¿Jornada laboral de cuatro días? Depende
Antes de reducir la jornada laboral por decreto, necesitamos evidencia robusta sobre qué tipos de actividades económicas, ocupaciones, trabajadores y empresas pueden permitírselo
En junio de 1930 el célebre economista británico John Maynard Keynes presentó una ponencia en Madrid titulada Las posibilidades económicas de nuestros nietos. En la conferencia, Keynes predijo que en cien años los europeos llegarían a un nivel de desarrollo tecnológico que facilitaría la reducción de la semana laboral a tan solo quince horas. Ha pasado casi un siglo y la profecía de Keynes parece lejos de cumplirse.
La mayoría de los países industriales no ha cambiado de forma sustancial la semana laboral de cuarenta horas. Según datos de la OCDE, en 2019 en España se trabajó, en promedio, 1.686 horas, bastante menos de las 2.137 horas de México, pero casi 300 horas más que en Dinamarca.
Estos días el debate sobre la reducción de la jornada laboral se ha reavivado con fuerza. En 2021 el Ministerio de Trabajo presentó una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que pretendía incorporar un proyecto piloto, sustentado con fondos europeos, para experimentar con la instauración de una jornada de 32 horas. La propuesta del experimento no fue aprobada en el Congreso. Sin embargo, parece que se ejecutará en la Comunidad Valenciana, en el marco del proyecto 4 Day Week Global en colaboración con diversas universidades internacionales.
La productividad laboral en España es menor al promedio de la zona del euro
Curiosamente, Holanda, Alemania y Dinamarca tienen, estipulada por la Directriz Europea del Tiempo de Trabajo, una jornada legalmente más larga − 48 horas en promedio en los últimos cuatro meses. Suiza tiene un límite de entre 45 y 50 horas, dependiendo del sector y la ocupación. Sin embargo, estos países tienen todos ellos, de facto, una jornada semanal media inferior a la española. ¿El motivo? Su mayor productividad; producen lo mismo con menos tiempo.
La productividad laboral en España es menor al promedio de la zona del euro. En 1995, el valor añadido bruto (VAB) real apenas superaba los 27 euros por hora trabajada en España, un 14% menos que en el conjunto de la UEM. Aunque el aumento de la productividad laboral española fue comparativamente elevado durante la crisis, la diferencia con Europa se ha ampliado desde el inicio de la recuperación hasta rozar el 22% en 2018.
Baja productividad en España
La baja productividad del trabajo se debe a distintos factores, entre los que destacan la segmentación del mercado laboral; la alta incidencia del subempleo o del empleo a tiempo parcial no voluntario; y la demografía empresarial de la economía española, caracterizada por la prevalencia de organizaciones de dimensión reducida y poco intensivas en capital tecnológico.
La evidencia sobre los efectos de la reducción de la jornada sobre los salarios es mixta, pero se ha observado en diversos estudios empíricos que se producen premios salariales asociados con la flexibilidad – de nuevo, cuando esta flexibilidad provoca un aumento de la productividad (Golden, 2012). Por otro lado, la literatura encuentra efectos negativos de una jornada laboral más larga y menos flexible derivados del estrés, la fatiga o la imposibilidad de conciliar la vida laboral con la familiar (Pencavel 2016), que puede inducir incluso a un mayor absentismo o a un uso indebido de las bajas por enfermedad.
Lo cierto es que ya existen experiencias previas de empresas que han adoptado esta nueva forma de organización laboral, como es el caso de Microsoft en Japón o de una prueba piloto con varias empresas en Islandia, y las evaluaciones muestran resultados positivos (aumentos de hasta el 39% de la productividad). Sin embargo, estos resultados no son trasladables a todas las empresas, sectores y tipos de trabajadores.
Ya existen experiencias previas de empresas que han adoptado esta nueva forma de organización laboral, como es el caso de Microsoft en Japón
Considerando los efectos tan heterogéneos de esta política sobre trabajadores y empresas, es probable que los resultados no sean generalizables. Preocupa también el coste para las arcas públicas que pueda suponer compensar a las empresas por los aumentos de costes (como ocurrió en Francia, con efectos dudosos sobre el empleo y la jornada laboral). Dicho esto, es mejor contar con los resultados de una prueba piloto − esperemos que con un buen diseño experimental − que legislar sin evaluar.
Antes de reducir la jornada laboral por decreto, necesitamos evidencia robusta sobre qué tipos de actividades económicas, ocupaciones, trabajadores y empresas pueden permitírselo, si tiene efectos indirectos indeseados sobre determinados colectivos (por ejemplo, los más vulnerables) y cuánto sería el coste por empresa y sector.
Medidas para reducir el subempleo
Finalmente, cabe recordar que las administraciones ya tienen a su abasto instrumentos de política pública para ayudar a las empresas a mejorar su productividad como, por ejemplo, medidas para reducir el subempleo, incrementar la intensidad competitiva de los mercados y el capital tecnológico de las empresas, o aumentar la flexibilidad de la jornada laboral a través del teletrabajo.
En España, la disminución de la jornada laboral no sucedió de forma brusca a partir de los cambios normativos, sino gracias a los aumentos de productividad empresarial. En la industria textil en Cataluña, por ejemplo, la jornada laboral era significativamente inferior a la legal en los años veinte (Llonch Casanovas, 2004).
Estaremos atentos al diseño y la publicación de los resultados de la prueba piloto, pero es conveniente no poner el carro delante de los bueyes.