La deuda pública: prescripción gubernamental y contraindicaciones
Finalmente se ha complacido, con la investidura esta vez no abortada, a aquellos que durante tantos meses se querían cortar las venas ante la persistencia de un gobierno en funciones. De hecho, se ha logrado retrasar un año el llegar a la situación actual en la que confrontamos con elevadas prevenciones el riesgo cierto de que el nuevo gobierno de coalición de izquierdas, -que no necesariamente progresista-, quiera anteponer sus promesas de gasto a la evidente situación de limitación presupuestaria, por otro lado bastante crónica en un país con baja productividad, excesivas prestaciones universalizadas, y con un notable y desequilibrado fraude fiscal.
«Más impuestos o más deuda, -probablemente ambas cosas-, amenazan con convertir la suave desaceleración en algo bastante peor. Algo que podría descolgarnos como país para competir y confrontar las enormes disrupciones económicas globales. Las actuales y las que están por venir»
Las pretensiones iníciales del nuevo ejecutivo, plasmadas en el pacto de gobierno «Un acuerdo para España», son nítidas en cuanto a su voluntad de incrementar el gasto público, en teoría mediante aumentos de impuestos fácilmente convertibles en aumentos del déficit si como es previsible fallan las expectativas de crecimiento de la recaudación.
Este inicio de ciclo gubernamental se produce en un entorno complicado en el que se entremezclan una suave pero clara desaceleración económica; unas infraestructuras envejecidas o con retrasos por la baja inversión post crisis; unos compromisos con Bruselas de contención presupuestaria ya incumplidos en 2019; un sistema de pensiones insostenible en su actual diseño y, en general, una presión creciente para aumentar las prestaciones sociales de todo tipo. Ante todo ello, unos tipos de interés de mercado aparentemente ideales para proseguir en la senda del endeudamiento
Se cruzan por lo tanto un nuevo gobierno ávido de demostrar su «orientación social» y en consecuencia su voluntad de aumentar el gasto público, con un nivel de deuda pública muy elevado y próximo al 100% del PIB, dos veces y media superior al de 2008.
Ciertamente la crisis ha dejado por el camino perdedores y grandes perdedores, con pocos ganadores netos. Segmentos importantes de la población ni han vuelto al nivel de vida anterior ni lo van a recuperar, y este nuevo gobierno genera lógicas expectativas en los colectivos más perjudicados.
Para financiar los planes del gobierno confluyen la voluntad de acabar con una teórica sobriedad presupuestaria que en todo caso ha multiplicado la deuda, con unos tipos de interés golosos que tientan a ampliar el endeudamiento. Se trata probablemente del principal contencioso y motivo de debate actual entre economistas y a través de ellos, entre políticos. En un lado aquellos que reclaman políticas fiscales expansivas para compensar la falta de artillería monetaria y en el otro quienes advierten de la no inocuidad del volumen de deuda a pesar del bajo coste actual de su financiación.
Ciertamente la política monetaria, ampliamente consumida tras años de uso y abuso del dopaje monetario y la represión financiera con la generación casi indefinida de liquidez y los tipos negativos, llega muy capitidisminuida a una posible antesala recesiva. Su misión secular de ganar tiempo, de retrasar la aplicación de medidas reformistas, -siempre impopulares-, para mejorar la productividad, está llegando a sus límites. Ahora los gobiernos se siguen resistiendo a introducir reformas y se giran hacia la política fiscal para seguir gozando de los estupefacientes en forma de tipos negativos para financiar los déficits.
En este enero de 2020 el FMI ha publicado un trabajo académico-práctico importante, «Debt is not free» para prevenir de los riesgos que, ante bajos tipos de interés, minusvaloremos el peligro de altos niveles de endeudamiento en un país. Los autores advierten de la importancia capital del nivel de endeudamiento como predictor de crisis financieras y lo poco que esto se tiene en cuenta.
Kenneth Rogoff, multireincidente analista de los efectos de la deuda sobre el crecimiento y el devenir económico, hacía un apunte similar este pasado diciembre en un breve artículo «Government Debt is not a free lunch«. En primer lugar Rogoff advierte de la enorme «deuda oculta» en nuestros países, especialmente en forma de derechos de los presentes y futuros pensionistas, justo en un momento en el que todo se vuelve negativo para la sostenibilidad del sistema de pensiones en España. En segundo lugar afirma que la complacencia sobre una deuda elevada no tiene en cuenta la imposibilidad de que ante una nueva crisis se logre colapsar de nuevo los tipos de interés como se hizo en la última recesión o incluso la posibilidad de que el cambio climático se reconozca como todavía más dramático, se deban acometer inversiones de urgencia y no se logre la financiación necesaria ante el riesgo de «default». Finalmente afirma que, aunque sea evidentemente cierto que mientras los tipos de interés reales sean inferiores a la tasa de crecimiento real un país se puede permitir ciertos déficits sin aumentar la deuda, no lo es menos que el actual hambre de activos sin riesgo en forma de deuda soberana con tipos negativos se transformaría, ante cualquier importante subida de tipos, en un mayúsculo riesgo de solvencia.
El caso español es especialmente preocupante. Déficit público todavía sin dominar, alto endeudamiento tanto contable como sumergido por pensiones, y un nuevo gobierno que difícilmente renunciará a aumentar el gasto y quizás las inversiones más o menos productivas. Más impuestos o más deuda, -probablemente ambas cosas-, amenazan con convertir la suave desaceleración en algo bastante peor. Algo que podría descolgarnos como país para competir y confrontar las enormes disrupciones económicas globales. Las actuales y las que están por venir.
