La gran decepción de Pablo Iglesias en Europa

En la literatura política china encontramos con frecuencia el concepto “tiānmìng”, con el que se hacía referencia a cómo la pérdida de favor de la providencia, manifestada en catástrofes naturales, plagas y otras desgracias colectivas, mermaba la legitimidad de los gobernantes, acarreando cambios de ciclo de poder que llevaban aparejados un nuevo “espíritu de los tiempos”; el hegeliano “zeitgeist“.

Siendo este último concepto de origen alemán, es plausible concebir que tanto Angela Merkel como Ursula von der Leyen hayan sido más sagaces que sus contrapartes “frugales” a la hora de leer la desafección europea que se respira.

Aunque puede que la flamante y todavía no-nata propuesta de la Comisión Europea acabe siendo un poco como ‘un truco del almendruco’, mediante el cual se obtiene un 46% de capital a fondo perdido, a cambio de contraer un 52% de deuda hasta 2058, no deja de ser un cambio de mentalidad en los centros de poder de la Unión Europea, hasta el punto que los optimistas de guardia no han dudado en tildarlo de “momento hamiltoniano”, en referencia a la asunción de las deudas de guerra de los estados de la Unión por el tesoro federal en 1790.

En cualquier caso, y sin negar la importancia de la iniciativa comunitaria, parece prematuro que la Moncloa ordene redoblar las campanas antes de digerir la letra pequeña, y sin que se alcance un consenso de “hormigas y cigarras” en la cumbre del Consejo Europeo del próximo 18 de junio, no sin que antes haya pasado un proceso de cepillado en Bruselas no exento de patadas en la espinilla por debajo de la mesa.

Por otra parte, y por muy acuciantes que sean las necesidades económicas en los países de la ribera mediterránea, éstos, cuya población equivalente a un tercio del total en UE, deberían trabajar conjuntamente –superando el freudiano narcicismo la de las pequeñas diferencias– para que su peso demográfico tenga una correspondencia institucional equilibrada en los órganos de decisión europeos.

El plan de ayudas es seguramente una reacción al aldabonazo de los jueces del tribunal de Karlsruhe el pasado 7 de mayo, que no dejó de ser un toque de atención a la integridad del ordenamiento jurídico de la UE; que si bien obliga a acelerar la reforma política y económica europeas, implica que no puede ser llevada a cabo como un “fait accompli” siguiendo criterios censitarios envueltos en moralina.

Es impensable que no se lleven a cabo en España reformas de calado

Esto no es óbice para que el paquete financiero propuesto por Von der Leyen, consistente en 750.000 millones de euros, a recaudar mediante la emisión de valores en el mercado de deuda –que obliga a elevar de manera temporal el límite máximo del presupuesto de la EU al 2% del PIB– no deba ser fiscalizado tanto desde arriba como desde abajo, máxime teniendo en cuenta que incluso el porcentaje “no reembolsable” será financiado a través de nuevos impuestos sobre la producción y el consumo (IVA).

Por ello es del todo impensable que no se lleven a cabo en España reformas de calado durante la presidencia alemana de la Unión Europea en el segundo semestre de 2020, franja temporal durante la que se iniciará el desembolso –condicionado– del paquete de ayudas económicas.

Dicho de otro modo; por más que las necesidades de las arcas públicas españolas sean perentorias, el uso de los instrumentos contemplados en el plan de reactivación europea (React EU, RRF, Just Transition Fund y Rural Development) deberá llevarse a cabo a partir de razones estratégicas, máxime cuando el monto ofertado, aún superando en 250.000 millones de euros al reciente plan franco-alemán, está por debajo del billón y medio de euros del plan Soros-Garicano, propuesto al Consejo de Europa por Pedro Sánchez con más fanfarria que éxito.

Por otra parte, aunque algunos integrantes del Gobierno de coalición se dejen llevar por las apariencias y piensen que les ha tocado la pedrea, sus colegas en otros estados miembros son conscientes de que otros retos, previos a la Covid-19, no han desaparecido, como es el caso del déficit de 70.000 millones de euros que se deriva de la salida del Reino Unido, que probablemente llevará a que España pase a ser contribuyente neto del presupuesto comunitario en un futuro más bien próximo.

La propuesta de la Comisión es en realidad el punto de partida para una negociación en la que se hablará de todo, antes de que el plan –de ser aprobado por unanimidad– entre en vigencia el 1 de enero de 2021. En el ínterin, España deberá optar a otros mecanismos europeos basado en recolocación de fondos e inversiones finalistas que obligan a modificar el marco financiero comunitario actual, y precisa de la aprobación preceptiva del Parlamento Europeo, además de la de todos y cada uno de los estados miembros.

Por lo tanto, si en los círculos próximos a Pablo Iglesias creen que todo el pescado está vendido, y que el anuncio de Ursula von der Leyen disminuye el peso político de Nadia Calviño en el gabinete, y abre las puertas al gasto discrecional a espuertas, van camino de sufrir una gran decepción, hasta el punto de que no es descartable que Sánchez lleve a cabo una crisis de Gobierno para soltar lastre, usando como coartada ajustes impuestos por Europa.

El plan puesto sobre la mesa es tanto una tarjeta de crédito como una hoja de ruta

Con todo, el patrocinio del fondo de recuperación por parte de la Comisión Europea apunta a un aumento del peso de la dimisión política supranacional en perjuicio de tecnócratas y eurócratas. De tener éxito, la apuesta de von der Leyen reforzará el proyecto europeo, y se le habrá dado carta de naturaleza como entidad política capaz de superar las crisis gestionando políticamente las grandes divergencias y reconciliando intereses nacionales contrapuestos.

Y esto es lo que desde el Gobierno de España deberían saber entender: que el plan puesto sobre la mesa es tanto una tarjeta de crédito como una hoja de ruta, que nos obliga a hacer bien los deberes, definiendo un plan nacional de recuperación, vinculado a las medidas europeas, que dé prioridad a la transformación y reforma de España, invirtiendo en economía verde, digitalización, salud, educación e investigación y desarrollo.