La movilización secesionista y el plebiscito podemita

En la movilización callejera del 1-O en Cataluña se solapan dos movimientos. En primer lugar, el movimiento secesionista que reivindica el referéndum. En segundo lugar, el movimiento podemita, liderado en Cataluña por los Comunes, que exige un compromiso histórico peculiar que derribe el gobierno de Mariano Rajoy.

Al respecto, conviene señalar que la movilización callejera propicia la sobreactuación secesionista y el incremento de la deriva antisistema del podemismo y los comunes. Vayamos por partes.

Que no, que no es un referéndum

El secesionismo catalán insiste y persiste en la idea del referéndum. Pero, la movilización del 1-O no es un referéndum.

La legalidad europea

Si consultamos el Código de Buenas Prácticas sobre Referendos, de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia), adoptado por el Consejo para Elecciones Democráticas en 2006 y 2007, llegamos a la conclusión de que el referéndum ilegal convocado por el secesionismo catalán no es un referéndum.

Por varias razones:

Porque, no tiene un “padrón electoral permanente” o “registro actualizado regularmente”.

Porque, no existe una “actitud neutral por parte de las autoridades administrativas” ni de los “medios de comunicación, en particular de los medios públicos”.

Porque, no se cumple el precepto que indica que “los aspectos fundamentales de la ley del referéndum no deben poder ser reformados durante el año anterior a un referéndum, o deben incluirse en la Constitución o en una norma superior a la ley ordinaria”.

Porque, no existe “un órgano imparcial a cargo de la organización del referéndum”.

Porque, no existe una “comisión central de naturaleza permanente que incluya, al menos, un miembro del poder judicial”.

Porque, “los partidarios y opositores de la propuesta sujeta a votación” no están “representados de manera igualitaria en las comisiones electorales”.

El 1-O no es un referéndum porque no existe una «actitud neutral» por parte de las autoridades administrativas

Porque, no existe una “órgano de apelación en cuestiones de referéndum” formada por una “comisión electoral o un tribunal jurisdiccional”;

Porque, no se cumple el imperativo según el cual “los referendos deben cumplir con el sistema legal en su totalidad, y especialmente con las normas procedimentales. En particular, los referendos no pueden celebrarse si la Constitución o una ley conforme a ésta no los estipula… Los efectos de los referendos jurídicamente vinculantes o consultivos deben ser estipulados claramente en la Constitución o en la ley”.

La ilegalidad catalana

Y el caso es que si consultamos la ilegalidad catalana, esto es, la Ley del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña, la movilización del 1-O tampoco es un referéndum.

Por varias razones:

Porque, el pueblo de Cataluña no es “un sujeto político y soberano y como tal ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente su condición política”.

Porque, el Parlamento de Cataluña no puede “actuar como representante de la soberanía de Cataluña”.

Porque, no hay “administración electoral responsable”, ni “garantías”, ni “mesas electorales independientes”.

Porque, las administraciones públicas catalanas no se han “mantenido neutrales en la campaña electoral” ni “los medios de titularidad pública han garantizado los principios de pluralismo político y social, de neutralidad informativa y de igualdad de oportunidades”;

Porque, no existe la Sindicatura Electoral de Cataluña que “vela por el cumplimiento de estos principios, dicta instrucciones, resuelve reclamaciones, acredita apoderados e interventores, es responsable de garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral, valida el censo electoral, las papeletas, los sobres, los actos electorales, los manuales de funcionamiento de las mesas electorales, las urnas, el procedimiento de votación, y realiza el escrutinio general y certifica los resultados electorales”.

Porque, los “observadores electorales cualificados” son de parte y financiados por la Generalitat.

La sobreactuación secesionista

Al socaire de la movilización del 1-O, y de la actuación –en cumplimiento de una interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña- de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el secesionismo catalán añade algunos elementos a su relato.

Por ejemplo: la adulación del buen pueblo catalán, la comunión y conexión emocional entre el independentismo y el pueblo, la teoría de una fractura emocional irreversible entre Cataluña y España, el cumplimiento de la Ley como expedición de castigo contra Cataluña, la exigencia de firmeza contra ese Estado autoritario que es España.

Objetivos: la movilización permanente en defensa del Nosotros, la cohesión del secesionismo en favor de la causa y la descalificación de la oposición.

El peculiar compromiso histórico podemita

Falsificando grosera e irresponsablemente la idea de “compromiso histórico”, elaborada por Enrico Berlinguer en la Italia de los 70 del pasado siglo –la unión de comunistas, socialistas y democristianos en pro de la gobernabilidad de Italia-, Podemos –lo mismo vale decir de los comunes catalanes- propone una coalición antisistema que utiliza el “plebiscito” del 1-O como chispa o excusa o plataforma –el cinismo de la política en estado puro- para llegar al poder.

Antisistema, porque reivindica un denominado derecho a decidir que no existe en el ordenamiento constitucional español y europeo, porque no condena la revocación ilegal del Estatuto y la Constitución perpetrada por el Parlament aprobando una Ley del Referéndum y una Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República ilegales, porque da credibilidad al pucherazo de un 1-O que prescinde de la mitad o más de los ciudadanos de Cataluña.

Puigdemont asegura que los catalanes se han ganado el derecho a un Estado, ¿otra provocación?

Objetivos: el compromiso histórico en pro de la división de los demócratas, la alianza entre nacionalismo y populismo contra el Estado de derecho, el recalentamiento de la masa, el derribo del gobierno del PP y el chantaje al PSOE y el PSC.

Y en eso que Carles Puigdemont asegura que los catalanes se han “ganado el derecho a un Estado independiente en forma de República”.

¿Una nueva provocación? ¿Una forma de presionar todavía más al Estado? ¿Una invitación para que el Estado implemente el artículo 155 de la Constitución con la consiguiente movilización secesionista? ¿Una manera de ampliar la base social del secesionismo? ¿Un intento de capitalizar y dirigir un “proceso” descontrolado? ¿Una spot publicitario en clave interna catalana e internacional? ¿El primer mitin de unas elecciones autonómicas avanzadas? ¿El discurso de un político que vive en su ínsula barataria? ¿La enésima manifestación de la “astucia” secesionista? ¿Una huida hacia adelante de imprevisibles consecuencias?

La única certeza: otra muestra de irresponsabilidad y fanatismo.

Y los podemitas y los comunes que están dispuestos a arrimar el hombro en la pista de baile del secesionismo.