La gran oportunidad de Rajoy
Mariano Rajoy es libre. Tiene un grupo parlamentario de 137 diputados, y necesitará acordarlo prácticamente todo. Pero tiene libertad para actuar en su partido. Ya no está José María Aznar, con una enmienda a la totalidad. Ya no tiene a férreos líderes de opinión –desde el campo conservador– que le puedan afear cualquier decisión. Y, además, está en la recta final de su mandato, porque difícilmente –eso sí– entendenría el PP que quisiera optar a un tercero si agota esta legislatura. Eso le proporciona un enorme campo por recorrer. Lo tiene difícil, pero, al mismo tiempo, dispone de una gran oportunidad.
¿Qué oportunidad? La de buscar consensos en las grandes cuestiones que atenazan el futuro de España. Una de ellas es de carácter socio-económico. Se trata del futuro de las pensiones. Con un modelo productivo que ni él ni los anteriores gobiernos del PSOE han sabido cambiar, y que exige, en cualquier caso, un plan a largo plazo, los bajos salarios no permitirán que el sistema de pensiones se pueda perpetuar por mucho tiempo. Los trabajadores cotizan menos a la Seguridad Social, aunque se llegue a los 20 millones de cotizantes, que es el objetivo de Rajoy para los próximos cuatro años. Y eso exigirá un nuevo Pacto de Toledo en el que participen todas las fuerzas políticas para que el modelo sea sostenible, con propuestas que van desde el descenso de la cuantía de las pensiones máximas, hasta la creación de un impuesto propio para pagar a los pensionistas, una idea que ha defendido en los últimos meses el PSOE.
Pero la otra cuestión es de carácter político y es realmente sustantiva. Se trata del problema que ha planteado el bloque independentista en Cataluña en los últimos años, y la petición –con mayor apoyo– de un referéndum acordado y legal para definir el futuro de los catalanes.
Rajoy, que se opone a esa opción, puede, sin embargo, desactivar el problema con una oferta franca de diálogo. En los gobiernos es importante la determinación, el plan y el programa que se defienden, pero lo es más la química personal que se pueda transmitir. Y en Cataluña, desde el Govern de Junts pel Sí, formado por Convergència y Esquerra, hasta la CUP, se recibiría con los brazos abiertos una oferta de diálogo, simplemente con la idea de tender puentes para acercar posiciones, porque todos los actores implicados saben que no habrá ninguna salida que no sea acordada por todos.
Eso se consigue con propuestas, pero también con personas. Por eso es importante que Rajoy sepa escoger a los ministros que puedan estar más en contacto con los gobiernos autonómicos, en general, y con el ejecutivo catalán en particular.
La recuperación del ministerio de Administraciones Públicas sería un buen punto de partida, después de someterlo a las directrices del Ministerio de Hacienda, que ha dirigido en los últimos cinco años Cristóbal Montoro. Las autonomías no pueden ser sólo objeto de fiscalización, a las que se les exige el cumplimiento de los objetivos de déficit. Entender lo que implica un gobierno autónomo y descentralización administrativa sigue siendo una asignatura que el Gobierno del PP debe superar.
El problema no es tan complicado. El gobierno de Artur Mas, en un lejano ya 2012, se excusó en las negativas que recibía por parte del Gobierno de Rajoy para acordar un pacto fiscal –desbordado por la quiebra financiera del Estado– para lanzar un plan soberanista que le acabó superando. Esa bola se hizo más y más grande, y las distancias con el Ejecutivo central se hicieron insalvables.
Pero el momento ha cambiado. El primer paso para desactivar el problema político –que es el de toda España, no sólo de Cataluña– es designar un interlocutor, y plantear diferentes salidas. ¿Quién lo puede protagonizar? Desde Soraya Sáenz de Santamaría, hasta José Luis Ayllón, o Rafael Català. Desde una figura independiente que conoza la realidad catalana, hasta un peón del PP que sea leal con todas las partes.
Es la gran oportunidad de Rajoy, que ha logrado, de nuevo, la presidencia del Gobierno, aunque sólo disponga de 137 diputados.