La democracia dubitativa y el deterioro del Estado de Derecho

El president Carles Puigdemont, después de haber decidido, según diversas fuentes de su entorno, que acudiría al Senado para hacer sus alegaciones en contra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha reculado. Otro síntoma de debilidad que demuestra que sus continuas apelaciones al diálogo eran falsas, desmentidas por sus propios hechos. Un argumento más para la opinión pública internacional que reclamaba precisamente diálogo como vía de solución del conflicto. Rechazar una invitación a debatir en la casa de la soberanía popular es un gol que se mete Puigdemont en su propia portería. No está precisamente para muchos goles.

Tendremos que seguir especulando en esta democracia instantánea.

Todo se retrasmite súbitamente, como en el futbol, minuto y resultado. Con la enorme ventaja de que los goles se pueden anular en cualquier momento. Es una democracia agotadora porque todo puede ser cambiante. La realidad se resetea en internet que reclama novedades que necesariamente acaban por ser impostadas. No hay suficientes variaciones sobre el mismo tema para alimentar las redes sociales y los líderes tienen que matizar continuamente para parecer novedosos. El exceso de matices para intentar comunicaciones diferentes termina por adulterar los mensajes y establece la duda como posición política. Nadie se siente concernido por la palabra dada que es esencialmente mutante. El resultado es una insoportable sensación de falta de solidez en los criterios de nuestros líderes.

Puigdemont está llegando al final de su escapada

Carles Puigdemont finalmente no irá al Senado sin que haya ocurrido hecho relevante que apuntale la nueva decisión. Los cambios de opinión no necesitan ser justificados porque la verdad ha dejado de ser una exigencia en el discurso político.

La nueva decisión de Puigdemont, ¿es un síntoma que anticipa la declaración de independencia el próximo viernes en el Parlament? ¿Elecciones anticipadas desde la legalidad constitucional? Personalmente estoy agotado de escudriñar cada síntoma en este conflicto esencialmente decimonónico retrasmitido con tecnologías vanguardistas.

Puigdemont tiene afición al ocultismo y a la prestidigitación; entiende la política como un juego de cartas ocultas en el que las trampas no se disimulan envueltas en su falta de claridad.

Nos estamos acostumbrado al esperpento como palanca de la acción política. No se declara la independencia para después, acto seguido, suspender lo no está proclamado es una demostración de este aserto.

Sin voluntad de diálogo, sin apoyos exteriores y con la economía catalana camino del colapso, Carles Puigdemont está llegando al final de la escapada. Encerrado con su sanedrín en el Palau de la Generalitat con sus propias decisiones que le dirigen a un abismo que puede envolvernos a todos.

La falta de claridad, la duda, no es patrimonio exclusivo de Puigdemont. Ya están en marcha los procedimientos, probablemente los únicos que dispone nuestro Estado de Derecho, para devolver la legalidad a Cataluña, y los protagonistas de la decisión también manifiestan dudas sucesivas. “Todavía estamos a tiempo” de parar la aplicación de la ley es un mensaje cargado de servidumbres que siembra el desconcierto en la sociedad. “Nadie quiere aplicar el artículo 155”, repiten hasta la saciedad los líderes constitucionalistas.

Los gobernantes tienen la obligación de restablecer la legalidad con los mecanismos jurídicos con los que se cuenta

Desvirtúan la esencia del conflicto. La primera obligación de los gobernantes ante un asalto al estado de derecho y a la democracia es restablecer la legalidad con los mecanismos contenidos en el ordenamiento jurídico. Insistir en la complejidad de las medidas adoptadas es demostrar falta de confianza en sus decisiones. Y eso desconcierta a la opinión pública. No hay una crisis grave y profunda que pueda ser afrontada con decisiones sencillas. Pero la democracia representativa traslada a los gobernantes elegidos la obligación de solucionar los conflictos. Y ante un conflicto grave, lo que esperan los ciudadanos es que se les transmita la confianza en que los líderes tienen el control de lo que sucede.

Es un círculo cerrado: como la nueva tecnología política obliga a hablar solo por no estar callado, los mensajes sucesivos, querer apuntalar todos los riesgos, solo transmite falta de confianza. Ahoga por repetición la fortaleza de la decisión tomada. La resultante es una democracia con apariencia de estar acomplejada ante el cumplimiento del deber.

La negativa del president de la Generalitat de acudir al Senado cierra el camino a cualquier solución acordada. El Gobierno y quienes le apoyan, PSOE y Ciudadanos no solo no tienen ninguna necesidad de insistir en las razones que les asisten, sino que además hacerlo constantemente puede poner en duda la fortaleza de sus convicciones.

Ahora ya resultan irrelevante las intenciones ocultas de los secesionistas porque sus malabarismos son solo anécdotas en unos actos claros de rebelión contra el Estado de Derecho. Es necesario demostrar convicción en que fuera de la ley no puede existir democracia.

Quien haya pensado que existe un camino fácil para restablecer la legalidad demuestra una enorme ingenuidad. La única garantía es la aplicación de mecanismos constitucionales para defender la Constitución. Lo demás dependerá del acierto con el que se apliquen las medidas legítimas que se aprueben en el Senado. Pero ese es el riego y el compromiso esencial de la acción de Gobierno.

Es hora de demostrar que la democracia española no está acomplejada ante el mayor desafío desde el 23F

A veces hay que frotarse los ojos al observar la falta de solidez universal en el compromiso de líderes políticos y de opinión ante unos hechos de tal gravedad en contra de la Constitución. No estamos ante un debate político sino ante un acto insurreccional muy complejo, por el asalto a la democracia se produce en una pinza activada desde instituciones del estado en conexión con elementos antisistema que ni siquiera están interesados en la independencia porque su objetivo es la destrucción misma del Estado de Derecho.

El paroxismo de quienes han saltado todas las talanqueras del ordenamiento jurídico es el anuncio de que van a emprender acciones legales contra las instituciones del estado que ellos han dinamitado. No reconocen la Constitución ni la Justicia española, pero anuncian recursos ante el Tribunal Constitucional, cuyas sentencias no acatan, para parar las acciones de un estado al que no reconocen utilizando los mecanismos que ellos no ofertan disimulos en ignorar.

Cada vez que sale un ministro reincidiendo en las razones que les asisten debilitan la fortaleza de las decisiones que toman. Cada vez que el PSOE matiza sus compromisos con el gobierno ponen en duda la solidez de sus decisiones.

La gravedad de los hechos a los que tenemos que hacer frente tiene una liturgia donde no caben más dudas, más cautelas ni más justificaciones.

Es hora de demostrar que la democracia española no está acomplejada ante el mayor desafío contra la Constitución desde el 23-F.