La CNMC ante el reto de actualizar sus estructuras para defender la competencia
Frente a uno de los más complejos problemas con los que se enfrentan las economías modernas –en el marco de un mercado globalizado– para las que la concentración se ha convertido en una necesidad que obliga a gobiernos de medio mundo a debatirse entre el deseo de sustentar su industria nacional y su voluntad de proteger a los consumidores –al intentar mantener cierta competencia del mercado nacional con objeto de estabilizar los precios–, el secretario general del PSOE, denunciaba en el XVII Congreso de la Empresa Familiar la «ausencia» de competencia en sectores estratégicos de la economía española, a la vez que criticaba que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) «no juega el papel» que debería en esta materia.
La aportación de Pedro Sanchez al debate se reducía a lamentar que el organismo regulador y supervisor está «copado» por miembros afines al PP. A la vez, defendía la necesidad de cambiar el mecanismo de elección de los miembros de la CNMC, pedir «organismos reguladores independientes con personas capaces» en la seguridad de que «una economía con competencia es una fábrica de emprendedores» y enfatizar que, para un hombre de «izquierdas y socialista», la competencia es fundamental para conseguir una «economía moderna y una sociedad justa».
En estas circunstancia y en este escenario, la CNMC no tiene la tarea fácil y el macrosupervisor, que cumplió recientemente un año de funcionamiento tras la fusión de antiguos organismos de la Competencia, la Energía y la de las Telecomunicaciones, tiene que batallar día a día por demostrar que el papel que juega es el que se espera de él.
Hasta ahora, y como no podía ser de otra manera, la CNMC acapara más sólidas críticas que gratuitos parabienes. Es el resultado de meter el dedo en el ojo a sectores como el de los combustibles de automoción, el eléctrico, el de las telecomunicaciones, el de los fabricantes de automóviles, los colegios profesionales, los fabricantes de extintores, Correos y un largo etc.
Pero si al secretario general del PSOE se le pueden aceptar mítines sobre la importancia de la competencia en la economía española, analistas y observadores resaltan la necesidad de que la CNMC ajuste criterios y valoraciones y aprenda a evaluar las peculiaridades de cada sector o, lo que es lo mismo, que abandone el trazo grueso y empiece a utilizar con precisión la plumilla de tinta china.
España y la Unión Europea han experimentado cambios radicales en materia de competencia, aunque ello no es óbice para que sigan existiendo estados proteccionistas como el francés o liberales como el inglés.
Técnicos de la Competencia de la CE convienen en ponderar la labor de la CNMC, aunque con frecuencia reciben sólidas quejas sobre sus pautas de comportamiento, debido al hecho de que, en ocasiones, se ejerce el poder de forma un tanto prusiana y funcionarial, aunque ello representen fuertes daños para un sector o una industria.
La economía ha cambiado y las reglas del juego también. Resulta difícil seguir midiendo a los sectores y a las empresas como hace una o dos décadas. Ese es el reto de la CNMC, si de lo que se trata es de hacer frente a una competencia mundial cada vez más intensa y potente. Ello no es posible, por ejemplo, con multitud de normas autonómicas que resquebrajan la unidad de mercado o la existencia de cientos de miles de pymes a cual más pequeña, lo que hace imposible que se innove, se investigue o se alcance un nivel competitivo en ese mercado global.
En este escenario, jugar al maniqueísmo no parece una buena receta y, necesariamente, ni toda empresa grande es perversa, ni lo pequeño y troceado es digno de alabanza.
El debate se hace inmenso, aunque puede resultar de interés situar el foco sobre uno de los sectores que más futuro tiene: el de las telecomunicaciones. Que, según el CEO de Vodafone en España, sólo estará compuesto en el futuro por tres empresas: Telefónica, Vodafone y Orange. Es un hecho incontrovertible si Europa aspira a competir con EEUU o Asia en este importante campo.
«Las telecomunicaciones constituyen uno de los sectores más dinámicos de la economía y uno de los que más pueden contribuir al crecimiento, la productividad, el empleo, y por tanto, al desarrollo económico y al bienestar social, afectando directamente al círculo de protección de los intereses generales. La situación económica y financiera que afecta a una gran parte de los países desarrollados, la necesidad actual de fomentar la inversión e impulsar la competencia, son elementos esenciales a considerar en la revisión del marco regulador. El sector de las telecomunicaciones, sujeto a un proceso de permanente innovación tecnológica, necesita de constantes e ingentes inversiones, lo que requiere acometer proyectos de gran envergadura que pueden verse afectados si se exigieran en condiciones distintas de despliegue de redes y de comercialización de servicios en los diferentes ámbitos territoriales. Para ello, según estimaciones de la Comisión Europea, se deberá invertir hasta 2020 una cantidad comprendida entre los 180.000 y 270.000 millones de euros, calculándose que en España serán necesarias inversiones del sector privado por valor de 23.000 millones de euros».
Los cuatro párrafos anteriormente citados no han sido redactados por el lobby del sector de las telecomunicaciones, sino que figuran en el preámbulo de la ley de telecomunicaciones, publicado en el BOE, aprobada hace unos meses y que marca una senda a seguir por parte del regulador. Sin embargo, no parece que sea así.
El sector muestra su descontento con la política y los métodos de la CNMC en la medida en que siguen anclados en un modelo regulatorio ex ante que, lejos de favorecer la competencia y la salud del mercado, la dificulta, distorsiona y entorpece.
En opinión de expertos del sector, este regulador –y el anterior, la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones (CMT)– siempre ha pensado que la intervención es imprescindible, y han pecado, una y otra vez, de no dejar al mercado desarrollarse de una forma más natural con un modelo claramente intervencionista y anticompetitivo.
Como consecuencia de ese error de planteamiento, el regulador ha dictaminado en muchas ocasiones «contra el grande», sin atender a argumentos y buscando en ocasiones el favorecer a los entrantes para así «congraciarse» de alguna manera con la opinión pública, con los consumidores o con los propios medios de comunicación.
Este modelo regulatorio, más propio casi de los años 90 o de la primera década de este siglo, tiene necesariamente que actualizarse de acuerdo con el momento que vive el mercado.
De hecho, una simple vista atrás permite comprobar cómo, la CMT primero y la CNMC ahora, han acertado, precisamente ,cuando no han intervenido y han dejado al mercado autorregularse. Así creció el mercado móvil, así se instalaron con rapidez y eficacia los Operadores Móviles Virtuales, y así disfrutamos ahora de tres redes de fibra óptica diferentes, que convierten a España en líder en infraestructuras fijas de nueva generación.
Todo ello parecería suficiente argumento para que la CNMC decidiera velar, ex post, por el cumplimiento de las normas y dejarse de poner vendas donde no hay heridas. Pero no ha sido así. Los expertos sí que han detectado que en el paso de la CMT a la CNMC se ha perdido parte de la especialización en el mercado de las telecomunicaciones y del conocimiento de los expertos, lo que ha dado como resultado que la actual sala de Competencia esté más enfrentada que nunca, y que las decisiones, y posteriores sentencias, salgan adelante con mayorías pírricas y varios consejeros en contra.
Todo ello explicaría el por qué la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, a donde los operadores acuden con sus recursos cuando no están de acuerdo con el regulador, acaben tumbando cuatro de cada cinco resoluciones de la CNMC.
