La deuda pública: el elefante en la habitación 

El aumento de la deuda pública supondrá uno de los mayores desafíos económicos a los que se enfrentará España en las próximas décadas. El año pasado se cerró con un déficit público del 5%, y España no ha tenido superávit en sus cuentas públicas desde 2007, hace ya más de un lustro. El peso de la deuda sobre el PIB es del 113’2% del PIB, es decir de más de 1’5 billones de euros.  

De ahí que urja preparar un plan dirigido a estabilizar, y en la medida de lo posible reducir, nuestra peligrosa losa de pasivos estatales, como han exigido reiteradamente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el Banco de España y la misma Comisión Europea.  

Por otra parte, a lo largo de este año se articulará la reforma europea de las reglas fiscales. Ello implica que, desde Bruselas, se tomarán medidas para contrarrestar los déficits excesivos y las ratios de deuda elevada de los Estados miembros. Las negociaciones que están por desarrollarse marcarán cómo se alcanzan estos objetivos. 

Plan de consolidación fiscal

España necesita presentar un plan de consolidación fiscal, ya no solamente porque en Europa se vuelvan a implantar reglas fiscales, sino, especialmente, porque el desequilibrio de las cuentas públicas compromete el crecimiento económico y el estado del bienestar a medio y largo plazo.  

Por si esto no fuera suficiente, existen dos factores adicionales que empujan al alza el gasto, comprometiendo la sostenibilidad fiscal de nuestra hacienda pública. Por un lado, el Banco Central Europeo (BCE) ha subido cuatro puntos los tipos de interés, por lo que tenemos que pagar más cuando se emiten nuevos títulos para financiar el déficit. Como la deuda pública tiene una duración media de ocho años, en ese periodo cabe esperar un aumento de gasto anual sólo en intereses de unos 60.000 millones de euros. Esto significa que, para el final de la próxima legislatura, habría que prever un gasto adicional de 30.000 millones, equivalente a toda la recaudación del impuesto de sociedades de 2022. 

El otro factor que impulsa al alza el gasto público es el demográfico, el envejecimiento de la población. Esto significa más gasto en pensiones, pero también en sanidad y dependencia. El proceso de envejecimiento y la jubilación inminente de la generación del baby boom, elevarán el número de pensiones desde los diez a los quince millones, con una tasa de carecimiento medio anual del 1,5% en el periodo 2025-2048. Esta tasa supera al crecimiento potencial de la economía española, estimado en un 1,3% anual, a tenor de un informe reciente publicado por el Instituto de Estudios Económicos. 

En una economía que esté endeudándose a un ritmo desaforado como la nuestra, nuestros gobernantes, en lugar de tirar la pelota hacia delante, deberían iniciar un proceso gradual de consolidación fiscal, es decir, apostar por la austeridad. Y sólo hay dos formas de aplicar la austeridad: o subiendo impuestos o recortando gastos. Ante esta tesitura, las investigaciones del economista italiano Alberto Alesina, fallecido hace tres años, siguen teniendo vigencia. Según sus trabajos, los países que confían mayormente en las subidas de impuestos no suelen equilibrar sus presupuestos ni reducir el peso de la deuda de forma sustancial.  

Los efectos contractivos de los recortes suelen haberse despejado al cabo de dos años y con toda seguridad al cabo de tres; en cambio, los efectos contractivos de las subidas de impuestos no desaparecen —ni se aminoran— al cabo de cuatro años. Esto es así porque las subidas impositivas generan pérdidas irrecuperables de eficiencia desde el lado de la oferta: más impuestos al trabajo es menor oferta de trabajo y más impuestos al capital es menor oferta de capital. 

Las reglas de gasto, como las implementadas en Suiza, han demostrado resultar muy efectivas para controlar el endeudamiento público. En 2001, Suiza celebró un referéndum para poner en marcha un mecanismo conocido como el “freno de la deuda”. La iniciativa, que fue aprobada por el 85% de los votantes y se puso en marcha en 2003, establece que el gasto del gobierno no puede crecer más que los ingresos teniendo en cuenta los diferentes momentos del ciclo económico. Desde entonces, el gasto público del gobierno suizo ha crecido a un ritmo medio anual del 2,2 %. 

Otra idea interesante es la del “balance presupuestario cero”, por el cuál cualquier nueva partida de gasto público debe ir acompañada de la reducción o supresión de una partida existente equivalente. Jimmy Carter, primero como gobernador del Estado de Georgia y más tarde como presidente de los Estados Unidos, utilizó esta herramienta para enfrentar el proceso inflacionario de los años 70. Con el tiempo, la práctica se extendió con éxito al Reino Unido, Singapur y Nueva Zelanda. 

El contexto demográfico y el endurecimiento de los tipos de interés –que aumenta el coste de la deuda– deberían de servir de acicate para abordar, de una vez por todas, un programa de consolidación fiscal creíble en España. Parece claro que el futuro gobierno deberá tomar medidas con el fin de intentar contener el incremento de la deuda pública.