La formación de la población adulta
La OCDE advirtió la semana pasada del retraso que sufren varias de las grandes economías en la formación de sus adultos. Refiriéndose a España indicó, además, cómo este hecho puede dificultar la reducción del paro y la recuperación de la actividad económica.
Entre las recomendaciones de la organización destaca la necesidad de que se proporcionen más oportunidades de formación continua en el puesto de trabajo.
László Andor, comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, insta, en un comunicado a los estados miembros a «que hagan un mayor uso del Fondo Social Europeo para invertir en competencias y en formación, tanto para los jóvenes parados como para el aprendizaje permanente de los trabajadores de mayor o mediana edad».
El artículo 27 de la Constitución española, establece el derecho básico de la educación y el artículo 40.2 indica que los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales, así como que las políticas en este ámbito lleguen a todos los residentes.
En 2009, el porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años con estudios obligatorios en España se situaba en el 30% (el doble que la media europea). El porcentaje de la población entre 25 y 34 años con bachiller era del 65% en 2008, 15 puntos debajo del nivel de la OCDE. Y de la población entre 55 y 64 años, el 29% disponía del título de bachiller en España mientras que en la OCDE es del 58%.
En Mayo de 2009 el Consejo de la Unión Europea estableció el marco estratégico para la cooperación europea en formación y educación señalando cuatro objetivos estratégicos para 2020:
–Hacer real la educación permanente y la movilidad
–Mejorar la calidad y la eficiencia de la educación y la formación
–Promover la equidad y la eficiencia en la educación y la formación
–Posibilitar el aumento de la creatividad y la innovación, incluyendo el espíritu emprendedor en todos los niveles de la educación y formación
Junto a estos objetivos estratégicos se definieron áreas prioritarias de actuación para el logro de estos objetivos a través del aprendizaje informal, la adopción de orientaciones al desarrollo de competencias, la lucha por el abandono escolar y la fortalecimiento de las relaciones entre instituciones educativas y entidades sociales.
Por ejemplo, el objetivo 2020 indica que el abandono medio del 14,1% (2010) de los estudiantes de 18 a 24 años, se reducirá al 10%, a través de medidas de compensación como el reconocimiento de actividades extracurriculares. La población entre 30 y 34 años que ha culminado la formación superior es del 33,5 % y en 2020 será del 40%. Se destaca que el profesor es importante para prevenir el abandono de los estudios.
El mapa de ruta de la formación profesional (2008) de los ministerios de Educación y Trabajo marcaba cuatro ejes: Excelencia en la formación, reconocimiento de la experiencia, carácter europeo de la formación y ampliación de la oferta.
También la ley de Economía Sostenible del 4 de marzo de 2011 y la ley Orgánica 4/2011 sobre el Catálogo Nacional de Cualificaciones se orientan a reforzar la formación continua y a mejorar los indicadores en la formación continua.
Los beneficios de la formación continua son importantes tanto para las personas que la reciben como para las organizaciones en las que se realiza: competitividad, imagen, servicio, integración socio-profesional, empleo y estabilidad laboral, acreditación de competencias, desarrollo de las personas y empresas cohesionadas.
La crisis económica acentúa la necesidad de adquirir conocimientos y desarrollar competencias y el reconocimiento de la calificación.
Trabajar para hacer realidad el aprendizaje durante la vida profesional, la cohesión social a través de la adquisición de conocimientos, potenciar la creatividad e innovación en las personas adultas y sus entornos de aprendizaje son las prioridades que señalan las administraciones europeas y que, lamentablemente, se desarrollan de forma muy lenta.
