La ministra que quería planificar la distribución alimentaria 

La vicepresidenta segunda del gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmaba la semana pasada querer dar “un paso más» para combatir la inflación y proponía limitar los precios de los alimentos básicos. En una entrevista detallaba que quiere llegar a un acuerdo con las grandes distribuidoras para conseguir fijar un tope a productos como la leche, el pan, los huevos o la fruta. 

Yolanda Díaz, al igual que muchos otros líderes políticos que la han precedido a lo largo de la historia, desconfía del mercado como mecanismo de asignación de recursos. De la multitud de individuos tomando decisiones por su cuenta, asumiendo riesgos sin considerar las decisiones que ha tomado el vecino. Considera que el intercambio voluntario es caótico y desordenado. Desconfía de la sensatez colectiva de un sistema distribuido y sugiere como alternativa el orden y mando estatal. 

Los seres humanos cooperamos y competimos en distintos contextos y con distintos fines. La coordinación entre agentes cooperadores puede ser planificada o diseñada, en grupos reducidos, delimitados, con relaciones duraderas y estructuras centralizadas como es el caso de las empresas, las familias, las asociaciones civiles, militares o políticas. Sin embargo, la coordinación en órdenes sociales extensos, dinámicos y complejos es espontánea, descentralizada y emergente. Funciona mediante intercambios puntuales y mecanismos de coordinación interpersonal como el lenguaje, el derecho, el dinero o el mercado. 

La economía no va de precios sino de cantidades

En contra de lo que muchas veces pueda parecer, la economía no va de precios sino de cantidades: qué cantidades producir, de qué bienes y servicios, con qué recursos, con qué tecnología y qué cantidades de cada bien y servicio irán a cada ciudadano. La pregunta relevante, pues, es ¿cómo obtener dicha información?  

En ocasiones este conocimiento técnico está disponible, pero su traslación a la fabricación de bienes de consumo es defectuosa. Los ingenieros de la República Democrática Alemana dominaban a la perfección la física y la tecnología del motor de combustión interna pero su economía fue incapaz de desarrollar una industria automovilística capaz de competir con la de la República Federal Alemana. Buscar proveedores, clientes y respaldo legal; decidir cómo crecer e invertir; crear incentivos; repartir beneficios, etc. Existen múltiples dimensiones económicas, no ingenieriles, de la producción de bienes y servicios. 

Del mismo modo, la ministra de Trabajo confunde el conocimiento teórico, abstracto, objetivo y articulado de la ingeniería con el conocimiento práctico, concreto, subjetivo y disperso que permite el funcionamiento de los mercados. Trata la economía como un problema físico o ingenieril cuando es en realidad un problema de adaptación, de cognición, de coordinación. 

Los precios de mercado son señales o mensajes que indican a los agentes dónde existen necesidades insatisfechas. Generan información e incentivos como mecanismo de coordinación social. Indican qué bienes presentan escasez y dónde redirigir recursos, aumentando la oferta de dicho bien, y, en consecuencia, reduciendo su precio. 

Yolanda Díaz trata la economía como un problema físico o ingenieril cuando es en realidad un problema de adaptación, de cognición, de coordinación

Si el gobierno apuesta por decretar un control de precios, eliminará esta señal: generará escasez, estimulará la economía sumergida, reducirá los incentivos de las empresas a producir e innovar, reducirá la intensidad competitiva en los mercados y facilitará la cartelización entre operadores. También inducirá comportamientos estratégicos por parte de las empresas creando productos sustitutivos. A modo de ejemplo, a raíz de los controles de precios de supermercados en Argentina (2005-2017), las empresas compensaron la intervención introduciendo nuevas variedades de productos a precios más caros. 

Además, contactar con las distribuidoras para facilitar un acuerdo de precios, como sugiere la ministra, podría constituir una conducta contraria al artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia, así como del Tratado de Funcionamiento de la UE. Ambos prohíben expresamente los acuerdos o recomendaciones de fijación de precios u otras condiciones comerciales que restrinjan o falseen la competencia. La medida beneficiaría a las grandes distribuidoras, que, por su mayor músculo financiero, poder de negociación y diversificación, podrían afrontar las ventas a perdida que pueden implicar los controles de precios. 

Alternativas

¿Qué reformas alternativas podría introducir el gobierno? A corto plazo, transferencias monetarias dirigidas a las familias de menores ingresos. En este sentido, no contar con un sistema de transferencias realmente eficaz que localice bien a las rentas bajas y sea capaz de transferir más recursos durante emergencias sociales como la actual es sin duda un problema grave, como ya sucedió con el Ingreso Mínimo Vital durante la pandemia. A medio plazo, el Gobierno debería centrarse en promocionar la competencia en la distribución comercial minorista eliminando las barreras de entrada, la prohibición de venta por debajo de coste y las restricciones horarias y de apertura en domingos y festivos. 

La coordinación social no se diseña o planifica centralizadamente. Requiere de constantes ajustes locales y parciales por parte de todos los miembros de la sociedad, utilizando información dispersa, descentralizada, tácita, como aquella encapsulada en los precios. Ministra… ¡no mate al mensajero!