La economía después del 9N

Según un analista de referencia como Josep Olivé, la coyuntura económica europea es floja y por tanto, el motor del Estado no tira. Para 2015 pintan bastos y por eso, la esperanza de Rajoy de que el factor económico disuada el proceso catalán, ha acontecido vana. No sólo por razones económicas, sino porque la torpe política en Cataluña ha convertido el asunto en una cuestión de dignidad democrática.

Las amenazas policiales y judiciales a los voluntarios, a los funcionarios y a los mismos ciudadanos seguro que provocaron –sociología de café– unos centenares de miles de retrocesos de votantes; del mismo modo que hemos podido saber que se produjeron bajas entre los voluntarios después de la furibunda campaña agresiva del Gobierno del PP. Pero si a pesar de todo, 2.300.000 personas participaron en un acto prohibido políticamente y suspendido judicialmente, es porque el Estado ha perdido la legitimidad en Cataluña. Y esto pasará factura estructural.

Por eso, las agencias de rating como Fitch dicen que el 9N empezará a girar factura económica. Por tanto, optan por el mejor escenario: un pacto de un modelo vasco plus, ampliado con competencias exclusivas políticas y culturales. Un estatus próximo al del Estado libre asociado de Puerto Rico.

En segundo lugar, existe la opción de la independencia unilateral que puede acabar pactada, lo que provocaría unos primeros daños colaterales a las dos partes, recuperables fácilmente con cambios estructurales en los sendos modelos económicos; o una secesión sin pactar, y entonces pierde todo el mundo, pero España el doble, porque quiebra por la deuda. Y finalmente, la tercera opción, continuar como hasta ahora, que para la agencia es el peor escenario económico: ¿qué fiabilidad puede dar a los mercados que el Gobierno de un Estado esté enfrentado abiertamente a su región más productiva y que más aporta al PIB?

La agencia norteamericana Bloomberg también publica un editorial sobre el proceso catalán con el título El voto en Cataluña fue un éxito. Ahora, negocien. Dice Bloomberg que la votación puso «las bases para un acuerdo político sobre cuál es la mejor solución». Y cree que Rajoy hizo «por primera vez una elección acertada» cuando decidió no enviar la policía a la votación. Y propone un pacto para hacer un referéndum oficial y permitir un debate libre y abierto. Y abandonar cualquier tentación de judicialitzación del conflicto.

Y para rematar, el semanario británico The Economist insta en un editorial al gobierno español a dejar votar los catalanes. Cruz que tendría que permitir el referéndum, principalmente, por razones «pragmáticas». «Cuando una región tiene una entidad lingüística, cultural y étnica reconocida, no permitirles votar puede tener efectos perversos». Y que cuando una gran mayoría cree que tiene derecho a decidir, «rechazando la demanda, Madrid está ayudando a los separatistas», afirma The Economist.

El pasado domingo la opinión internacional era mayoritaria: el gobierno español ya no controla una parte de su territorio. Multiplicar por cuatro los 600.000 registrados a la V con todas las amenazas es un enorme éxito de los convocantes catalanes. Pero el PP que ha ido oscilando entre la consideración del 9N como una payasada o como un golpe de Estado, de momento opta por la vía de siempre de judicialitzar un problema político.

Si el PP acusa Mas de malversación de fondos públicos, la Generalitat puede denunciar el Estado por amenaza a un derecho fundamental como el de manifestación. Y más cuando la ANC ha recogido un millón y medio de firmas para denunciar el Estado español a los organismos internacionales, como ya hace meses que pronostiqué. Pero puestos a denunciar por malversación, podríamos denunciar a Fernández Díaz por la que ha hecho con el coste de 519.800 euros en el dispositivo policial del 9N, para proteger edificios oficiales, en un día pacífico.

Por cierto, escuchando las entrevistas hechas a Mena y Alonso se ve claro que no había ninguna base legal para ir contra los voluntarios. Y muy poca, casi nula para ir contra el Artur Mas. De aquí las graves contradicciones e incordio que está causando entre los profesionales de la Fiscalía catalana y española el abuso que hace el PP de ellos, por la cobardía de no abordar políticamente una cuestión política. Cualquier continuación de la vía de martirizar a Mas empeorará la legitimidad de España en Cataluña. Véase en esta clave el comunicado enviado por José Montilla, con el que critica una eventual querella contra Mas por el 9N y asegura que el president contará con todo su apoyo.

Otro divertimento de estos días son los argumentos peregrinos, descalificando el 9N porque sólo el 24% del censo dijo sí. En cambio no hay problema en admitir que en Escocia el «no» recibió 2.001.926 votos y por lo tanto un 39,8% de la población impuso su voluntad al 60,2%. O bien que el PP con diez millones de votos, un 23% del censo, ha impuesto su política al 77% de los españoles.

Finalmente, en clave casera ahora empieza la digestión para los partidos catalanes. Los que se verán obligados a bifurcar como CiU e ICV quieren aplazar el proceso electoral. Y a Mas sólo le interesa avanzar si puede hacer la cuadratura del círculo: eliminar CiU y refundar un partido en torno suyo. ERC y CUP por un lado y ANC del otro, pueden presionar para avanzar. Pero con actitud zen. Es Mas quien tiene la responsabilidad de decidir la convocatoria.

Por tanto, calma, y a continuar trabajando en las áreas metropolitanas donde todavía hay trabajo para hacer, precisamente por las izquierdas independentistas, reformistas y alternativas. ¿Qué se puede reclamar de los partidos soberanistas? Claridad en el programa político hacia la independencia, una hoja de ruta y el compromiso con un gobierno de concentración. El tema de si la listas serán tres o cuatro se tiene que valorar en términos de eficiencia electoral global, no partidista.