Justicia injusta
Recientemente, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, ha dictaminado una sentencia que anula los acuerdos de ampliación de capital adoptados en una Junta General del Atlético de Madrid del… ¡27 de junio de 2003! Han pasado desde entonces 10 años y medio. A raíz de ese auto, que ignoro si aún es recurrible ante alguna otra instancia, el actual accionariado de esa entidad no es legal.
Con toda lógica y sin que le falte razón, el club se ha apresurado a comunicar, a todos sus accionistas, abonados y aficionados que, tras esta decisión judicial, sigue “plenamente garantizada la estabilidad institucional y social de la que hoy goza el club gracias a la labor… etc., etc.” Es decir, que no pasa nada, que todo sigue igual pese a ese proceso judicial que han perdido, seguramente porque, tras 10 años y medio, carece de cualquier tipo de eficacia.
¿Ahora, qué? No he leído nada en los grandes medios, quizás porque el escepticismo sobre la aplicabilidad de esta sentencia pueda más que su voluntad informativa. Pero uno de los demandantes, la asociación deportiva Señales de Humo, asegura que pondrá en marcha los mecanismos judiciales necesarios para obtener la ejecución de la misma. ¡Qué Dios les pille confesados y que los hijos de los firmantes de la querella puedan algún día verlo! Hay que tener la moral de un hincha del fútbol para seguir en un caso así.
La misma Sala del Supremo emitió hace algunos días otra sentencia, en este caso favorable a la familia San Martín –empresarios de la construcción–, que condenaba definitivamente a Alberto Cortina y Alberto Alcocer, los conocidos como los Albertos, a abonarles los 10,8 millones de euros que les robaron en enero de 1988, que con los intereses legales devengados suman una cifra de casi 25 millones.
No. Ni ustedes han leído mal, ni yo me he equivocado al escribir: esta sentencia llega… ¡25 años después! La única exageración que les admito en el texto es que los afectados interpusieron la denuncia en 1993, aunque el delito se cometió en el momento citado. Si les consuela, pongan un retraso de sólo 20 años. Los damnificados eran socios de la pareja en Urbanor y fueron engañados respecto al valor real del solar de la Plaza Castilla, en Madrid, donde edificaron las Torres KIO. La defensa de los Albertos ganó en no sé cuantas instancias alegando prescripción.
En la publicación Tendencias del dinero, Carlos Díaz Güell da una serie de datos sobre la justicia española que extrae de un informe de la Comisión Europea sobre la eficacia de los sistemas judiciales: “El plazo medio para resolver una demanda ante un tribunal español de primera instancia en 2008 (año de referencia del estudio) fue de 296 días, sólo superado por Portugal (430) e Italia (533), ostentando España el índice más bajo de casos resueltos, en relación con los recibidos…” Fíjense, por favor, que estos datos hacen referencia a primeras instancias, antes de empezar el via crucis de las apelaciones y recursos.
No seré yo quien caiga en tópicos derrotistas como que la justicia es un cachondeo o en descalificaciones globales siempre gratuitas. Sería profundamente injusto con muchos funcionarios que actúan cada día con valentía, intensidad y sabiduría. Y desde luego, no podemos ignorar la enorme labor que desempeñan buena parte de nuestros jueces que manejan sumarios complicadísimos y con profundas ramificaciones, que aguantan presiones de todo tipo en esta sociedad con graves problemas de corrupción. Cuando alguien se sienta tentado por ese desánimo que recuerde los casos Bárcenas, Nóos, Pokémon, el 11-M y un largo etcétera.
Pero parece evidente, a la vista de los ejemplos citados en los primeros párrafos del artículo y de los datos de ese informe de la CE, que la justicia española presenta peligrosas carencias; que su lentitud, en general, provoca no pocas injusticias, que no tiene sentido tardar 20 o 10 años en una sentencia definitiva.
La justicia española necesita más recursos y más eficacia, porque es una institución vital de la democracia y probablemente peque en exceso de garantista. Es este defecto, el que la hace más injusta y el que más conviene a los poderosos para mantener sus privilegios. Ese terreno es el preferido por los delincuentes que pueden contratar grandes equipos de abogados, especializados en retrasar la acción judicial y de lo que la reciente historia española está llena de ejemplos que todos tenemos en la cabeza.
Lamentablemente, parece que nuestro ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, está más preocupado por el aborto o la criminalidad de determinados manifestantes que por estos temas. Y una buena parte de nuestros partidos políticos tan contentos: recuerden la reciente renovación del CGPJ que se repartieron felices PP, PSOE, CiU, PNV y IU. Y ello sin hablar de la escandalosa injerencia del poder ejecutivo en el judicial con el asunto de los indultos. A la vista de esto, y pensando en un final menos negativo para este artículo, sólo se me ha ocurrido lo de que afortunadamente no hay mal que cien años dure.
