¿Investidura fallida?

Con lo bien que pintaba la investidura, llega la sentencia de Luxemburgo y, de buenas a primeras, paraliza el desarrollo de las negociaciones e incluso amenaza con poner la mesa patas arriba. ¿Terceras elecciones a la vista?

Ni hablar. La alternativa sería demasiado costosa para el PSOE, que correría el riesgo de ceder la mayoría a la derecha o, por lo menos, complicarse todavía mucho más los pactos. Como si no fueran ya bastante difíciles.

Al parecer, todo depende de si Oriol Junqueras es excarcelado o sigue en prisión, es decidir sin poder acceder a su acta de eurodiputado y a la correspondiente inmunidad. O dentro o fuera, no hay término medio.

Evidentemente, la decisión está en manos del Supremo que le condenó. La posición de los fiscales concernidos, compartida por los partidos de la derecha, se resume de un modo muy sencillo: “se siente, pero la sentencia llega tarde; ahora Junqueras está condenado en firme y por lo tanto inhabilitado”.

Si los fiscales no rectifican y los magistrados que le condenaron siguen la doctrina de los hechos consumados en vez declarar nula la sentencia o permitir que salga de prisión y recoja su acta de diputado, lo que en términos políticos y a falta de afinación jurídica es uno y lo mismo, no habrá fuerza, de momento que abra a Junqueras la reja de la cárcel.

¿Significa esto que vamos a terceras elecciones? No, rotundamente no, o por lo menos no de modo mecánico y automático. Lo que reclama ERC es un inmediato posicionamiento favorable de la abogacía del estado, o sea que el Gobierno se pronuncie de modo contundente aunque Pedro Sánchez nade entre ambas aguas.

Tengamos presente que las condenas dictadas por el tribunal que preside el juez Marchena son coincidentes con el tipo delictivo, sedición en vez de rebelión, que propuso la abogacía del estado. Una vez hicieron caso, con lo que las penas, aun siendo muy graves, quedaron reducidas a la mitad. Puede que dos también.

No todo depende pues de si Junqueras se come los turrones con su familia o en la cárcel. Lo que va a pesar en su ánimo y el de su partido es la posición del Gobierno y su abogacía.

Si no hay error u omisión en lo dicho hasta aquí, pocas dudas quedan sobre el contenido del informe gubernamental. Hay que respetar la ley y cumplir la sentencia del tribunal europeo. Junqueras era inmune cuando se dictó.

Visto lo que está en juego, o sea cuatro años de estabilidad, pocas dudas caben sobre el sentido del posicionamiento gubernamental. En este caso, que el Supremo hiciera oídos sordos a Europa y a la vez al gobierno parece harto inimaginable, aunque no imposible. Recordemos que tres miembros del Constitucional ya se pronunciaron en parecido sentido.

Dado que los vientos judiciales, no los políticos, que desde el primer momento han soplado de Europa van a proseguir en el mismo sentido, y con más fuerza si cabe en el futuro, lo prudente sería que el Supremo cumpliera primero y luego solicitara la suspensión de la inmunidad.

El calendario negociador y la estabilidad del país está ahora en manos del juez Marchena

Pero incluso si Junqueras sigue encarcelado, lo previsible es que a ERC le baste con dicho posicionamiento. Las cuestiones judiciales presentadas en cadena por los líderes independentistas van a seguir su curso europeo, indefectiblemente favorables a ellos.

En el peor de los escenarios, y hecha pública la posición favorable de la abogacía, Junqueras sólo debería tener un poco más de paciencia. Sin embargo, existe un serio escollo llamado Puigdemont.

Puigdemont será un ciudadano libre y un europarlamentario por completo inmune en los próximos días. Es probable que no se arriesgue a poner un pie en España, pero circulará por el resto de Europa.

Es más, mientras el Parlamento Europeo tramita la más que previsible solicitud de suspensión de la inmunidad, podría presentarse a unas elecciones autonómicas y tal vez ganarlas.

No impedirlo, porque no está en manos de Junqueras, de Sánchez, de Marchena ni en las de nadie, pero por lo menos combatir contra el expresident en igualdad de condiciones puede ser algo innegociable para el líder republicano.

Podría ser pues, en conclusión provisional, que Pedro Sánchez tuviera que esperar largas semanas e incluso meses hasta que se aclare por completo la situación del preso de Lledoners y la del inquilino de Waterloo.

Eso sí está en manos del Supremo, de modo que más nos vale no ir más allá en el análisis y en las previsiones hasta que se conozca si el Supremo ejecuta la sentencia de Luxemburgo o la declara inaplicable. De Marchena dependen pues el calendario político negociador y la estabilidad del país.