La desmemoria democrática   

La Parte III, del Preámbulo de la Ley 29/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, es un monumento al sectarismo. Un sectarismo que contagia la totalidad de la Ley.  

En el contexto de la Ley de Memoria Democrática, entiendo por sectarismo no solo el alcance que le confiere el DRAE al definirlo como “fanatismo e intransigencia en la defensa de una idea o una ideología”, sino también –sobre todo- como aquella práctica que prescinde u oculta determinados hechos históricos en beneficio –ideológico y político- propio.

Un sectarismo –en este caso, la Ley de Memoria Democrática impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez– que formaría parte del relato al servicio de la legitimización y conservación del poder del gobierno del PSOE-Unidas Podemos. Una Ley para señalar y arrinconar a la derecha.    

Una historia de autor  

Si la ley en cuestión se propone –objetivo loable- la preservación de la memoria de nuestra historia reciente, ¿por qué contentarse con el golpe de Estado del general Franco, la Guerra Civil y la etapa de la dictadura franquista y unos pocos años más? ¿Por qué no incluir también el período de la Segunda República habida cuenta de la relación existente entre ambos períodos? Porque, al legislador –la mayoría parlamentaria encabezada por el PSOE y Unidas Podemos- le interesa disfrazar, disimular, encubrir u ocultar la Segunda República. Para seguir gobernando.  

La Ley de Memoria Democrática consagra una suerte de historia de autor en la que no cuentan los hechos, sino quienes los protagonizaro

De nuevo, ¿por qué limitarse a la etapa franquista? Porque, de lo contrario, la historia –esos antepasados que están ahí- les podría salpicar y manchar de una u otra manera. Es decir, adiós al relato pro conservación del poder por la vía de la criminalización de la derecha. Por cierto, ¿quién les ha dicho que la derecha española de hoy es la heredera de la dictadura franquista de ayer? Quizá alguien podía decir que la izquierda española de hoy sí es la heredera de una izquierda de ayer poco edificante.  

En cualquier caso, la Ley de Memoria Democrática consagra una suerte de historia de autor en la que no cuentan los hechos, sino quienes los protagonizaron. Una manera de censurar la historia a la carta.    

Terror en la retaguardia       

De la Ley: “el régimen franquista impuso desde sus inicios una poderosa política de memoria que excluía, criminalizaba, estigmatizaba e invisibilizaba radicalmente a las víctimas vencidas tras el triunfo del golpe militar contra la República legalmente constituida”. Cierto. Pero, ello no implica que la Ley de Memoria Democrática excluya, criminalice, estigmatice o invisibilice a las víctimas de la Segunda República –usurpación de propiedades, checas, juicios sumarísimos, fusilamientos en la cuneta o frente al muro del cementerio- que fueron ejecutadas por los republicanos. La democracia ha de reconocer a todas las víctimas.     

¿Acaso en el bando republicano no había homicidas ni golpistas? Ahí está el “terror en la retaguardia” de la republicana y feminista Clara Campoamor, hoy reivindicada por el PSOE, que huyó de Madrid por miedo a que el Frente Popular la asesinara (La revolución vista por una republicana, 1937).  Una Clara Campoamor que afirmaba que el socialismo era un adversario de la democracia.   

De la Ley: las leyes del régimen franquista “establecieron importantes medidas de reconocimiento y reparación moral y económica a las víctimas que habían combatido o se habían posicionado a favor del golpe de Estado”. Cierto.  ¿Por qué la democracia no puede hacer lo mismo con los republicanos -que los había y fueron muchos- víctimas de la República?  

Los nietos y biznietos quieren saber  

De la Ley: si a finales del XX se impulsan políticas de reconocimiento y reparación “cuando la llamada ‘generación de los nietos’ quiso conocer lo que pasó con sus antepasados y exigieron la recuperación y el reconocimiento de la dignidad de las víctimas republicanas”, ahora, en el XXI, “se abre una nueva fase en las políticas de memoria que conecta con mayor claridad, aunque de manera paulatina, la memoria democrática en España con la memoria europea y con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que se plasma en los principios internacionales de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”. ¿Por qué no hacer lo mismo para que los nietos y biznietos conozcan lo que pasó durante toda la década de los 30 del siglo XX?  

La resignificación democrática 

De la Ley: “se erigieron monumentos conmemorativos y panteones por todo el país, se inscribieron los nombres de los «caídos» en placas en las iglesias, se establecieron fechas conmemorativas y se nombraron municipios, infraestructuras, calles y avenidas en honor de personajes impulsores del golpe de Estado, de la dictadura o de hechos considerados gloriosos por el régimen franquista”. Cosa que obliga a la “resignificación democrática contemporánea de las políticas franquistas de memoria”. Sea. ¿Por qué no proceder a la “resignificación democrática” de monumentos, de placas y de nombres republicanos del nomenclátor que no hicieron méritos para seguir ahí?    

Una Ley que no se cumple  

De la Ley: “con esta ley se pretende cerrar una deuda de la democracia española con su pasado y fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana. Y, en esta medida, es también un compromiso con el futuro, defendiendo la democracia y los derechos fundamentales como paradigma común y horizonte imborrable de nuestra vida pública, convivencia y conciencia ciudadana”. Así concluye el Preámbulo de la Ley de Memoria Democrática. Es una pena que no se cumpla.   

La Ley que puede calificarse de revanchista dada la desmemoria interesada que evidencia

Como tampoco se cumple el artículo 1.1: “La presente ley tiene por objeto la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, entendida ésta como conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España, con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales”.  

Una memoria selectiva 

Un final de Preámbulo y un artículo que van contra la memoria selectiva que caracteriza la Ley impulsada por el Gobierno. Una Ley que podría contradecir el artículo 14 de la Constitución: “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Una Ley que puede calificarse de sectaria por el hecho de excluir a una parte de los ciudadanos. Una Ley que puede calificarse de revanchista dada la desmemoria interesada que evidencia.  

Una Ley por encima de la historia 

Roberto Villa García –profesor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos-, al referirse a la Ley de Memoria Democrática, señala que estamos ante “la misma operación puesta en práctica durante la dictadura con propósitos inversos” (Víctimas sin victimarios: El olvido de los demócratas en la ley de “Memoria Democrática”, 2022).  

En definitiva, la Ley de la Memoria Democrática estaría por encima del conocimiento histórico al imponer un falso relato con el objetivo de deslegitimar al adversario político.  Y la sombra de Franco es alargada.