La nueva LOAPA fiscal y el silencio catalán y vasco
Durante décadas cualquier acción administrativa regulatoria era percibida por el Gobierno catalán como un ataque intolerable a su autonomía
La LOAPA fue un acuerdo entre PSOE y UCD a principios de los años ’80 del siglo pasado que pretendía que las autonomías fueran asumiendo competencias en función de su capacidad hasta llegar a igualarlas a todas.
Tanto el Gobierno catalán como el vasco, que en aquellos tiempos tenía al frente a los mismos que siguen ahora, o sea, al PNV y a CiU (ahora Junts X Catalunya), pusieron el grito en el cielo y presentaron un recurso de constitucionalidad ante el TC para defender su diferencia basada en derechos históricos, la diversidad lingüística y otros privilegios. El Tribunal Constitucional, aunque pueda parecer sorprendente, fallo parcialmente a su favor.
El Tribunal Constitucional avalo los derechos a la diferencia entre compatriotas no porque sus miembros creyeran en el derecho a la discriminación positiva sino porque así lo incluye la Constitución y los estatutos de autonomía aprobados, en aquellos días recientemente, en Cataluña y País Vasco.
Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, fue el primero que reclamo la armonización fiscal entre comunidades autónomas y el fin de la competencia fiscal entre regiones. A la petición de Puig se sumó rápidamente Rufián. Durante décadas Pujol baso sus acuerdos con Adolfo Suárez, Felipe González, Aznar y Zapatero en concesiones de toda índole, siendo las más apreciadas dos: la concesión de más porcentaje de la recaudación en impuestos estatales y la cesión de capacidad normativa para determinar parte del tipo tributario.
Entre acuerdo y acuerdo, cesión y cesión, se sucedían las investiduras mientras España caminaba hacia el tan ansiado, por Miquel Iceta, federalismo asimétrico. Cada línea en el BOE era una conquista para el Gobierno catalán y un retroceso para el Gobierno central que acababan pagando los catalanes en forma de más impuestos. Cada año la Generalitat tenía mayor autonomía fiscal, más capacidad recaudatoria e, incomprensiblemente, a más capacidad regulatoria y de recaudación y más impuestos y más déficit público.
Durante décadas cualquier acción administrativa regulatoria impulsada por cualquier gobierno central, en especial si era del PP, cualquier intento de coordinación entre Comunidades Autónomas era percibido por el Gobierno catalán como un ataque intolerable a su autonomía, como la constatación de la irremediable alma negra del PP.
En definitiva si un presidente de una CC.AA del PP o un Gobierno Central popular hubiera propuesto armonizar fiscalmente las autonomías y recortar su capacidad competencial en Cataluña hubiera habido comunicados conjuntos de colegios profesionales e instituciones económicas, declaraciones institucionales en el Parlament, programas especiales en TV3 y Catalunya Ràdio, mociones en todos los ayuntamientos catalanes y una manifestación en el Paseo de Gracia para quejarse del ataque intolerable de España y su gobierno a una Cataluña incomprendida.
Pero las cosas han cambiado mucho y ahora además de nacionalistas, los líderes políticos catalanes se han vuelto algo mezquinos y el mal que se hacen ellos mismos y a sus conciudadanos lo quieren también para el resto.
Pedro Sánchez tras nueve presentaciones detallo el contenido del Plan de Recuperación imprescindible para acceder a los fondos europeos y, sin sorpresa alguna, por que a fin de cuentas es un gobierno socialista y en su ADN está subir los impuestos, el plan presentado a Bruselas parece incluir la armonización fiscal igualando por arriba del Impuesto de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio evitando la competencia fiscal entre comunidades autónomas y acabando con su capacidad regulatoria.
España es un país sorprendente, tras décadas de oír que el PP era anti autonómico, al fin quien defiende la Constitución y el margen competencial de las CC.AA. es el PP, y aquellos que han hablado siempre de la España plurinacional, de las Españas diversas, de la autodeterminación y de los pueblos de España son los que ahora defienden un modelo fiscal jacobino y centralizado solo para así evitar que las políticas que adoptan otras autonomías no sean un elemento de comparación para sus conciudadanos y en dicha comparación acaben perdiendo las elecciones.
