2019: el año de la normalización en Cataluña

Lo correcto enfrentado a lo conveniente. Desde que el juez Llarena desgranó los presuntos delitos de los miembros del gobierno de Puigdemont, he leído muchos comentarios sobre la conveniencia del mismo y la presión preventiva que se ha derivado.

Muchos de esos comentarios proceden de las mismas personas que se quejan de la politización de la justicia. Quienes defienden a la vez una justicia independiente y lo contrario en realidad suspiran, tal como indicaban las leyes de transitoriedad, por una justicia sometida al poder político.

A Rajoy, pendiente de los presupuestos, no le convienen los encarcelamientos

Esta semana vimos cómo el fiscal general del Estado trataba de impulsar la excarcelación del exconseller Forn. No parece que al gobierno de Rajoy, pendiente de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, ni la agenda ni la instrucción de Llarena le sea lo más conveniente. Llarena es lo contrario a jueces estrella que conocimos en el pasado: Garzón, incluso Castro.

Si Llarena fuera un juez-político hubiera ralentizado la instrucción y no hubiera dictado prisión para nadie. Tras el debate de investidura, donde la CUP dejo tirados a sus colegas procesistas, lo mejor para los no independentistas era que hubiera proseguido la batalla sin fin entre separatistas.

La independencia de Llarena

Pero ya hemos visto en otras ocasiones que Llarena no parece leer periódicos ni tiene el menor interés en explicarse. Deja sus actuaciones al análisis de articulistas y políticos creándose a su alrededor opiniones basadas, en su mayoría, en ideas prestablecidas y en un desconocimiento total del mundo del derecho.

La independencia de Llarena es utilizada por los separatistas para atacar al Estado español tachándolo de «totalitario» y rebajar el nivel del debate equiparando estado a gobierno. 

Entre los críticos de Llarena están todos aquellos que afirman que sus decisiones contribuyen a generar tensión. Argumentan que las decisiones judiciales reactivan los CDR y devuelven la tensión a las calles. Para esas personas lo mejor sería, supongo, hacer tabla rasa, dejarlo correr. Así, según su visión la tranquilidad volvería a las calles y a nuestras vidas.

Según Llarena, la aplicación del 155 no ha supuesto el fin del riesgo para el estado de derecho en Cataluña

Ruego encarecidamente a esas personas que, si quieren seguir manteniendo su opinión sobre los efectos de las decisiones de Llarena, lean antes el auto del juez. Les llevará un tiempo, son 70 páginas.

En ellas, además de exponer los hechos (malversación de fondos, desobediencia, organización de una conspiración para desafiar al Estado y vulnerar el estado de derecho, organización de los Mossos al servicio de su causa política, etc.) se explica que la aplicación del artículo 155 de la Constitución, basándose en los hechos y las acciones de los dirigentes separatistas no ha supuesto el fin de riesgo, sino que, una vez vuelvan a detentar el poder, su intención es perseverar en la ruptura del estado de derecho en Cataluña.

Las maniobras usurpatorias de Puigdemont

La carta de Puigdemont el viernes, desde Waterloo o Finlandia, usurpando cargo e imagen corporativa de la Generalitat es el ejemplo más evidente de la solvencia de la argumentación de Llarena.  

Así pues, la inacción de Llarena o una interpretación política del derecho, lejos de apaciguar las cosas, nos llevaría a facilitar el desenlace fatal de la separación unilateral y tendría como consecuencia un drama social, económico y personal en Cataluña.

Ignacio González estuvo siete meses en prisión preventiva

Nadie, absolutamente nadie, disfruta de que se encarcele a nadie, excepto a aquellas personas que son detenidas in fraganti cometiendo delitos. Tampoco en este caso la situación de las personas en prisión preventiva es motivo de alegría para nadie.

La realidad, sin embargo, es distinta a como la presenta el independentismo. Ignacio González, expresidente de la comunidad de Madrid, permaneció en prisión preventiva 7 meses. Granados, exconsejero de esa misma comunidad y también del PP, dos años y medio.

La tensión en las calles

Llarena es juez y aplica el derecho de forma estricta pero no vive aislado. Seguro que es consciente del efecto de sus decisiones. La tensión que hoy volvemos a vivir en las calles no es achacable a Llarena, ni al Gobierno. Es solo imputable a aquellos que cometieron delitos siendo conscientes de que los estaban cometiendo.

Lamentablemente, no es cierto que toda la sociedad catalana desee una normalización. Una parte de ella aspira a que el conflicto se enquiste. Así las cosas, dicha normalización solo llegará cuando una mayoría de catalanes tome consciencia de la gravedad de los hechos que se imputa a los políticos procesados y de cuáles hubieran sido las consecuencias en sus vidas en caso de que su proyecto se hubiera consumado.

La normalización sólo empezará tras el juicio a los independentistas procesados

En estas circunstancias, Llarena podría parecer, en primera instancia, que nos aleja de esa normalización pero en el fondo nos acerca a ella. En otoño se celebrará el juicio. En ese momento, se dedicará mucho tiempo a exponer las razones del procesamiento y encarcelación y la sentencia. Cuando se dicte, traerá mucho debate y también recursos.

Solo a partir de entonces empezaremos a caminar hacia la normalización de la sociedad. Eso no pasará hasta 2019. Con toda seguridad, tras las elecciones municipales y europeas del último domingo de mayo del año que viene.