Hagámonos a la idea: España no aprovechará los fondos europeos

Es cierto que las hemerotecas no perdonan, pero tampoco lo hace internet, con videos e imágenes que perduran para siempre. En pocos años, algunos recordarán al presidente Pedro Sánchez llegando triunfador a la Moncloa entre los aplausos de sus ministros tras el Consejo Europeo de julio de 2020 que aprobó los planes de recuperación. Será un recuerdo amargo, porque para entonces ya sabremos que España no habrá aprovechado los enormes recursos que la Unión Europea puso a su disposición para ayudarle a superar la desastrosa situación económica provocada por la pandemia. La mala gestión y problemas arrastrados desde lejos también contribuyeron, pero eso lo dejaremos para otra ocasión.

Desde 2020 el gobierno ha aumentado su dosis habitual de propaganda a cuenta de los fondos europeos. Así, gracias al diluvio de ayudas directas y a su gestión, los datos económicos españoles pronto serán similares a los del periodo anterior a la pandemia e incluso mejores. En breve seremos un país más resilente, digital, moderno y avanzado gracias a la solidaridad europea y a la dedicación del gobierno.

Sin embargo, aquí nos encontramos con un primer obstáculo para el cumplimiento de tales anuncios, y es que el aprovechamiento de las ayudas directas, los préstamos que se puedan solicitar, los fondos estructurales y otras partidas del presupuesto europeo destinadas a España, no depende sólo la voluntad del presidente. La capacidad para planificar y posteriormente gastar este volumen de fondos de acuerdo con los criterios europeos pesa mucho más. 

España no dispone de efectivos suficientes y, por tanto, no tiene la capacidad de ejecutar en su totalidad o de forma correcta los fondos asignados

Para ello hace falta un diseño detallado de programas en la Moncloa (allí ha decidido el Gobierno centralizar las decisiones, algo inaudito en otros países europeos), en los ministerios relevantes, en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, previa negociación de los planes con la Comisión Europea; la coordinación entre sí de todos estos niveles administrativos y con las empresas que vayan a participar; el encargo y supervisión del desarrollo de los programas;  el control posterior por parte de las diversas administraciones; e informar en detalle de la ejecución de los programas a la Comisión Europea. 

Esta capacidad de diseño, ejecución y supervisión implica contar con personal cualificado en el Gobierno central y en las comunidades autónomas. España no dispone de efectivos suficientes y, por tanto, no tiene la capacidad de ejecutar en su totalidad o de forma correcta los fondos asignados. Así de simple.

Además, disponer de estos recursos no es algo que se pueda improvisar. Se trata de personal experto que simplemente no existe y no puede contratarse de un día para otro en número suficiente. Es un problema estructural de nuestra administración pública y no va a ser resuelto a corto plazo.

Estamos a la cola de la Unión en cuanto a ejecución de fondos estructurales

Hace unos días, Marc Lemaître, el Director General de Política Regional de la UE, recriminó al gobierno su escasa capacidad administrativa y su falta de voluntad política al recordar, en una acusación pública insólitamente dura con un Estado-miembro, que tenía en un cajón más de 36.000 millones de euros en fondos de cohesión asignados a España en el anterior presupuesto europeo. El gobierno aún no ha presentado propuesta alguna para utilizar los fondos ni se prevé que lo haga hasta finales de 2022. Estamos hablando de partidas correspondientes al periodo que acabó en 2020 y que con las actuales reglas europeas sólo podrían ejecutarse y su gasto ser certificado antes del fin de la prorroga que termina en 2023. Podemos considerarlos como fondos perdidos.

Estamos a la cola de la Unión en cuanto a ejecución de fondos estructurales. En julio de 2021 España sólo había gastado un 49% de los fondos estructurales que le fueron asignados en los presupuestos europeos de 2014-2020. De todos los Estados-miembro de la UE sólo están por detrás Dinamarca, con un 47%, y Eslovaquia, un 46%, pero el caso español es peor, porque cuenta con un 101% de fondos aprobados, mientras que los porcentajes eslovaco y danés son más bajos, 93% y 88%, respectivamente (gráfico 1, disponible en la sección dedicada a los fondos de cohesión de la web de la Comisión Europea).

