La luz es un artículo de lujo por culpa del Gobierno

La luz se ha encarecido de forma muy sustancial en los últimos 15 años, coincidiendo con el fomento de las energías renovables mediante la concesión de primas y subvenciones por parte de los distintos gobiernos. Los políticos se han empeñado en que España sea una referencia internacional contra el cambio climático, aplicando todo tipo de restricciones a la emisión de CO2, al tiempo que se apuesta firmemente por las energías verdes. Y lo trágico es que lo han conseguido. El resultado es pagar la luz a precio de oro.

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista ronda los 90 euros por Mwh, el más alto desde enero, coincidiendo con la borrasca Filomena. Esta reciente subida se debe a un factor muy concreto, los derechos de emisiones de CO2 y el alza del gas, que, a través de las centrales de ciclo combinado, da respaldo a las renovables.

Ser abanderado del ecologismo quizá resulte atractivo desde el punto de vista político y social para algunos, pero es muy costoso para la mayoría de la población. España ha escogido el peor camino posible a nivel energético para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera en un vano intento por contener el temido calentamiento global.

Lo primero que cabe señalar es que, con independencia del origen y las consecuencias del cambio climático, aún en el caso de que el Gobierno de PSOE y Podemos lograse alcanzar su objetivo de reducción de gases de efecto invernadero para 2030, semejante esfuerzo de poco o nada serviría a la salvación del planeta, puesto que dicho recorte tan sólo supondría el 0,2% de las emisiones globales.

La contribución de los españoles al supuesto calentamiento es absolutamente marginal. Y, sin embargo, Pedro Sánchez, en su obsesión ecolojeta, ha aprobado uno de los planes de transición energética más radicales del mundo con el objetivo de lograr la descarbonización total en 2050.

Lo que no cuenta a los españoles es su colosal factura. Descarbonizar significa, entre otras muchas cosas, disparar el precio de la luz y del transporte de forma artificial, vía regulación e impuestos. En el ámbito de la electricidad, la estrategia consiste en incrementar la producción de energía renovable mediante subvenciones, en lugar de apostar, por ejemplo, por la nuclear, que, además de limpia, es mucho más eficiente, estable y barata.

Y todo ello al tiempo que se encarece la producción procedente de combustibles fósiles. Aquí es donde entran en juego los famosos derechos de emisión. Desde 2005, las eléctricas pueden emitir CO2 previo pago de unos derechos de emisión, cuyo precio cotiza en función de la demanda y la oferta, que, a su vez, está determinada por los objetivos de reducción de emisiones fijados por los gobiernos.

A medida que se reduzcan las emisiones, sustituyendo energías fósiles por renovables, también bajarán los derechos en circulación, con el consiguiente aumento de precio. En el último lustro, el precio del CO2 se ha multiplicado por 10, y este mayor coste se acaba trasladando al recibo que pagan familias y empresas.

Como la energía no se puede acumular y la producción de renovables es inestable, dado que depende de las condiciones meteorológicas, el sistema necesita el respaldo de otras fuentes, como el gas, para poder cubrir la demanda y evitar apagones.

La combinación de renovables y gas, en lugar de apostar por la nuclear, explica, en gran medida, la constante subida de la luz en los últimos años. Y lo peor es que seguirá subiendo en el futuro, ya que, por el lado de la demanda, el Estado también quiere encarecer el consumo con la excusa de reducir la contaminación.

Esta es la razón por la que el Gobierno pondrá en marcha esta misma semana una nueva tarifa, cuyo fin no es otro que penalizar el consumo de electricidad aplicando precios más altos en determinadas horas y días, los más habituales y cómodos para poner la lavadora o limpiar los platos. A partir de ahora, las familias tendrán que activar sus electrodomésticos de madrugada si no quieren ver aumentada nuevamente su factura de la luz.

No, el abultado precio de la electricidad en España no es culpa de las eléctricas, sino de los políticos. El 55% de la factura son impuestos, subvenciones y costes regulados directamente por el Estado, mientras que el 45% restante es lo que cuesta realmente producir energía. Mientras que el precio de la luz en el mercado mayorista se ha mantenido más o menos estable en los últimos años, los costes políticos se han disparado. Si se quejan del recibo, ya saben a quién culpar.