¿Una herencia universal? Luces y sombras 

Una de las propuestas que ha suscitado mayor polémica estas últimas semanas de campaña electoral es la de la herencia universal de Sumar. La formación de Yolanda Díaz propone implantar una transferencia monetaria de 20.000 euros para cada joven mayor de edad. El pago se efectuaría al cumplir los 23 años, por lo que la medida afectaría a quienes en 2023 tienen 23 años, y a todos los de menor edad. A diferencia de una renta básica convencional, aquellas personas que actualmente ya superen esa edad se quedarán sin cobrar la prestación, que no se otorgará con efectos retroactivos.  

La medida supondría, a razón de medio millón de nuevos receptores cada año, unos 10.000 millones de euros. A algunos les podría parecer mucho, pero recordemos que la revalorización de las pensiones según el IPC en 2022 va a implicar un sobregasto de 13.600 millones y cualquier reforma tímida de contención de gasto en pensiones (por ejemplo, incrementar el período de cómputo a 30 años) generaría un ahorro similar.  

Considerando que nuestro país tiende a proteger –e incluso a enriquecer– a las personas de mayor edad frente a los jóvenes, que padecen un peor acceso al mercado laboral (por la dualidad entre contratos indefinidos y temporales) y el coste de hacerse cargo de un sistema de pensiones deficitario (agravada por este gobierno al incrementar las cotizaciones sociales), la herencia universal supone una novedad interesante en el debate público alrededor de la equidad intergeneracional. Por primera vez reorienta el foco de la redistribución entre generaciones y parece empezar a preocuparse por los jóvenes. 

Por otro lado, si tenemos en cuenta que las herencias son uno de los principales canales de transmisión de la desigualdad de riqueza –suponen alrededor del 65% de la desigualdad en riqueza financiera (Salas-Rojo y Gabriel Rodríguez, 2020) – la medida podría justificarse como una vía para aumentar la igualdad de oportunidades. 

Problema de financiación

Sin embargo, una de las principales debilidades de la propuesta de Díaz es su financiación. Sumar ya han explicado que se financiaría con un tributo especial al Patrimonio-Ahorro de hasta el 10% sobre las grandes fortunas. Como ya hemos explicado en esta columna, este impuesto erosionaría el capital productivo de nuestra economía y fomentaría la deslocalización de contribuyentes. 

Por otro lado, no hay en el mundo ningún impuesto sobre la riqueza que recaude un 0,8% del PIB, más de 10.000 millones. Francia, probablemente el país que más ha conseguido recaudar con un impuesto de este tipo, logró ingresar 5.000 millones, la mitad de lo que plantea Yolanda Díaz, con una economía que puede ser el doble de la española en términos de PIB y con una Administración tributaria considerablemente mejor dimensionada. Además, el país galo no se ha tenido que enfrentar nunca a un eventual problema de doble imposición con sus regiones, como sí sería el caso de España.  

Otra potencial crítica sería el impacto distributivo de la medida. Al ser una herencia universal y no focalizada, su impacto en la reducción de la desigualdad será menor – especialmente considerando las dificultades de financiarlo con un impuesto al patrimonio. La Administración, por el contrario, podría hacer uso de los registros fiscales, calcular la renta agregada del hogar en la vida del niño, estimar su posición en la distribución de la renta de su cohorte de edad y modular la cantidad a percibir en función de ello. Esta solución reduciría considerablemente el impacto presupuestario de la medida y mejoraría su incidencia redistributiva. 

Finalmente, una pregunta importante sin aclarar es si la transferencia se condicionaría al uso del dinero, por ejemplo, a gastos en vivienda, educación o a emprender un negocio, o si sería incondicional. Si finalmente se optara por el segundo caso, correríamos el riesgo de descapitalizar todavía más a la sociedad española a través de impuestos al ahorro para financiar consumo cortoplacista. Otra incógnita es si la herencia universal podría afectar las decisiones de participación laboral de los beneficiarios, es decir si los perceptores acabarían dilatando el inicio de su carrera profesional y desplazando los ingresos laborales en el ciclo de vida. 

La herencia universal de Sumar no parece la opción mejor estudiada

Desde mi punto de vista, una propuesta más razonable para revertir la actual inequidad intergeneracional y favorecer la capitalización de los jóvenes en nuestro país sería abrir una cuenta de ahorro a largo plazo a todos los residentes de España al cumplir la mayoría de edad (que podría ascender a 1.000 euros según la propuesta de Soriano et al 2023). En ella se podrían acumular activos financieros (acciones, bonos, fondos cotizados en bolsa…), con los mismos beneficios fiscales que hoy disfrutan los planes de pensiones. La idea es que el beneficiario no pudiera utilizar los ingresos del fondo hasta cumplir los 50-55 años y que se utilizara como un complemento para la pensión pública del actual modelo de reparto. 

En definitiva, bienvenido sea el debate somo cómo revertir el actual desequilibrio intergeneracional en el sistema de transferencias públicas, cómo reforzar la movilidad social y la igualdad de oportunidades y cómo favorecer la necesaria capitalización a largo plazo de los más jóvenes. Pero la herencia universal de Sumar no parece la opción mejor estudiada para avanzar hacia estos tres objetivos.  

La herencia universal de Sumar no parece la opción mejor estudiada para avanzar en el actual desequilibro intergeneracional, en reformar la movilidad social y en favorecer la capitalización de los jóvenes