La ley electoral, el problema más grave de España
España debe afrontar en los próximos años numerosos problemas. El más evidente es el paro, y la transformación de un modelo productivo que sigue anclado en los empleos de poco valor añadido. El sector servicios va viento en popa, pero con salarios bajos, que ni pueden contribuir al aumento del consumo interno, ni a financiar la Seguridad Social. Pero el principal problema no es ese. Aunque se siga pensando que es una cuestión para los expertos, para los ahora famosos politólogos, la ley electoral es el principal escollo que debería superar España.
La razón es que la propia dinámica de la política española, que se ha apropiado de las instituciones, gira alrededor de una ley electoral que permite a las cúpulas de los partidos un poder mayúsculo, que acoquina a los que son elegidos, porque dependen en exclusiva de los dirigentes de sus formaciones para poder repetir en el puesto.
¿Porque qué ha pasado con el caso de José Manuel Soria? Algunos medios han llegado a calificar de ‘rebelión’ interna en el PP la oposición a la elección de Soria para representar a España en el Banco Mundial. ¿Pero quién se ha pronunciado? Lo ha hecho Alberto Nuñez Feijóo, que es presidente de la Xunta de Galicia, y el hombre del PP en el territorio, y, además, se juega el puesto en las elecciones del 25 de septiembre. También se atrevió a molestar al jefe –Mariano Rajoy– la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Fuentes, y José Antonio Monago, presidente de Extremadura. Es decir, los tres se sienten fuertes y seguros. ¿Pero diputados, cargos internos? Nadie.
Las listas cerradas, decididas por Rajoy —¿recuerdan los problemas del PP andaluz esperando a que Rajoy, solo Rajoy, ante la desesperación de Cospedal, decidiera su candidato en las elecciones andaluzas?–, en circunscripciones en las que los diputados aparecen o no, en función de si sienten más o menos cercanos, ha provocado un sistema político cerrado, partidista, que más que fomentar castiga la pluralidad interna y la honestidad intelectual.
En el Reino Unido han sido los diputados del Partido Conservador los que han retirado a David Cameron, tras el fiasco del Brexit. Ya lo hicieron en su momento con Thatcher, y eligieron a Major. Los diputados británicos tienen poder, se lo ganan, porque representan a sus electores en las circunscripciones en las que se presentan. Tienen legitimidad, y la utilizan.
Hay otros modelos. El alemán es mixto, y tiene en cuenta la elección directa y la lista del partido. No se debe copiar un sistema de otro país y trasladarlo sin más, porque cada uno responde a razones históricas y sociológicas, pero lo que parece claro es que en España se debe modificar, y se trata de una cuestión urgente. Desde la confección de las listas, el diseño de las circunscripciones electorales, hasta la mejor fórmula para traducir votos en diputados –sistema mayoritario o proporcional, con todas las variantes que se precisen.
Porque nadie habla. No hay debate. Tampoco en el PSOE, un partido de izquierdas donde, tradicionalmente, se genera más pluralidad. El debate de investidura debería tener una traducción más natural en las afirmaciones y reflexiones de cada uno de los dirigentes del partido. Tal vez ocurra en los órganos dispuestos para ello, como el comité federal, cuando se convoque. En el caso del PP ni eso, porque el problema con Soria no apareció en la reunión de la ejecutiva del PP, tras anunciarlo el ministerio de Economía el pasado viernes, justo después de que Rajoy perdiera el debate. Nadie osó a debatirlo en el seno del partido.
Los partidos políticos en España han sufrido una gran paradoja. Se entiende a la perfección que la Constitución tratara de blindarlos después de salir de una dictadura. Pero esos partidos, necesarios, vitales en una democracia, se han apropiado del sistema.
Y lo grave es que, al no fomentar la participación, son sus máximos dirigentes los que se han quedado todo el poder. Deciden quién va en las listas, qué jueces forman parte del gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial; y reparten cargos tan importantes como la representación de España en el Banco Mundial.
Ciudadanos planteó en su acuerdo con el PP la necesidad de reformar la ley electoral. Y el PP lo asumió sabiendo que no se iba a concretar, que ya pasará todo, que será muy complejo, y lo mejor es dejar las cosas como están.
Pero España se juega ya la credibilidad como país democrático si esa reforma no se realiza en la próxima legislatura.
