La imposición lingüística

En plenas cábalas sobre el desenlace de la ejecución de la orden judicial que obliga a los centros educativos de Cataluña a impartir el 25% de las asignaturas en castellano ha saltado la indignación en buena parte de la opinión pública al conocer el grado de hispocresía de los dirigentes secesionistas catalanes.

Al trascender que el conseller de educación, González-Cambray, que ha exhibido estos días una actitud supremacista y sectaria con quienes reclaman que se aplique la cooficialidad de los dos idiomas en los centros educativos, que avivó el fuego del acoso a la familia del niño de Canet y que se niega a responder a la prensa en castellano para defender, a ultranza, la inmersión obligatoria en catalán, no se aplica el cuento en su vida privada.

Ha escolarizado a sus hijas en un centro donde el catalán no se utiliza como lengua vehicular porque se practica el plurilingüismo. No es el único. Su nombre engrosa la extensa lista de políticos que defendían la enseñanza monolingüe, pública, pero para los hijos de los demás. Antes que él, Pujol, Montilla, Artur Mas, Junqueras, Plaja, Aragonés…No cabe mayor hipocresía.

Porque la Generalitat, lejos de cumplir con la sentencia judicial del Tribunal Supremo piensa endurecer la inmersión en catalán mediante un despliegue de inspectores ‘espías’ que fiscalizarán el cumplimiento de los proyectos de enseñanza en catalán. Con dos docentes en las aulas en las que haya demanda: uno para los alumnos en castellano, que quedarán debidamente señalados, y otro para los alumnos en catalán. Ni los agentes de la ‘Stasi’ fueron tan descarados cuando extendían sus redes de espionaje para controlar a la población alemana del Este, antes de la reunificación.

El viacrucis de acoso y señalamiento que está viviendo estos días la familia de Canet por atreverse a pedir que se aplique la ley y su hijo de 5 años pueda recibir el 25% de sus asignaturas en castellano, ha llegado al extremo de tener que soportar manifestaciones de presión en las inmediaciones del propio colegio. La del sábado, organizada por ‘Son Escola’, organizada por los sindicatos de CCOO y UGT refleja hasta donde quieren llegar con la imposición en catalán. Un problema que no existe en Cataluña, según dicen los secesionistas, siempre que nadie proteste, ni levante la voz, ni reclame sus derechos, claro está.

El papel del gobierno de la Moncloa no ha podido ser más sibilino. La familia de Canet acosada y linchada en las redes por grupos de fanáticos independentistas, amparados por la propia Generalitat que desprecia una de las dos lenguas cooficiales de Cataluña, se ha sentido abandonada por el gobierno de Pedro Sánchez. Pero el presidente no hará nada que disguste a su socio de ERC, que pueda poner en peligro su permanencia en la Moncloa. Por eso el Defensor del Pueblo ha balbuceado en sus respuestas diciendo que no sabe lo que no conoce.

Que si eso, ya dirá algo. Y por eso la ministra portavoz desviaba sus responsabilidades cargando contra el PP, que pasaba por ahí, “por utilizar cualquier asunto para hacer oposición”. Pero no se trata de “un asunto”. Estos tics de ‘apartheid’ lingüístico, como los ha calificado la oposición, no son una anécdota. Se trata de un aviso con intención. Para que otros padres no se atrevan a reclamar que se cumplan las leyes en Cataluña. Es insólito que esto esté ocurriendo en nuestro estado de Derecho. Pero así está el ambiente en Cataluña.

El ‘efecto llamada’

El plan intimidatorio de la Generalitat contra la enseñanza del castellano, sin embargo, no está logrando el efecto deseado. Otros padres están siguiendo la estela de la familia de Canet que, con su reclamación, ha provocado un ‘efecto llamada’ en otras familias.

Si la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que preside Ana Losada, se ha lanzado a promover una campaña a favor de la educación en las dos lenguas es porque ve que el arrojo de la familia de Canet, lejos de paralizar a la gente por miedo a las represalias, ha provocado un efecto expansivo en decenas de padres decididos a hacerse oír para reclamar que se cumpla la ley en Cataluña. Ellos solos. Sin apoyo institucional.

Desde la bancada socialista justifican la inhibición de Pedro Sánchez porque dicen que confían en que ERC vaya bajando el pistón y termine por acatar las resoluciones judiciales. Nada más lejos de la intención de Pere Aragonés a juzgar por las pistas que va dejando sobre el terreno. El president de la Generalitat está ante una situación difícil.

No se le escapa que si desobedece a la justicia, un delito tipificado en el artículo 140 del Código Penal, puede acabar siendo acusado de prevaricación. Pero piensa mantenerse en el desafío. La imposición del catalán por encima de todas las cosas. Y Moncloa desprotegiendo a quienes reclaman que se respeten sus derechos.