Guardans y Clos se van, Carulla también se cabrea

En todos los procesos, sean económicos, políticos, de todo orden, siempre hay un momento en el que se produce el click, el punto de inflexión.

Hasta ahora, las voces críticas, desde el mundo empresarial, con el proceso soberanista, siempre llegaban desde una dirección: o bien era Foment, o el Cercle de Economía. Con mayor o menor intensidad, en función del respeto a la pluralidad interna, sus presidentes, Joaquim Gay de Montellà, o Antón Costas, emitían opiniones en las que dejaban constancia del temor a que la inestabilidad política perjudicara el desarrollo económico.

Pero, claro, no pasaba nada. ¡Eran representantes del establihsment!, y las pequeñas y medianas empresas se acercaban con mayor pasión al llamado «derecho a decidir», primero, y luego a la independencia, sin saber muy bien cómo se podría conseguir.

Hay un instante, sin embargo, en el que todo cambia por completo. Y eso se produjo con la resolución aprobada en el Parlament el 9 de noviembre en la que se instaba al nuevo Govern, –cuando se constituya– a romper con la legalidad. De nada servía que, al final de la resolución, se apostara por el diálogo, cuando en los puntos anteriores se llamaba a desobeceder las sentencias del Tribunal Constitucional, al entender que es ilegítimo desde su sentencia sobre el Estatut en 2010.

Eso ha cambiado las cosas. Los empresarios se han hartado. No sólo ellos. Algunos toman decisiones, otros prefieren esperar. A la resolución en el Parlament se une la política de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que genera incertidumbre porque no puede gobernar, en primer lugar, al no tener el apoyo necesario, y después por sus decisiones como la moratoria sobre la construcción de nuevos hoteles en la ciudad. Todo ello ha creado un caldo de cultivo, sin president en la Generalitat, con palabras tan duras como las de Mas de este martes, asegurando que Cataluña «se siente agredida» por el Gobierno español, que puede ser funesto para el futuro de la sociedad catalana.

Y los hechos tangibles es que Jordi Clos, el presidente de Derby Hoteles, ha decidido trasladar su empresa a Madrid, justo ahora, aunque pudiera ser por motivos fiscales.

La estela de Clos la sigue ahora Pau Guardans, presidente de Único Hotels, que ha traslado cuatro de sus sociedades a Madrid en los últimos cinco días. Otros, como Jorge Gallardo, presidente de la farmacéutica Almirall, aseguran que se quedarán mientras puedan en Cataluña, pero con la advertencia de que la fuerza económica de Cataluña la tienen sus empresarios, no el Parlament.

Se trata de claros avisos, de decisiones diáfanas, de una expresión de descontento por la forma en la que la clase política catalana ha conducido ese proceso, máxime cuando las elecciones del 27 de septiembre constararon que los independentistas no alcanzaron la mayoría. La sensación de que, además, el lío político puede alargarse en el tiempo, no deja de aumentar la desazón del mundo económico, como también ha señalado Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España.

Hasta el punto de que un empresario como Artur Carulla saltó de su silla como un resorte el mismo 9 de noviembre. En el seno del Cercle d’Economía el debate que se había generado sobre el proceso se ha diluido. El propio Carulla, vicepresidente del loby económico, ha expresado ese descontento por la resolución aprobada en el Parlament y el resto de miembros de la directiva del Cercle lo sabe. Eso lo ha cambiado todo. Ni los más cercanos a Artur Mas comparten ahora la senda emprendida. Y ya no cuela esa apuesta genérica de Mas por el diálogo esperando el Gobierno que surja de las urnas el 20 de diciembre.

Si Carulla también está cabreado, ¿a qué espera el President Mas para cambiar de rumbo?