Interventores: un paso más en la desconexión del Estado

Como es habitual en el mes de enero, cada día vamos conociendo algún cambio legislativo fundamental, que el Gobierno y los grupos que lo apoyan en Madrid han introducido por la puerta de atrás a través de la Ley de Presupuestos. Esta vez se trata de la cesión a la comunidad autónoma del País Vasco de la competencia sobre los funcionarios de la administración local con habilitación nacional, es decir, los llamados comúnmente secretarios-interventores de los ayuntamientos. 

En efecto, la Ley de Presupuestos de 2022 introduce una disposición final que altera radicalmente el sistema de garantía de la legalidad de la actuación de las administraciones locales y que supone, casi, el último hilo de conexión de la administración local con la estatal en Euskadi.

Concretamente, y según dicha disposición se transfiere “en los términos que establezca la normativa autonómica (…) la facultad de selección, la aprobación de la oferta pública de empleo para cubrir las vacantes existentes de las plazas correspondientes a las mismas en su ámbito territorial, convocar exclusivamente para su territorio los procesos de provisión para las plazas vacantes en el mismo, la facultad de nombramiento del personal funcionario en dichos procesos de provisión, la asignación del primer destino y las situaciones administrativas”.

Es decir, básicamente, se acaba con la habilitación nacional de este prestigioso cuerpo de funcionarios que garantizan la legalidad y la correcta ejecución del gasto en las entidades locales y, además, el desarrollo de dicha transferencia se concretará “en los términos que establezca la normativa autonómica”.

Hay varios elementos que llaman particularmente la atención y que, además, podrían hacer que dicha disposición incurriese en vicio de inconstitucionalidad.  

En primer lugar, violentando y falseando los trámites parlamentarios, se introduce en la Ley de Presupuestos una cuestión que nada tiene que ver con los ingresos, ni con los gastos ni con las políticas económicas necesarias para su ejecución. Es decir, se quiere introducir en la Ley de Presupuestos algo que, sencillamente, no cabe, como ya ha constatado en innumerables ocasiones el Tribunal Constitucional (STC 76/1992).

Ciertamente, cuando se aprueba un presupuesto hay que realizar algunos ajustes en el ordenamiento y se permite la inclusión de lo que se llama un “contenido eventual”, pero ese contenido está muy tasado y tiene que estar circunscrito a cuestiones “que guarden directa relación con las previsiones de ingresos y las habilitaciones de gastos de los Presupuestos o con los criterios de política económica general en que se sustentan” (STC 237/1992).

En segundo lugar, se modifica un elemento básico de la organización de nuestro sistema de la Administración local, al transferir a una única comunidad autónoma (el País Vasco) «todas las facultades» sobre los funcionarios de la Administración local de habilitación nacional (secretarios, interventores y tesoreros). Se cita,  además, como base para efectuar esta cesión de funciones el artículo 149.1.18ª que precisamente establece que corresponde al Estado (central) «Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas».

Una transferencia de competencias precisa la aprobación de una ley orgánica

La forma en la que está redactada la disposición en la Ley de Presupuestos, más que descentralizar la gestión de unos cuerpos de habilitación nacional, parece más bien que está operando una transferencia de competencias en toda regla, para lo que se habría necesitado de una ley orgánica, según establece la propia Constitución (artículo 150.2 CE).

En tercer lugar, esta cesión se hace en unos términos particularmente anodinos, ya que se produce una cesión que se concretará «en los términos que establezca la normativa autonómica». Es decir, se cede a la normativa autonómica la capacidad de establecer en qué términos se asume esta función o competencia, todo ello sin seguir los procedimientos habituales en esta materia.

En síntesis, podría argumentarse que estamos ante una transferencia de competencias encubierta jurídicamente (a través de la Ley de Presupuestos para evitar de paso la necesidad de una Ley Orgánica), que se hace “en blanco”, ya que será la normativa autonómica la que determinará en qué términos recibirá la propia competencia. Hasta aquí los argumentos jurídicos.

En el plano político, los partidarios de esta operación, que esencialmente serán los partidos nacionalistas y ‘neonacionalistas’ vascos (como el PSE o la marca local de Podemos), aludirán seguramente a que “más autogobierno es más bienestar” o a que un mayor nivel de descentralización es siempre más democrático o ‘progresista’, que es un término que les gusta mucho emplear. Nada más lejos de la realidad. Equiparar autogobierno con bienestar es toda una falacia elevada a eslogan por los poderes fácticos locales. ¿Acaso no hay bienestar en Francia, que es quizá el Estado más centralizado de Europa?

Por otra parte, ¿acaso el Gobierno Vasco va, a su vez, a transferir esta nueva competencia a las diputaciones forales o a los propios ayuntamientos? Sería todo un cambio de tendencia, ya que incluso en la reciente Ley de Aportaciones, la que establece los criterios de reparto de los ingresos en Euskadi, los grandes perdedores han sido ayuntamientos y diputaciones y el Gobierno Vasco el que aumenta su porcentaje sobre la recaudación total.

Los expertos se posicionan contra la transferencia de los funcionaros

Voces autorizadas se han posicionado claramente en contra de esta transferencia, incluyendo el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL) o a expertos administrativistas como Francisco Sosa Wagner o constitucionalistas como Josu de Miguel. Particularmente crítico ha sido Sosa Wagner, que participó en su momento y de la mano del entonces ministro Tomás de la Quadra-Salcedo en la configuración jurídica de estos funcionarios de habilitación nacional que suponen una garantía de la aplicación del Derecho y del correcto manejo de los fondos públicos en las instituciones locales.

En efecto, según recuerda el administrativista, el disponer de un funcionario altamente cualificado, protegido frente a interferencias de los poderes políticos y fácticos legales, ha sido una de las mayores garantías de las que han dispuesto los ciudadanos a lo largo de la historia de estos cuerpos. La propia evolución de la administración ha demostrado que cuanto menos han podido condicionar su situación (laboral, económica…) los poderes locales, mayor independencia han tenido estos cuerpos a lo largo de los años, más eficaz ha sido su trabajo y mejores los réditos para los ciudadanos, en tanto que estos funcionarios son los controladores de los políticos que administran el dinero de todos.

De plantear una reforma, habría que proponer que dependiesen incluso de la Unión Europea, que sería la administración más distante del ámbito local. Esta “deshabilitación de las entidades locales”, esta ruptura de la habilitación nacional de la manera en la que lo ha consentido este gobierno, además de crear diferencias no justificadas con otras comunidades autónomas, disminuirá la independencia de estos funcionarios en un momento en el que la gestión de los fondos europeos necesitaría precisamente de mayores controles y transparencia.

Mal hemos empezado en este país en el tema de los fondos europeos y esta reforma desde luego no va en el sentido adecuado. Ya en 2007 se produjo una cesión similar para el conjunto de comunidades autónomas que se revirtió en 2014 y que ahora el PSOE vuelve realizar simplemente para contentar a uno de sus socios parlamentarios que, por cierto, está necesitado de “hacer méritos” ante la competencia que le está haciendo en Madrid y en Vitoria EH Bildu y ante un agotamiento cada vez más visible de su electorado tradicional.

Si el Gobierno de Pedro Sánchez piensa que con esto ha calmado a sus socios del PNV se equivoca estrepitosamente. Ya están amenazando con dejar caer al gobierno si no completa en los términos que ellos quieren la transferencia del Ingreso Mínimo Vital y tienen el ojo puesto en nuevas “reclamaciones” incluidas en ese listado de demandas sin fin que siempre manejan los nacionalistas y que vamos conociendo todos los meses de enero.