienen un sistema pay as you go suelen estar en una peor situación que los que poseen sistemas actuariales.
Los sistemas de pensiones suelen ser de dos tipos. O bien un Estado gestiona el sistema financiándolo con contribuciones sociales o impuestos, en el que la población empleada paga las pensiones de los jubilados (pay as you go), o bien los individuos construyen su propia pensión aportando una parte de su salario y recibiendo una suma o una anualidad al jubilarse (sistemas actuariales).

Esto último es lo que se conoce como planes de pensiones “privados”, aunque también pueden ser gestionados por el Estado, como por ejemplo en el caso sueco, en el que una parte de la pensión pública es estrictamente proporcional a su aportación individual.

En España el sistema es primordialmente público, financiado en su mayor parte por cotizaciones sociales, y los planes de pensiones privados son voluntarios y juegan un papel secundario. Éste es el caso también en casi todos los países europeos, que se dividen entre países que financian sus pensiones con contribuciones sociales (España, Francia, Alemania, Italia…) y los que lo hacen con impuestos (los países nórdicos).

Ante las bajas y decrecientes tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida, y el efecto agregado de estos dos factores, el envejecimiento de la población y la presión que una proporción cada vez mayor de jubilados ejerce sobre la población activa (medida por la tasa de dependencia de la población mayor de 65 años respecto a la población entre 20 y 64 años, por ejemplo), los países europeos han puesto en práctica en los últimos años diversas medidas para intentar paliar el problema.

Así, Holanda ha establecido una pensión financiada con impuestos y no con contribuciones, y el Reino Unido una pensión contributiva con objeto de reducir los niveles de pobreza. Suecia, el país que más ha experimentado con su sistema de pensiones para hacerlo más sostenible, ha puesto en marcha un sistema de contribución definida nocional (imita a una pensión puramente privada, pero es gestionada por el Estado con criterios actuariales) y la obligación de que los trabajadores destinen una parte de sus salarios a la contratación de planes de pensiones privados individuales, o bien por sectores o empresas.

En Suecia -también en Italia- las pensiones son ahora más proporcionales a las cotizaciones de cada individuo, en lugar de garantizar una determinada cantidad a todos. Francia y Austria han seguido el mismo camino, vincular las pensiones a las contribuciones. En Francia se ha extendido el número de años que se debe trabajar para acceder a la pensión, y en ambos ha aumentado también el periodo que se toma para referencia para calcularla. Todos los países mencionados, además, van en camino de abolir los incentivos para la jubilación anticipada.

Otro elemento que juega un papel en la ecuación de la sostenibilidad es la inmigración. Según los partidarios de abrir las fronteras para paliar el problema de las pensiones, los inmigrantes pasan a formar parte de la población activa del país que los acoge, contribuyendo a financiar las pensiones de los jubilados. Además, tienen más hijos que los ciudadanos nacidos en el país, así que ayudarán a paliar el envejecimiento de la población. Por tanto, solucionar el problema de la financiación de las pensiones, y del Estado de bienestar en general, pasaría por admitir a tantos inmigrantes como fuera necesario.

Sin embargo, y dejando de lado los problemas sociales que a corto plazo puede generar la inmigración masiva, este razonamiento hace aguas por tres razones: al menos en Europa, una mayoría de inmigrantes posee una baja cualificación, por lo que se integran en los segmentos del mercado de trabajo peor remunerados y que van a aportar menos al sistema en términos de cotizaciones; su mayor tasa de fertilidad sólo se mantiene en la primera generación, porque a medio plazo converge con la de la población autóctona; y los inmigrantes también se jubilan, con lo que a partir de los 65 años contribuirán a agravar el mismo problema que se suponía iban a resolver.

La inmigración puede ser deseable por varios motivos, pero no es la panacea para resolver los problemas de las pensiones.

¿Cuál es el lugar de España en este panorama? El futuro no pinta nada bien, y así ha sido reconocido por parte de políticos y expertos ,y desde las primeras reuniones de los agentes sociales que culminaron en el Pacto de Toledo por la sostenibilidad del sistema.

