¿La prostitución es sólo una cuestión de PIB?
Recientemente la Unión Europea instó a realizar cambios estadísticos en el cálculo del Producto Interior Bruto (PIB), que incorpora entre otros elementos la estimación de la aportación de actividades ilegales como la prostitución y las drogas.
Estos cambios implicaron el incremento en 1,7 puntos porcentuales la economía española, convirtiéndola en la quinta de la eurozona donde hubo más incremento por la contabilidad de estas actividades, cuatro décimas por encima de la media europea y por detrás de Chipre ( 8,4%), Países Bajos ( 5,9%), Portugal ( 2%) e Italia ( 1,9%).
Por el contrario, el PIB de Luxemburgo, Letonia y Austria fueron los que perdieron más al contabilizar drogas y prostitución. En Europa, las drogas y la prostitución (más las armas), generan un valor estimado de 480.000 millones de euros. En el Estado español, sumando drogas y prostitución, supusieron una inyección de 46.000 millones al PIB. Entonces, son muchos los economistas que plantean que si el impacto es tan grande, ¿por qué no se legalizan?
Y aquí se abre el debate entre prohibicionistas y liberalizadores. Los unos alarmando sobre el papel de las grandes mafias en el negocio o en la situación de esclavitud de los protagonistas. Pero los otros preguntando por qué no hay personajes similares a los narcos o a los proxenetas en el mundo del alcohol y del tabaco.
El tema ha vuelto a los titulares de los diarios por la polémica entre las alcaldesas del área metropolitana sobre la regulación de la prostitución. Parece que Ada Colau apostaría por una cierta visibilización legal entre las alcaldesas socialistas, y las convergentes estarían por la prohibición.
Personalmente, siguiendo la línea tradicional republicana y laica, soy partidario de la legalización, como de las drogas blandas. Todavía recuerdo cuando los republicanos defendieron en el Parlamento una valiente moción para la legalización en 2002, por boca de la entonces diputada Carme Porta, después de haber realizado un intenso trabajo de consenso con la asociación de trabajadores/as del sexo.
La propuesta de Porta para regular la prostitución recibió el apoyo de todos los grupos parlamentarios después de consensuarla, rebajando los aspectos más valientes.
El objetivo de la moción era clara: favorecer adelantos en temas jurídicos, sanitarios y laborales para sacar de la economía sumergida a las personas que se dedican a la prostitución. Y garantizar que el colectivo de personas que trabajan con el sexo disfruten de atención sanitaria, seguridad, infraestructuras y derechos laborales y sindicales o de asociación.
La prostitución en el Estado español es una actividad «alegal»: no está regulada desde el punto de vista civil o laboral, ni penada. El código penal español no pena el ejercicio de la prostitución y, por lo tanto, la negociación entre la persona que ejerce la prostitución y el cliente no representa una actividad ilícita. Sin embargo, podemos constatar la existencia de un vacío normativo que tiene importantes consecuencias para toda la sociedad y coloca al colectivo de mujeres que ejercen la prostitución en una situación de desigualdad y desprotección social.
Nos encontramos con un caso de hipocresía social de tintes clericales, aunque paradójicamente a veces el fundamentalismo más prohibicionista provenga de alguna fracción de la izquierda. El feminismo está dividido sobre el tema. Se habla mucho del modelo sueco, una gran hipocresía: clandestiniza todavía más su práctica y la desplaza a los países vecinos como Dinamarca. O cómo pasa con la ingesta ilimitada de alcohol, que se realiza fuera de las aguas territoriales suecas en barcos de ocio ad hoc. Hipocresía como la de ciertos medios de comunicación, que hacen escándalo del tema mientras llenan las páginas de publicidad de contactos.
Entre el colectivo de personas que ejercen la prostitución hay realidades específicas. Las personas que son obligadas a ejercer la prostitución y que son víctimas del tráfico de personas. Las personas que manifiestan expresamente su voluntad para seguir ejerciendo la prostitución y que reivindican sus derechos laborales. Las personas que expresan su voluntad de dejar el ejercicio de la prostitución para iniciar la búsqueda de otra actividad. Las personas que ejercen la prostitución y son inmigrantes que se encuentran en situación de irregularidad administrativa.
También se encuentran los transexuales, colectivo que presenta un conjunto de condicionantes y discriminaciones específicas en el ámbito laboral y social derivados de su nueva identidad de género. Las personas que ejercen o han ejercido la prostitución y ya no se encuentran en edad laboral y no tienen reconocidos sus derechos laborales por no haber cotizado a la seguridad social. Las que optan por el ejercicio del trabajo sexual por cuestiones estrictamente económicas. Las personas que se plantean el ejercicio de la prostitución como una estrategia de transición laboral precaria.
Una posición laica, republicana y democrática sin prejuicios aborda esta cuestión, como la de las drogas o la de los abortos, no haciendo ver que no existe, o prohibiendo, sino abordando la realidad y haciéndola aflorar, garantizando el máximo la libre determinación personal a partir de la información adecuada y de mecanismos de apoyo públicos. Asesoramiento y respuestas concretas a su situación de irregularidad. Atención sanitaria, principalmente ginecológica, y de prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Acceso a la vivienda y a los recursos públicos (escolarización de los hijos, acceso a las rentas mínimas de inserción y a los programas previstos). Alternativas laborales dignas. Necesidad de mantener su anonimato.
A instancias de Esquerra Republicana, la regulación de la prostitución apareció en el Pacto del Tinell con Maragall (diciembre 2003), que recogía la voluntad de avanzar en la regulación de los trabajadores y trabajadoras del sexo comercial, impulsando el reconocimiento jurídico y profesional de las personas que se dedican a la prostitución para que puedan disponer de una cobertura social adecuada, ya sea como trabajador/a por cuenta ajena o como trabajador/a autónomo/a.
Reforzar las medidas para combatir el proxenetismo en todas sus formas, especialmente el tráfico de personas, endurecer el trato penal de la explotación sexual de personas y garantizar la protección a los menores de edad. Articular medidas de apoyo orientadas a aquellas personas que decidan abandonar la prostitución. Impulsar programas de apoyo a las personas que ejercen esta actividad.
Lamentablemente, la brutal división interna del feminismo del Partido Socialista de Cataluña bloqueó este apartado pactado del programa. Obviamente el regreso en el Gobierno en solitario o acompañados de CiU ha vuelto a dejar en los limbos el tema. Y en Cataluña y Barcelona sólo ha preocupado su exposición en espacios públicos. Más hipocresía. Pasan los años y el debate entre alcaldesas catalanas refleja este dualidad entre el mundo políticamente correcto sociovergente y la necesidad de revolucionar un marco jurídico y asistencial inexistente, en un ámbito que perdurará todavía más desde la clandestinidad.
