La «desconexión» de Mas con… Cataluña

Siete meses. Artur Mas ha decidido acelerar. Quiere que el Govern trabaje de forma intensa hasta el 27 de septiembre. El objetivo es demostrar que CiU ha reaccionado ante los casos de corrupción y ante las acusaciones de que ha dejado de lado las políticas sociales para centrarse en el proceso soberanista.

Para ello, el Govern aprobó la ley de transparencia, y ahora todos los departamentos deben adaptarse a los nuevos requisitos, que pasan por mejorar los métodos de contratación pública. Sin embargo, la sombra de Jordi Pujol es demasiado alargada, y Mas es consciente de que Convergència Democràtica es ahora un instrumento político al que se le acabó su tiempo.

Todo lo fía a su persona, y a la posibilidad de reunir, en torno a él, una candidatura ganadora. Mas quiere mostrar que él se enfrentó a la familia Pujol, y que tomó medidas que le supusieron un auténtico calvario, como apartar a Jordi Pujol Ferrusola, el hijo de Jordi Pujol, de las finanzas del partido, para que las asumiera Germà Gordó. En aquel momento, con el primer gobierno del tripartito, se intensificaron las críticas a Mas, que partían de la propia familia: «Nos hemos equivocado con el sucesor», decían de forma constante. Curioso. 

Para paliar la segunda crítica, Mas propone ahora, en el último tramo de la legislatura, subir la renta mínima de inserción, y un paquete de medidas «urgentes» para atender a las personas perjudicadas por las hipotecas. En el primer caso, se trata de un acuerdo con Esquerra Republicana, y supone una partida de 12 millones. En el otro, se antoja que todo llega bastante tarde. Hay otras medidas en ese horizonte de siete meses, como la reforma del Servei Català d’Ocupació, pero que Mas ya había pactado con el PP, cuando accedió al Govern, y que sigue enfrascada en el Parlament.

Lo que de verdad quería explicar Mas es la creación de dos comisionados, uno de transparencia, para que se sepa que está combatiendo la corrupción, y el otro sobre la transición nacional y las estructuras de estado. Nombrará, la próxima semana, a la ex magistrada Núria Bassols y al jurista Carles Viver Pi-Sunyer al frente de las dos responsabilidades, aunque los dos ya estaban en ello, con un rango político menor.

La idea de Mas es mantener con brío a los sectores soberanistas, para que perciban, –siempre son las percepciones, no las cuestiones tangibles– que todo sigue según lo previsto, y que Cataluña preparará las necesarias estructuras de estado por si, en algún momento, «se produce una desconexión de España».

Es decir, el Govern quiere ensanchar la Agencia Tributaria de Cataluña, con contrataciones de personal de la Hacienda española –que Montoro ha decidido torpedear-– por si algún día se produce una desconexión.

Y esa es la contradicción en la que ha caído Mas, desde que decidió adelantar las elecciones en 2012, iniciando un camino del que no sabe salir. El propio President lo admitió, al asegurar que los catalanes no han formulado un mandato sobre las estructuras de estado. Lo que pidieron, porque ganaron los partidos soberanistas que lo llevaban en su programa, es el derecho a decidir, que se puede traducir con diversas fórmulas.

Sin embargo, Mas ha iniciado esa carrera, que pasa, fundamentalmente, por la apuesta por una Hacienda propia que sólo podría llegar a través de un acuerdo con el Gobierno del Reino de España, como proponen economistas liberales como Lorenzo Bernaldo de Quirós.

Y es que las circunstancias han cambiado por completo desde el 9N. Si el soberanismo tuvo una oportunidad fue en aquel momento. Si Mas hubiera convocado las elecciones al Parlament poco después, el Gobierno central hubiera tenido un problema. Pero ahora es Mas el que se ha desconectado de Cataluña si pretende intensificar el pulso soberanista.

El ascenso de Podemos, de Ciudadanos, la situación en Grecia y el correspondiente debate en el seno de las instituciones europeas, la lucha contra el yihadismo, la mejora de la economía, la tradicional inclinación de los catalanes hacia el individualismo, todo ello ha provocado una situación nueva, en la que suena extraño que alguien hable de la «desconexión con España». 

¿Quién querrá desconectarse de la Hacienda española? ¿Los ciudadanos particulares, las empresas, los autónomos? ¿Quién será el primero?

Pero en eso se podrían entusiasmar en los próximos meses los miembros más activos de ese movimiento soberanista. A todos ellos, Mas les brinda su nuevo plan, que tiene fecha de caducidad: siete meses.