La Moncloa desafía a Europa

Mayor participación de los jueces en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Que, al menos, la mitad puedan ser elegidos por sus pares. Con ese mandato expreso se ha desplazado estos días el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, desde Bruselas a Madrid. El objetivo: intentar deshacer el ‘nudo gordiano’ en el que se han enredado el PSOE y el PP, desde hace años, en su batalla judicial, mientras el Consejo lleva en funciones más de cuatro años.

El comisario pretendía hacer de mediador, pero su cometido ha fracasado. En todas las reuniones maratonianas que ha mantenido en las últimas horas ha insistido en la misma idea: la conveniencia de que España, cuando asuma la presidencia de la Unión Europea, en julio, tenga los deberes pasados a limpio. Es decir: con la renovación del órgano de los jueces acometida. Y con sus recomendaciones cumplidas. 

Un emplazamiento directo al gobierno de Pedro Sánchez, que se resiste a reformar el sistema de elección. Tan sólo le interesa el intercambio de nombres de candidatos. Por cuotas de partidos, no por criterios profesionales. Tal como está procediendo, el PSOE y Podemos, en la ocupación de los máximos cargos de las instituciones. La maraña sigue enredada, la solución no parece cercana.

El comisario se llevó una primera impresión equivocada al creer que las dos fuerzas políticas mayoritarias, PSOE y PP, se habían comprometido a renovar el órgano de los jueces y a modificar el sistema de elección para adaptarlo a las exigencias europeas. Pero, no. El PP estaría de acuerdo con las dos premisas, pero el gobierno no está dispuesto a hablar de nada más que no sea los nombres de los jueces candidatos. Los tuyos, los suyos. Como si los jueces fueran togados con carné de partido. 

La Unión Europea ha insistido en numerosas ocasiones, la última vez por escrito en su informe sobre el Estado de derecho en la Unión, en que al menos la mitad de los vocales del Consejo deban ser elegidos por los jueces. Sin filtros políticos. Pero ha topado con la Moncloa: que los vocales estén controlados por los partidos políticos del Parlamento. Entre otras cosas, porque si fueran elegidos por los jueces -un colectivo que mayoritariamente se alinea a través de sus asociaciones, con posiciones conservadoras- el gobierno perdería el control político sobre ellos, que es lo que le interesa.

La Moncloa se ha enrocado en el ‘no es no’ a cualquier reforma mientras culpa al PP de ser los responsables del bloqueo. Lo cierto es que el PP, cuando gobernó, tampoco procuró reformar el sistema de elección de marras, aunque ahora, al hacerlo, se alinea con la recomendación de Europa. 

Sacarnos los colores

Resulta embarazoso que este bloqueo haya provocado la intervención del ‘Gran Hermano europeo’. No se recuerda una situación tan humillante desde los años de mandato de Zapatero, cuando los llamados ‘hombres de negro’ se desplazaban desde Bruselas para vigilar la economía española, después de que aquel gobierno, por cierto, tardara en reconocer la gran crisis económica que estábamos padeciendo.

Ahora, el comisario de justicia, seguramente se habrá llevado una penosa impresión de nuestra clase política contaminada por el debate sobre el control del poder judicial. Después de haberse entrevistado con el ministro Bolaños, que le entregó un dossier contra el PP, y después de haberse reunido con parlamentarios que se enzarzaron, en su presencia, en un debate en bucle sobre quiénes son los responsables de tan lamentable situación.

Que el ministro de la Presidencia le entregara un dosier contra el PP denota, aparte de las malas artes, su estado de desesperación ante los constantes emplazamientos de Europa. Se entiende que Sánchez necesite lesionar la imagen del PP de Feijóo, a quien los sondeos le sitúan como ganador de las próximas elecciones, si se celebraran ahora. Pero se le está yendo de las manos su papel de opositor a la oposición. Y, sobre todo, el afán por controlar la Justicia. Primero, con la ‘reforma exprés’ para renovar a cuatro de los 12 vocales del Tribunal Constitucional, pero no del Supremo. Después, filtrando el acuerdo que firmó el ministro Bolaños con la anterior dirección del PP y que no reconoce Feijóo. Y ahora, el dosier. 

Muy mal tuvo que ver la situación el comisario europeo cuando advirtió a los parlamentarios que si esta situación se prolonga, si no se cumplen las normas que Europa recomienda, la Unión tiene mecanismos para recurrir al Tribunal de Justicia “y conseguir condenas por el incumplimiento de las normas, como ha pasado en Polonia”. Palabras gruesas. Quedar a la altura de Polonia, homologados a un país de escasa transparencia. Para sacarnos los colores.