Por un lado, la demografía juega en contra. España tiene una de las esperanzas de vida al nacer más elevadas del mundo, 84.2 años en 2020, igual que Italia o Suecia, y por encima del resto de países europeos (éste y siguientes datos provienen de Eurostat). La proporción de personas de más de 65 años era del 19.6 por cien en 2020, entre uno y tres puntos mas baja que las de otros países europeos, pero ha aumentado rápidamente en las últimas décadas, haciendo que la tasa de dependencia (mayores de 65 años en relación a la población activa) aumente rápidamente también.

En lugar de incentivar los planes privados de jubilación, como hace la mayoría de los países, el gobierno ha venido retirando los incentivos cada año

Su tasa de fertilidad es la menor de la unión Europea (1.23 hijos por mujer en 2019, muy lejos de la tasa de reemplazo poblacional, estimada en 2.1). La tasa de fertilidad es muy sensible, además, a las condiciones económicas, que en España han sido particularmente desfavorables desde 2008, por lo que no debemos esperar ninguna mejora de este indicador a corto plazo.

 Respecto a la inmigración, todo lo dicho más arriba se aplica a España, que atrae a inmigrantes poco cualificados, y cuyas tasas de fertilidad tienden a converger con la media española. Además, debido a las sucesivas crisis económicas, España se ha convertido en un destino poco deseable para la inmigración, en particular la más cualificada. Poco podemos esperar a corto y medio plazo de la inmigración como factor que contribuya a sostener las pensiones.

Por último están las medidas tomadas para reforzar el sistema. Aquí nos estamos alejando de las tendencias europeas expuestas más arriba. No se han tomado medidas relevantes para desincentivar las jubilaciones anticipadas, y la extensión de la edad de jubilación ha encontrado resistencias formidables en los sindicatos y en la actual coalición gubernamental.

En lugar de incentivar los planes privados de jubilación, como hace la mayoría de los países, el gobierno ha venido retirando los incentivos cada año. Y ya no hablemos de obligar a que los trabajadores destinen una parte de los ingresos a su contratación, anatema absoluto en España.

Otro elemento importante es el empleo. Con las peores cifras de empleo de Europa, este factor no hace sino agravar el problema, sin que se vea cuándo se puede alcanzar una cifra de ocupación -especialmente de ocupación juvenil, una verdadera lacra- que pudiera contribuir a paliarlo.

¿Cuál ha sido la principal medida del gobierno respecto a las pensiones? Aumentar las cotizaciones sociales a los empresarios, considerando que esto apuntala la sostenibilidad del sistema. ¿En qué ayuda esta medida coyuntural a paliar los problemas estructurales descritos, y más graves en el caso de España? A largo plazo en nada, a no ser que se esté pensando en un incremento continuado de las cotizaciones sociales, que sería letal para el empleo.

¿Ha planteado el gobierno otras medidas para hacer más proporcionales las pensiones a las contribuciones? ¿Se contempla la introducción de elementos adicionales en el sistema, como una capa de contribuciones definidas nocionales y otra privada, aunque su peso sea relativamente pequeño? ¿Se trabaja para lograr radical reducción del desempleo a corto plazo? ¿Cuáles son los planes del gobierno para incentivar la natalidad? ¿Se está pensando en introducir ayudas a las familias comparables a las de la mayoría de los países europeos?

No sólo las condiciones demográficas y económicas de partida no eran buenas a la hora de plantear políticas para aumentar la sostenibilidad de las pensiones en España, sino que el gobierno actual -para ser justos, tampoco los gobiernos anteriores hicieron una labor meritoria-, que aparentemente considera un pecado político experimentar con medidas que se alejen de una trasnochada ortodoxia de izquierdas (disculpen el cliché, pero es real: lo privado es malo, sólo lo público es bueno, todo se arregla subiendo los impuestos, etcétera), parece no tomarse en serio el que quizá sea el principal problema de nuestro Estado de bienestar. Sin un cambio de rumbo radical, en la línea de lo que están logrando otros países europeos, lo único que podemos esperar es que el problema se agrave en los próximos años.