Tras el estallido de la crisis financiera mundial, cuando el planeta se dio cuenta que Lehman Brothers había sucumbido a la voracidad bancaria, que los mercados estaban repletos de hipotecas subprime y otros productos de dudosa o nula validez, el mundo parecía conjurarse para arreglar las cosas y evitar una gran depresión económica como otras que la historia nos había mostrado.
Incluso alguna voz como la del entonces presidente francés Nicolas Sarkozy se fijó un ambicioso proyecto: refundar el capitalismo. Se trataba de poner coto a los mercados, a su voracidad depredadora y a su nula sensibilidad social. El G-20 se apropió de aquella idea, se construían discursos trufados de buenas intenciones, pero la cosa no pasó a mayores.
El mundo no estaba para acciones concertadas. Al final, cada soberanía se espabiló por su cuenta e incluso la soberanía económica europea (teóricamente sustentada en una moneda y un banco central único) hizo lo propio incluso internamente.
En octubre de 2008, los principales bancos europeos habían recibido ayudas públicas por 1,6 billones de euros. Billones con b, no de los americanos, para entendernos. Un total de 20 bancos alemanes pidieron ayudas estatales. Entre otros, los poderosos y gigantescos Hypo Real State y el Commerzbank. Por las mismas fechas, Holanda inyectó 10.000 millones en ING. Se actuó rápido y se restituyó los desequilibrios de capital, que también se detectaron con celeridad.
Desde Nueva York, el 23 de septiembre de 2008 José Luis Rodríguez Zapatero dijo que España poseía “el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional”. La profecía parecía propia de alguien que interpretaba el conjunto de la banca española como si del Banco Santander de Emilio Botín se tratase. Por aquellas fechas, el banquero cántabro andaba comprando los restos de las banca inglesa a precios de saldo.
Aquella afirmación era errónea como se ha demostrado después. Se han perdido cuatro años de oro. Cuatro años de energías, esfuerzos y de progresiva y acelerada descapitalización. La reforma financiera emprendida después siempre llegó tarde. Nadie se hubiera sorprendido de que la banca española de aquel momento hubiera sido saneada, que se hubiera adecuado el valor de los activos inmobiliarios y que se hubiera emprendido procesos urgentes de concentración. Y, por supuesto, que en vez de planes keynesianos de soporte a los ayuntamientos, se hubiera tutelado, de verdad, la situación de las administraciones públicas.
Pero si la tardanza ha sido un error de bulto, la calidad de la reforma, también. El cortoplacismo típico de la política española prevaleció en las fusiones de entidades. El caso paradigmático es Bankia, donde se reunieron un buen número de cajas controladas por el PP. Por no refirse al mapa catalán de fusiones que lideró el tripartito y su consejero Antoni Castells. Se fomentaba la clave territorial a la eficiencia, se ponía por delante el control político a la complementariedad y así un largo rosario de despropósitos. El PSOE no estuvo acertado, y el PP simplemente quiso consolidar sus territorios de poder financiero, sin ninguna estrategia mejor ni alternativas modélicas.
Con el PP en el Gobierno, sus cinco meses han empeorado todavía más las cosas. Dos reformas consecutivas ha puesto en marcha el ministro de Economía, Luis de Guindos. En el preámbulo de ambos decretos se dice que la filosofía es estabilizar el sistema financiero y garantizar el flujo del crédito. Como fe de intenciones está muy bien, como realidad: un fracaso rotundo y categórico. Ni estabilidad, ni crédito. Al contrario: desestabilización absoluta y descrédito internacional. Así no es de extrañar que la prima de riesgo, el indicador que mide cómo nos ven fuera en términos de seguridad jurídica, capacidad económica y eficiencia de país, no deje de proporcionar disgustos. ¿La razón? Una reforma, o varias, malas de solemnidad.
Como resulta que todas las fuerzas políticas y todo el poder económico español está igual de comprometido con la situación del sector financiero, ninguna de las actuaciones gubernativas contenían la más mínima referencia a la búsqueda y depuración de responsabilidades de gestión. Faltaría más, si eran prácticas comunes.
No se le dieron más atribuciones investigadoras al Banco de España, antaño temido y respetado por los banqueros. No se modificó ninguna ley para examinar quién y porqué eran los responsables de tamaño desaliño financiero. Ni gobierno ni oposición, ni antes ni ahora, han abierto jamás ese melón. Ahora el PSOE se pone estupendo pidiendo que se investigue Bankia, pero cuando estalló una de sus cajas (la de Castilla-La Mancha) hicieron mutis por el foro. Jamás se vio al PSC que pidiera explicaciones a los anteriores gestores de Catalunya Caixa (Josep Maria Loza, Antoni Serra Ramoneda, Narcís Serra…).
El resultado final es de sobras conocido: España está al borde de la intervención por la inacción de su clase dirigente económica y política. Su crédito (en sentido estricto y en el figurado) se ha diluido en los mercados en menos tiempo que un azucarillo en un café. El Gobierno no tiene ninguna idea original para remontar la situación y la oposición, pese a la impostura formal, tampoco.
Ese estado de cosas debería dejar una lección sobre la mesa. Trabajar, reaccionar y operar tarde, mal y sin responsabilidad no es sólo un tópico español tan extendido como los del toro y las sevillanas. Es un proceder de nefastas consecuencias. Y de aquellos inofensivos polvos, ahora estamos hasta el cuello en estos peligrosos lodos.
