Guerra a la propiedad privada

La Ley de Vivienda -aprobada en el Congreso de los Diputados que tanto gusta a ERC y Bildu que fueron los encargados de presentarla ante los medios- es la pequeña obra de Podemos. Se entiende, así, su contenido tan tolerante con quienes dejan de pagar su alquiler y tan implacable con los propietarios de las viviendas. No hay que olvidar que Podemos, el segundo de los tres partidos que actualmente conforman el gobierno de la Moncloa, surgió del movimiento antidesahucios.  

No es la norma que le hubiera gustado al PSOE, que ha estado resistiéndose durante tres años a dar luz verde a unos planteamientos tan populistas e intolerantes con la propiedad privada. Pero, al final, Pedro Sánchez ha claudicado, una vez más, ante sus intereses electorales. ¿Quién sabe? Quizá, con tanta promesa de viviendas para alquiler social, que no ha construido ni una durante sus cinco años de mandato, consigue movilizar a ese electorado joven que, de momento, está más inclinado hacia opciones conservadoras y liberales, según los sondeos propios y ajenos.  

Se trata de una norma que reconoce la ocupación de las viviendas como una forma de vida que complica los desalojos y, por lo tanto, los propietarios quedarán indefensos.  

Los propietarios de pisos echan el freno

Topar el incremento del alquiler, ya lo sabe Pedro Sánchez, no funciona a medio plazo. Y lo sabe porque tiene datos. Si la oferta de viviendas de alquiler ha caído un 28% en esta legislatura, en un solo año después de la aplicación del tope del 2% han desaparecido del mercado un 17% de viviendas para alquilar y han subido los precios un 8%. En un año. A los propietarios no les compensa alquilar sus pisos. Y echan el freno. Si se reduce la oferta, suben los precios.  

Una ecuación que la conoce Patxi López que rompía sus manos aplaudiendo a su jefe, el presidente del gobierno, cuando éste advertía a la oposición del PP el carácter de obligado cumplimiento de la ley para todas las comunidades autónomas.  

La ley quedará sin efecto en la mitad del país

Están tan obsesionados con el PP, que pasaron por alto que no todas las comunidades autónomas que podían poner reparos a la ley están gobernadas por el partido de Feijóo. Como el caso del gobierno nacionalista catalán. Y el vasco donde el PNV gobierna nada menos que con los socialistas.

Además de la ley en sí, fue la advertencia , con ordeno y mando, de Pedro Sánchez a Cuca Gamarra (PP) para que se aplicara la norma en todas las comunidades lo que puso en guardia a los nacionalistas de derechas que denuncian lo que ellos consideran una “invasión competencial”. Y no les falta razón porque el área de vivienda es de titularidad autonómica.  

Así las cosas, va a ser una ley de difícil aplicación porque depende que la asuman comunidades autónomas que la rechazan. Si seis comunidades se niegan a aplicarla, quedará sin efecto en la mitad del país.  

Pulso entre nacionalistas

La foto del PNV, con Junts y PdCat puede ir más allá que la mera escenificación de su desacuerdo con la ley de vivienda. En esta ocasión, a los nacionalistas no les importó coincidir en el voto de rechazo con el PP, Vox y Ciudadanos. Han encontrado la oportunidad para aliarse como alternativa al tandem ERC- Bildu, cada vez más consolidado en su alianza con Podemos en lo que Pablo Iglesias denominó en su día “la dirección del Estado”.

Un giro en la recta final de la legislatura que podría dejar una puerta abierta a un cambio de alianzas, sobre todo en el caso del PNV, que se ha visto desplazado por el partido de Otegi como socio preferente y que ahora piensa aprovecharse del perfil nacionalista al ser ellos quienes denuncian una injerencia del Estado en competencias propias.  

Sánchez, con su reforma del “sólo sí es sí” tuvo que cambiar de socios y dejarse ayudar por el PP. Ahora, con la ley de vivienda, se ha dejado en el camino a un socio tan estable como el PNV. Pero a él le importan poco las críticas mientras pueda sacar adelante sus proyectos legislativos. Aunque en este caso, sea más una obra de Podemos que suya.  

Resulta preocupante que el Gobierno se atribuya la capacidad de topar el precio de las viviendas, anulando el derecho de propiedad de los ciudadanos a la libre disposición de sus bienes. Es una actitud propia de gobiernos populistas y totalitarios. Es lo que tenemos.