España no logra gastar ningún año ni la mitad de los fondos aprobados, y acaba el periodo de vigencia del anterior presupuesto de la UE sin haber ejecutado ni un 50% de los fondos que le correspondían (gráfico 2, también en la web de la Comisión Europea). Éste es el dinero sin reclamar guardado en el cajón del furioso Lemaître.

Parece que a la falta de capacidad administrativa para la gestión de los fondos europeos, sean los de la política regional o los del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia -una cantidad cuatro veces superior a aquella que debe gastarse antes de 2026 y esta vez sin prórrogas- se une la falta de voluntad política y una desidia inexplicable, que constituyen un segundo obstáculo de importancia.

Muchas empresas se quejan de los retrasos y de la falta de implicación del gobierno para que sus sectores puedan recibir los fondos. Existe legislación importante que aún no ha sido aprobada por el parlamento, no se sabe cómo se van a asignar las ayudas a las pequeñas empresas, y las comunidades autónomas desconocen cómo se van a distribuir los fondos.

El hecho de que el gobierno diga una cosa en Madrid y otra distinta en Bruselas supone un obstáculo para el aprovechamiento de la financiación europea

Y el hecho de que el gobierno diga una cosa en Madrid y otra distinta en Bruselas supone un tercer obstáculo para el aprovechamiento de la financiación europea. Mientras la ministra de trabajo dice aquí que no hay duda de que se derogará la la actual legislación laboral, promete a los funcionarios de la Comisión que las medidas a adoptar seguirán los criterios reformistas contenidos en el Plan Europeo.

No olvidemos que lo que exige Europa para autorizar las transferencias son reformas clave en el mercado de trabajo, en pensiones y en la regulación de ciertos sectores que impiden a España crecer y garantizar la sostenibilidad de su Estado de bienestar. 

Al contrario de lo que nos anuncia el gobierno a diario, el plan europeo de recuperación no es una estrategia “keynesiana” de fomento de demanda. No se trata de una reedición a gran escala del Plan E de Zapatero, sino un conjunto de actuaciones sobre la oferta para aumentar la eficiencia, la productividad y el potencial de crecimiento del país. Desde la perspectiva europea, las ayudas se justifican únicamente si con ellas España deja de ser un país permanentemente necesitado de apoyo externo. Algo así como “si quieren recibir el dinero, reformen para que la próxima vez no tengan que volver a pedirlo”. 

Todo apunta a una ejecución de los fondos de recuperación casi imposible, y a que la gestión simultánea de estos fondos y los de la política de cohesión sea una quimera. 

Al contrario de lo que nos anuncia el gobierno a diario, el plan europeo de recuperación no es una estrategia “keynesiana” de fomento de demanda

Más bien daría la impresión de que lo que de verdad le interesa al gobierno es poder presentarse ante los ciudadanos como vencedor de algún tipo de pugna con la Unión Europea, y prometer medidas y subvenciones con los fondos concedidos que le ayuden a llegar en forma a las elecciones de 2023. Es la política de propaganda a la que acostumbra, y para la cual es más importante el anuncio de lo que se va a hacer que aplicar políticas reales y reformas efectivas, tan engorrosas como electoralmente arriesgadas.  

En cualquier caso, sin planes detallados y ajustados a las condiciones europeas no hay desembolso posible, sin desembolso no hay ni impulso económico ni cuadran los presupuestos del Estado, y si no se ve la recuperación no bastará la propaganda para mantener la mayoría parlamentaria dentro de dos años.

¿Se acuerdan ustedes del cuento de la lechera? Pues el gobierno está a punto de romper el cántaro, y el sueño no cumplido lo pagaremos todos.