Hechos y no palabras

Por primera vez en el último medio siglo Cataluña llega al 19 % del PIB español. Cifras superiores sólo se habían dado a los inicios del siglo XX de forma creciente hasta el periodo de la Segunda República, cuando el PIB catalán superaba en un 30% la media española: el franquismo y el Estado postfranquista hundieron la posición de Cataluña en términos relativos.

La paradoja actual es que en el momento de máximo abandono por parte del Estado y de una beligerancia nada disimulada del partido del gobierno en Madrid, Cataluña repunta cómo nunca, aprovechando la nueva revolución industrial-tecnológica global.

La caída en picado del peso del mercado español para la economía catalana no está lejos del fenómeno. De alguna manera similar al que se produjo después de la intensa represión política y económica que siguió a la derrota de 1714. Ni el catastro ni el destierro de las élites económicas y académicas impidieron que el esfuerzo, una vez más, del capital humano catalán que parece que se fortalezca nadando a contracorriente, pusiera a Cataluña entre los pocos territorios de precoz industrialización europea.

Cuando enfrenta el máximo abandono del Estado, Cataluña repunta como nunca

Segunda noticia. Una vez más, hay una tendencia a la alza de las inversiones que de forma sostenida experimenta Cataluña desde el 2012, cuando el proceso hacia la autodeterminación ya había empezado y las voces catastrofistas del españolismo amenazaban con un apocalipsis inmediato. Cómo ha comunicado el director del servicio de estudios de la Cámara de Comercio Joan Ramon Rovira, en el primer trimestre del 2017 Cataluña ha recibido 856 millones de euros, en comparación a los 506 que recibió el mismo trimestre del 2016. Sólo la Comunidad de Madrid aparece por delante, porque se imputa a la capital inversiones por el hecho de ser la sede de las multinacionales que tienen sus factorías en otros territorios del Estado.

El último año de bonanza inversora en el pasado reciente había sido el 2008 con 2.363 millones de euros, poco antes de que se desplomara casi a la mitad. Pero con una gran diferencia: en aquel momento las inversiones en Cataluña estaban en torno del 8% del total español; ahora son el 20,8%.

El Estado ha ejecutado el 31% de la red viaria y el 26% de la ferroviaria comprometida en Cataluña

Otra noticia. Después de los informes ponderados de Fomento del Trabajo y de la Cámara de Comercio sobre inversiones públicas estatales ha llegado, hace tres días, el informe de la Generalitat sobre los incumplimientos de las inversiones estatales. Por convenios firmados a mediados de la década anterior, y a pesar de la caída de ingresos de la Generalitat, muy superior en términos relativos a la del Estado, aquella ha ejecutado el 69% del previsto en red viaria y el 87% en red ferroviaria. Mientras el Estado sólo ha cumplido el 31% en red viaria y el 26% en ferroviaria.

Quedan pendientes, entre otros, unos clásicos como la N-II Maçanet – La Jonquera, la A-27 Valls – Montblanc, la B-40 Olesa – Viladecavalls, la conexión Ronda litoral-C 32, la variante de Vallirana; o bien La Sagrera retrasada 10 años, el plan de Cercanías parado, como el desdoblamiento de la R3 o el acceso feroviario a la T1 del Prat, los accesos al puerto de Barcelona y el tramo Vandellós – Tarragona.

Íñigo de Serna sigue la tradición de los incumplimientos y la máxima de no hacer ni dejar hacer

Pero Íñigo de Serna sigue la tradición de los incumplimientos y la máxima de no hacer ni dejar hacer, cuando se opone al establecimiento de la euroviñeta como fórmula de financiación del mantenimiento y ampliación de las infraestructuras que tienen que dejar de ser de peaje. El ministro con el “topicazo” habitual dijo que un señor de Burgos no tenía porqué pagar la euroviñeta para circular por Cataluña. En cambio, sí que tendrá que pagar los peajes más caros del Estado y encima algún desinformado todavía culpará a los catalanes.

En este misma línea propositiva, esperando el “niet” soviético de rigor, el habilidoso vicepresidente económico de Cataluña Oriol Junqueras acaba de proponer el rescate anticipado del Eje transversal con un crédito del FLA de 530 millones de euros. Fórmula que ahorraría al sector público un total de 700 millones de euros que de lo contrario contribuirían al aumento del déficit y de la deuda públicas por parte de las grandes constructoras que concertaron el sistema de peaje a la sombra.

En caso de independencia de Cataluña, una buena inspección fiscal tendría de sobra para compensar la pérdida de ingresos.

Estamos atentos, pues, a la respuesta de Montoro, para determinar si el enemigo real a combatir es la deuda de las administraciones o en realidad el combate contra la deuda es el pretexto para liquidar el autogobierno y recentralizar el presupuesto.

Una duda que no está de más cuando también se ha sabido esta semana que, según el Consejo General de Economistas, la recaudación fiscal pierde unos 26.000 millones al año por fraude. Y que la economía no declarada representa cerca del 16% del PIB, unos 170.000 millones; otros estudios la cifran por sobre los 200.000 millones. O sea que en caso de independencia de Cataluña, con una buena inspección fiscal tendrían de sobra para compensar la pérdida de ingresos.

Hay una carencia de propuestas de este unionismo para la regeneración de España

Comprenderán que con todos este hechos económicos que hablan por si solos, la espuma política no me aporte nada de nuevo. Que en Cataluña hayan renacido la Unión y la Convergencia subalternas de manos de políticos renovados como Losada (Units per avançar) y Fernández Teixidor (Lliures) es tan prometedor como lo puede ser la carencia de propuestas de este unionismo para la regeneración de España.

Qué lejos quedan del unionista Philippe Couillard, primer ministro liberal del Quebec, que acaba de proponer una reforma de la constitución de Canadá para el reconocimiento del Quebec como una nación de pleno derecho. La única forma, ha dicho, que los quebequenses no se sientan exiliados adentro del Canadá. Su programa es sencillo y claro: Quebec tiene derecho a decidir; Quebec es una nación reconocida; la lengua mayoritaria del Quebec es el francés; dentro del Quebec se reconocen 11 naciones indias; hay que defender la interculturalidad como la forma de convivencia democrática.

Por todo ello, Quebec tiene que estar presente con voz propia al Tribunal Supremo y tener derecho a veto en las enmiendas constitucionales. Y Quebec es una nación fundadora de Canadá. Trasladen esto en Cataluña y España y comprueben si hay ningún unionista y pseudofederalista que esté haciendo ninguna propuesta similar. Pues, ya está dicho todo.