Innovación y competencia, hermanos siameses

Siempre hay buen motivo para viajar a Santiago de Compostela, y más si se trata de unas jornadas como las organizadas por el Observatorio de Servicios Públicos (OSUR) en la sala Debates de la Universidad de Santiago de Compostela. OSUR es una plataforma de ámbito nacional que tiene por objetivo velar por la calidad de los servicios públicos urbanos y que representa un  altavoz de las opiniones de los ciudadanos sobre sus servicios municipales.

La jornada congregó a un gran número de profesionales para abordar las consecuencias de la rotura en el mercado de los servicios públicos, provocada por determinadas maneras de proceder por parte de empresas del sector público, como es el caso de La Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama). Creada el año 1992 y controlada por la Xunta con participación del sector privado, Sogama fue concebida como un instrumento operativo al servicio de la política ambiental en la gestión de los residuos sólidos urbanos en Galicia.  

La jornada, presentada por Francisco Caamaño, presidente de OSUR, y dirigida por Ramiro Aurín, vicepresidente, contó con un gran número de ponentes para analizar la praxis del modelo Sogama. Para el profesor Ramón Tamames, Presidente de la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos, la manera de actuar de Sogama y la Xunta en este tema supone una barrera de entrada para el conjunto de empresas del sector, y propicia la concentración de la contratación en un mismo grupo empresarial y sus satélites.

¿Por qué no se permite la entrada de nuevas empresas para que compitan? Es un hecho grave en sí mismo, sin contar que, además, la competencia entre las empresas por mantener o aumentar su cuota de mercado es el principal incentivo para la inversión en innovación. La necesidad de optimizar los procesos y de reemplazar las tecnologías obsoletas impulsa a las empresas a realizar un mayor esfuerzo económico en I+D+i. Pero la actual gestión de Sogama, como remarcó Lorenzo Dávila, director general de OSUR, no solo distancia a Galicia de las mejores soluciones medioambientales, sino que provoca una disminución de eficiencia e innovación que repercute directamente en una pérdida de excedente social.  

Para el presidente del Instituto de la Ingeniería en España, José Trigueros,  en los entornos no competitivos la innovación brilla por su ausencia. En el caso de Sogama, esta falta de competencia y de innovación se produce, según Trigueros, por una redacción de los pliegos de condiciones que se sacan a concurso que en absoluto está orientada a la excelencia ambiental y tecnológica y que no prioriza la mayor capacidad y experiencia de los profesionales, sino cuestiones de dudosa justificación.

Este modelo nació para centralizar el tratamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU), lo cual es ya en sí mismo un propósito discutible y que, a causa de una gestión como mínimo opaca, se ha convertido en una práctica perniciosa para los ciudadanos. En este punto coincidiría con los representantes de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública y Cuidado del Medio Ambiente Urbano (ASELIP) que no dudaron en señalar que los pliegos de condiciones, además de obsoletos, están redactados para  asegurar el éxito a los actuales gestores de las instalaciones, sin primar  ni la modernización, ni la excelencia técnica y económica. 

Sin lugar a duda, esta manera de actuar no solo choca frontalmente con el espíritu de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que señala claramente que los órganos de contratación velarán en todo el procedimiento de adjudicación por la salvaguarda de la libre competencia, sino que  puede quebrantar el artículo 64,  que obliga a la toma de medidas para la lucha contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, así como para prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores. 

Se han tomado una serie de iniciativas en la gestión de los residuos que han provocado la destrucción del mercado y de la competencia

Esta experiencia negativa del modelo Sogama en la gestión del tratamiento  de residuos se quiere extrapolar a un servicio muy próximo al ciudadano como es el de la gestión del agua, mediante el proyecto de Ley del Ciclo Integral del Agua. En la actualidad, la contratación está en manos de los Ayuntamientos, y así debería seguir, ya que su contratación requiere proximidad. Tanto para Francisco Caamaño como para Jesús Sánchez Lambás, fundador de Transparencia Internacional en España, se pone en »grave riesgo» tanto la autonomía municipal como la propia existencia del mercado. Si se quiere apoyar a los ayuntamientos en su desempeño e inversiones en el fundamental servicio de abastecimiento de agua potable y el posterior tratamiento de las aguas residuales, hay otros procedimientos más respetuosos con los ayuntamientos, los ciudadanos y el mercado. 

En definitiva, tal y como señaló Ramiro Aurín, desde la Xunta de Galicia se han tomado una serie de iniciativas en la gestión de los residuos que han provocado la destrucción del mercado y de la competencia, además de una concentración sospechosa de la contratación. Además, esa rotura del mercado no tiene sólo consecuencias económicas, sino también técnicas, de calidad y de eficiencia en la gestión. 

Y por si fuera poco, este mismo modelo se quiere extrapolar ahora a la gestión del agua. Del caldo (gallego), dos tazas.