La hipocresía de la izquierda «caviar» ante ‘Ciutat morta’
La emisión a través del segundo canal de la televisión autonómica catalana (Canal 33) de Ciutat morta, de Xapo Ortega y Xavier Artigas y producido por Metromuster, una sociedad que nació de la comisión audiovisual del 15M en Barcelona, ha desatado una ola de indignación al cabo de casi dos años de su estreno, en junio de 2013, y de haber recibido un par de premios, en Málaga y en San Sebastián, como mejor largometraje de no-ficción.
Que 800 personas acudieran al estreno en el extinto Palacio del Cinema de la Vía Layetana, rebautizado por los asistentes con el nombre de Patricia Heras, no sirvió para que entonces se alzaran voces «oficiales» de protesta. A mi modo de ver, resulta bastante falso que algunos partidos políticos de izquierda reclamen ahora que se revisen las sentencias del denominado caso 4F ante las dudas suscitadas por lo que se explica en este documental.
Que lo pida la CUP tiene un pase, al fin y al cabo desde La directa ya denunciaron en su momento este caso y es que, además, este partido de la izquierda alternativa, comprometido con el movimiento okupa de Barcelona, no ha ocupado nunca ningún sitial en el Consell de Cent barcelonés.
El documental cuenta algo que es bastante sabido en Barcelona: que la Guardia Urbana, a menudo, se extralimita y comete atropellos
Lo raro es que el todavía líder de ICV-EUiA en el Ayuntamiento de Barcelona, Ricard Gomà, haya considerado ahora que es «urgente» reabrir el caso que recoge el documental teniendo en cuenta que el 4 de febrero de 2006, cuando un guardia urbano resultó gravemente herido en el transcurso del desalojo de una fiesta okupa y se desató el caso, él era miembro del equipo de gobierno, junto al PSC de Joan Clos, Jordi Hereu y Carles Martí. En aquellos días lo ocurrido en el casco viejo barcelonés no debía estar entre sus «utopías cotidianas«.
La izquierda «caviar» nunca está cuando se la necesita, aunque ocupe cargos tan altos como los de Gomà, que de 2007 a 2011 fue teniente de alcalde de Acción Social y Ciudadanía y también fue presidente del Instituto Municipal de Servicios Sociales; del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad y del Instituto de Infancia y Mundo Urbano; vicepresidente del Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona o presidente de la Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa de CGLU (Organización Mundial de Municipios). Está claro que no es lo mismo llevar jerséis de Adolfo Domínguez que camisetas compradas en la tienda de la cooperativa.
Es bastante típico de este país que el escándalo llegue inesperadamente y que haya quien se apunte al típico «donde dije digo, digo Diego». Lo ha hecho Gomà, periodistas y periódicos. Lo cuenta muy bien Roger Palà en su blog La nevera. Casi todos los medios reconstruyen su posición con un descaro que asusta. Es un ejercicio de reinvención en toda regla. Si el «documental habla de la mentira, del montaje político y judicial, y de torturas», y lo hace, como dicen sus autores, «tomando partido», las reacciones ante los «hechos que cuando alguna vez lleguen a ser enjuiciados, acaben con el indulto de sus responsables», de aquellos que ahora gesticulan son directamente vomitivas. A los políticos les asusta el efecto electoral de una denuncia, a los periodistas les molesta quedar como esos tontos útiles que son a menudo.
El cine aún es un coto cerrado y de pago. El impacto de lo que se proyecta en las salas de cine no es el mismo que el que proporciona la televisión, que es gratis, y que se puede ver sentado en pantuflas desde el sillón de tu casa. Este documental hubiese pasado sin pena ni gloria, como muchos de los buenos reportajes que emite el segundo canal de la televisión catalana, si no hubiese sido por la decisión de un juez de censurar cinco minutos del documental por posible atentado al honor de uno de los entrevistados, precisamente el sospechoso número uno de las mentiras que denuncia la película.
Con una propaganda como esa, el éxito está servido. Y así fue la noche del sábado 17 de enero, cuando se disparó la audiencia de Sala 33 en Canal 33, que normalmente es pírrica. 569.000 espectadores y un 20% de cuota de pantalla dan fe de ese éxito, que es superior incluso a la de los programas de mayor audiencia de TV3, la señal principal del ente.
El documental cuenta algo que es bastante sabido en Barcelona: que la Guardia Urbana, a menudo, se extralimita y comete atropellos contra jóvenes por el simple hecho de serlo y por vestir de una manera determinada. Las detenciones por discriminación son un atropello intolerable que no es fácil erradicar. Lo sé porque cuando servidor dirigía la UNESCO en Cataluña uno de los programas estrella del convenio que firmamos con el Departamento de Interior era precisamente éste, el que intentaba evitar las arbitrariedades policiales contra los jóvenes y las identificaciones en la calle por motivos raciales, religiosos o estéticos.
También sé, porque lo viví a través de mi hijo, que la Guardia Urbana puede extralimitarse de manera cruel, aunque sólo sea de palabra y con coacciones propias de las dictaduras, y que el juez archive la denuncia por falta de pruebas. Es difícil probar lo que ocurre entre cuatro paredes estando solo ante un par de energúmenos.
Cuando el escándalo se apague todo seguirá en su sitio, menos Gomà, quién será sustituido por Colau para que el gatopardismo izquierdista siga instalado en la Ciudad Condal
No sé si lo que se denuncia en Ciutat morta es «uno de los peores casos de impunidad que ha visto Barcelona», lo que está claro es que se cobró dos víctimas: el agente de la Guardia Urbana que quedó en estado vegetativo tras el desalojo de un centro okupado y Patricia Heras, quién se suicidó en 2011, tras años de espera y juicios, en una de sus salidas de prisión. El filme denuncia las torturas sufridas por los detenidos aquella noche, e incide en el hecho de que los dos agentes cuyo testimonio fue vital para sentenciar a los cinco acusados fueran condenados, más tarde, por torturas y falso testimonio.
Ahí está el quid de la cuestión. La reiteración de los malos tratos, como los que sufrió mi hijo y sus amigos en el garito de la Guardia Urbana de La Rambla, y que ningún gobierno de izquierdas, con ICV-EUiA en ellos, supo atajar en las tres décadas que estuvo al frente del consistorio de Barcelona. La hipocresía de esa izquierda «caviar» llega a extremos inauditos. Ahora resulta que Guanyem, la candidatura liderada por Ada Colau, se alía con la izquierda de «siempre», con la que ayudó a forjar el «modelo» Barcelona, que a menudo adopta el international style despersonalizado de las grandes ciudades, simplemente porque así puede acceder a las subvenciones públicas para tirar adelante la campaña electoral de la otrora activista PAH.
Cuando el escándalo sobre el efecto del documental se apague todo seguirá en su sitio, menos Gomà, quién será sustituido por Colau para que el gatopardismo izquierdista siga instalado en la Ciudad Condal, esa urbe que expulsa a los jóvenes de sus barrios céntricos y que se presenta como ciudad muerta.