Indultos, diálogo y mayoría parlamentaria

Toda la información que nos llega apunta a lo que se venía intuyendo desde hace unos meses: los indultos están al caer. Y eso a pesar de la opinión contraria del Tribunal Supremo, de la fiscalía e, incluso, del hecho de que, por una vez, la dócil abogacía del estado ha guardado silencio, no fuera a decir una inconveniencia. Poco importa. Ahora ha empezado el tiempo de descuento para que Sánchez intente justificar la decisión de conceder dichas medidas de gracia, aduciendo argumentos de concordia.

Se puede dudar o no de los deseos de pasar página del presidente del Gobierno, pero es público y notorio que la razón última, de todo a lo que aludo, es la peculiar mayoría parlamentaria que sustenta al presente Ejecutivo. Son los votos de ERC los que están en juego, efectivamente, pero también en cierta manera los de UP, Más País, PNV y toda la morralla periférica. Una variopinta alianza cuyo único nexo de unión parece ser relajar (¿hasta dónde?) la unidad nacional, constitucionalmente establecida. Bueno, últimamente también parte del nexo es legislar sobre “niñes”.

Hay varias cosas que chirrían en ese proceder de Pedro Sánchez. En primer lugar, su credibilidad (una vez más), ya que en repetidas ocasiones dio fe de que los condenados cumplirían la totalidad de sus penas. Por supuesto que él, como cualquier otra persona, tiene derecho a cambiar de opinión. Pero en ese caso lo obligado, especialmente dado su cargo, es justificarlo. No basta con llenarse la boca con la palabra “concordia”. Lo normal, y exigible, es aclarar en sede parlamentaria qué cambios políticos le aconsejan mudar radicalmente de postura.

En segundo lugar, supongo que Pedro Sánchez no ignora que uno de los argumentos que se utilizan, para justificar la concesión del indulto, es aducir que la sentencia fue injusta. Y eso no lo están diciendo solo en el ámbito del secesionismo catalán, algo que no sería sorprendente, sino esperable. En esas condiciones se podría aplicar el dicho de “quien calla otorga”: no desmarcarse rotundamente de aquella afirmación, equivale a poner en entredicho la honorabilidad de la judicatura, en especial del Tribunal Supremo.

Todo lo dicho va encuadrado en el chirrido que completa la terna: no solo los condenados se han negado a pedir perdón, sino que han amenazado con volver a delinquir, si la ocasión se presentara.

En definitiva, lo que está pidiendo al señor Sánchez es que obviemos todo lo expuesto, porque de otra manera puede peligrar su mayoría parlamentaria y darse paso a un gobierno de derechas.

No soy yo quien, en algún momento, haya celebrado el acceso de la derecha al gobierno, ya sea nacional o de cualquier comunidad. Pero parece que es necesario recordar que un sistema constitucional, como el nuestro, establece la posibilidad de la alternancia. Y eso significa que la actual mayoría parlamentaria, en un momento u otro, tendrá que dar paso a otra diferente. Sería muy lamentable que el cambio de administración no se produjera por méritos del PP, sino como castigo de la ciudadanía a una decisión arbitraria, como son los probables indultos, difícilmente olvidable por el electorado.

En definitiva, poner en un brete al estado de derecho a cambio de asegurarse la poltrona, podría suponer una situación resumible en otra sentencia popular: “pan para hoy y hambre para mañana”. Sánchez debía ser muy consciente, supongo, de en qué condiciones edificaba su mayoría parlamentaria. Ahora, y siempre, deberá atenerse a las consecuencias.

¿Y qué decir de los argumentos de los diversos defensores que le han salido a esa iniciativa de indulto? Parten, a mi parecer, de un error de bulto: el secesionismo está vencido. Se quiera o no, la ciudadanía catalana está dividida en aproximadamente dos partes que, con ciertas oscilaciones, representan cada una de ella alrededor del 50%. Es cierto que, con la excepción de los sectores más radicales, se diría que el independentismo ha renunciado, al menos por el momento, a la unilateralidad. Los más moderados apuestan por una labor de zapa con el objetivo de ampliar la base social. Por supuesto que están en su derecho, pero precisamente por eso el Estado ha de cesar en su política de no presencia en Cataluña y dejar claro que los ciudadanos constitucionalistas no están abandonados a su suerte. En ese contexto, los indultos podrían tener sin duda un efecto desmoralizante.

Tampoco es de recibo el argumento que dichos círculos radicalizados rechazan el indulto, pidiendo amnistía. Incluso ellos saben que la amnistía es constitucionalmente imposible y si se procede al indulto, pasarán rápidamente a argumentar que, pese a todo, se trata de una victoria frente al Estado.

Se ha aducido también que como los condenados están a punto de poder disfrutar del tercer grado; a efectos prácticos los indultados quedarían en situación parecida en uno u otro caso. El argumento no se sostiene. Se obvia el valor simbólico del cumplimiento de la condena. De igual manera que sería injusto privarlos de sus derechos penitenciarios que por ley les correspondiera, sería un agravio comparativo y un mal ejemplo, dada su actitud de persistir en la voluntad de delinquir, condonarles la pena.

Por último, y dado que se anuncia una reanudación del diálogo, creo que hay que ser conscientes de que, cara a aquel, los indultos se interpretarían más como una cesión que como una rama de olivo. Ahora bien, si ese diálogo ha de servir para profundizar en las cesiones, entonces me callo.