La militancia democrática del rey Felipe VI
La Constitución Española plasma en sus páginas unos valores políticos plurales que transcienden los particularismos identitarios
A diferencia de sus antepasados borbones, el rey Felipe VI está ejerciendo con timing impecable una oportuna tarea pedagógica en defensa de nuestros valores constitucionales.
La última ocasión ha tenido lugar en Madrid durante su discurso de clausura del Congreso Mundial del Derecho, declarando que “no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva, quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad”.
El mayor éxito del independentismo catalán hasta la fecha ha sido que los medios de comunicación incorporen su terminología
Es fácil entender por qué el rey ha creído necesario puntualizar estos términos, justo en un momento en el que los líderes separatistas encausados están redoblando esfuerzos para dañar la reputación de España fuera de nuestras fronteras, retorciendo y estirando la idea de la democracia mediante un uso espurio de las palabras.
El mayor éxito del independentismo catalán hasta la fecha ha sido que todos los partidos y medios de comunicación incorporen su terminología, algo que se está poniendo de manifiesto durante el desarrollo del juicio al 1-O en el Tribunal Supremo, y como se ha visto en la colorida manifestación a favor de la autodeterminación celebrada el 16 de marzo en Madrid de la mano de algunos excéntricos compañeros de viaje.
Partiendo de una posición de debilidad que necesitaba evitar llamar a las cosas por su nombre, los nacionalistas han conseguido que el uso de eufemismos como ‘derecho a decidir’, ‘desconexión’ o ‘desobediencia’ sea convencional.
La plurinacionalidad que ha impuesto el independentismo acarrea un remplazo de la Constitución
Además de lograr una ventaja táctica imponiendo una semántica política que encuadra el debate a su favor, los independentistas han conseguido que este relativismo lingüístico se extienda al campo de los conceptos jurídicos.
Este ‘todo vale’ ha llevado a la aparición recurrente de propuestas políticas como la ‘plurinacionalidad’, que aceptan tácitamente el ideario nacionalista que explica España como una realidad geográfica carente de continuidad histórica propia.
Una mera colección de nacionalidades. No se trata de una disquisición menor o meramente sino que afecta de plano a la definición de nuestro espacio de convivencia.
El corolario de esta tesis es una reforma constitucional que se pretende formal. Sin embargo, la ‘plurinacionalidad’ no gravita en una mera reforma para adaptar el texto constitucional a unas nuevas necesidades, sino que acarrea un proceso constituyente para remplazar la CE, habida cuenta de que los principios que fundamentarían la aprobación del texto están más allá de la constitución existente, con la cual tendría que romper necesariamente. Dado que la soberanía nacional reside en el ‘pueblo español’ ambos son indivisibles.
Nuestro texto constitucional hace referencia al ‘pueblo español’ como sinónimo de ‘ciudadanía’
La plurinacionalidad abocaría a la voladura del actual sistema constitucional y a la adopción de otro modelo que nos colocaría en las antípodas de los sistemas constitucionales de nuestro entorno. Como cualquiera de nuestros vecinos europeos, España es más que la suma de sus partes. No hay nada en nuestro pasado en común que nos aboque a la excepcionalidad.
Nuestro texto constitucional hace referencia al ‘pueblo español’ como sinónimo de ‘ciudadanía’, no de etnia. Y lo hace para subrayar la igualdad de derechos y obligaciones y la ausencia de privilegios arbitrarios de supuesto origen histórico.
La utilización de términos como ‘pueblo’ y ‘nación’ es una elaboración ideológica que instrumenta las identidades culturales para articular agravios y obtener privilegios políticos, para alcanzar los cuales hay a renegar del Estado de Derecho que obra como bastión de las garantías constitucionales.
Los valores de la Constitución
La Constitución Española plasma en sus páginas unos valores políticos plurales que transcienden los particularismos identitarios al definir al sujeto político. Consagra incondicionalmente las libertades y el bien común desde la igualdad y el respecto a la ley. Es un valor en sí misma.
Es el fruto de una libre asociación que no nace de los lazos de la nacionalidad sino de la ciudadanía. No es un punto final, sino un punto de partida para construir una comunidad cívica de iguales, partiendo de la premisa de que el rasgo fundamental de un sistema democrático es que está basado en el imperio de la ley.
Es decir, que es un contrato social fundamentado en el derecho y constituido mediante normas que obligan y protegen a todos sus ciudadanos por igual, impidiendo que la mayoría oprima a la minoría, o que quienes más tienen no contribuyan al bienestar de los más desfavorecidos.
Precisamente para evitar que las minorías vean sus derechos vulnerados por la tiranía de la mayoría, las constituciones americana y española dejan un número substancial de derechos fundamentales fuera del alcance del populismo que concibe la democracia como un mero ejercicio aritmético en forma de votación.
