La parálisis y sus normas
Cada acción verificable y concreta del Gobierno deja en evidencia la falta de acción de la Generalitat
Para que se pueda paralizar un proyecto político solo hay que saber de dónde sale el dinero que lo financia, a quién beneficia, quién puede obtener réditos de él aunque no participe directamente y qué fuerza dispone para garantizar su éxito y que no descarrile. Para paralizar un proyecto como la ampliación del aeropuerto de Barcelona solo es necesario que venga avalado por el Estado.
En los últimos días se han realizado infinidad de lecturas sobre la errática conducta política del gobierno de la Generalitat, que quiere y no puede. Quiere hacer la ampliación del aeropuerto porque sabe que el futuro del país se juega en la construcción de sus infraestructuras pero, al mismo tiempo, no quieren la ampliación debido a sus convicciones medioambientalistas que impiden cualquier acuerdo.
Lo más probable, debido al enorme desgaste de credibilidad que está sufriendo el gobierno de la Generalitat, se verá obligado a llegar a un nuevo acuerdo con Madrid para reactivar el proyecto de la ampliación del aeropuerto de Barcelona. La ampliación del aeropuerto de Barcelona se llevará a término. Se logrará porque todos los actores contrarios a él saben que deberán gestionar políticamente el fracaso de esta negociación; una negociación que podía situar a Barcelona en muy buena posición para afrontar la competencia con otras ciudades europeas.
Muchos políticos independentistas han interiorizado que puede ser posible ganar elecciones tras elecciones perdiendo la república pero que no serán capaces de hacerlo habiendo perdido la tan demandada ampliación del aeropuerto. El precio de la parálisis es que, una vez conseguido el propósito, ese logro puede acabar revolviéndose contra aquellos que lo provocaron.
En cierta medida, la reciente historia de Cataluña gira en torno a un eje: la necesidad de cuestionar todo aquello que venga de Madrid. La razón de este proceder es que cada acción verificable y concreta del gobierno español deja en evidencia la falta de acción del gobierno de la Generalitat.