Fondos europeos: ¿A qué juega el gobierno?

Uno escribe artículos avisando de la posibilidad de que el gobierno no ejecute correctamente los fondos que la Unión Europea ha puesto a disposición de España para ayudarle a salir de la crisis. Antes de escribir, uno se documenta, estudia los porcentajes de ejecución de planes parecidos, como la política regional europea, presta atención a lo que dicen expertos independientes, e indaga sobre la incorporación de personal especializado en la gestión de este tipo de programas.

A continuación, explica lo mejor que puede por qué España podría convertir en un fiasco el mayor esfuerzo de solidaridad en la historia de la Unión Europea. Y, aún así, a uno nada le gustaría más que equivocarse, haber pasado datos por alto, comprobar que, a pesar de las apariencias, esta administración ha corregido el rumbo y se muestra decidida a tener éxito, a aprovechar la oportunidad, a no arrastrar los pies ante la Comisión Europea, y a trabajar con comunidades autónomas y ayuntamientos, por encima de afinidades políticas, por sacar a España de una recesión pavorosa.

Lamentablemente, no parece que vayamos en esa dirección. El gobierno ha convocado subvenciones y licitaciones por valor de unos 9.300 millones de euros, que suponen menos de la mitad de los fondos recibidos en 2021. Peor aún, mucho peor, es el dato de ejecución de lo comprometido: apenas un 2% en agosto, cuando se publico el último dato oficial.

La AIReF, el Banco de España, servicios de estudios como Funcas, BBVA y Fedea, y todas las organizaciones empresariales han constatado la lentitud en la ejecución de las ayudas. El Banco de España ha reducido la absorción de fondos europeos para 2021 a un tercio de lo que estima el gobierno, unos 10.000 millones, y ha calculado que su impacto en el PIB será únicamente del 0,3%, en lugar del anunciado 2,6%.

También predice una aportación al PIB de 2022 de únicamente el 1,6%. Hay que recordar que no estamos hablando de una política cualquiera. Los fondos NextGeneration constituyen una partida esencial de los presupuestos anuales hasta 2026 y son claves para lograr la recuperación. Sin una correcta ejecución de los mismos será casi imposible abordar los problemas de crecimiento, desempleo y competitividad de la economía española, y sus desequilibrios fiscales.

Además, el presidente Sánchez se enfrentó a la mayoría de los países europeos por sacar adelante las transferencias a los Estados del sur, empeñando el prestigio de España como socio responsable. Los intereses políticos y reputacionales en juego son demasiado importantes como para bajar los brazos ahora, después de la batalla planteada en Europa.

En estas circunstancias, resulta difícil descifrar los motivos que llevan a un gobierno a comportarse con tal displicencia. ¿O bien se trata de incapacidad? Si ésta es la razón, ¿por qué no pone remedio adaptando la administración tanto como pueda, contratando expertos, gestores y personal de refuerzo en número suficiente? ¿Quizá por la desidia en constatar su propia desidia? Veámoslo desde otro ángulo.

No hace falta ser un cínico para pensar que, a falta de incentivos para buscar el bienestar de los ciudadanos, los partidos que forman un gobierno sí temen ser castigados en las urnas y perder el poder. Uno podría pensar que se trata de medidas tan complejas para el votante que éste no sabe si las afirmaciones del gobierno son ciertas o no. Así, el incumplimiento de las promesas podría quedar impune en las próximas elecciones.

Podemos pensar que éste es el escenario que contempla el gobierno, y que trata de apuntalarlo con toneladas de declaraciones. En medio de tanto ruido, los avisos de expertos y organismos independientes únicamente serían escuchados por otros expertos y, electoralmente, caerían en saco roto.

Sin embargo, una encuesta reciente señala que un 67% de los españoles no cree que los fondos europeos vayan a tener un efecto real, y un 70% piensa que  no van a servir ni para modernizar ni para revitalizar la economía, como repite una y otra vez el presidente Sánchez. Es decir, la gran mayoría de los españoles no confía en el gobierno para solucionar una de las crisis económicas y sociales más graves en la historia de este país.

Aún así, el gobierno parece estar convencido de que tal desconfianza no va a tener consecuencias electorales, de lo contrario intentaría por todos los medios agilizar la ejecución de préstamos y transferencias para que se viera su impacto económico antes de las elecciones. Lo peor de todo es que podría tener razón.

Dado que gestionar medidas y planes complejos es fatigoso, y que los resultados quizá no lleguen a tiempo de ser aireados en campaña electoral, mejor dedicar todo el esfuerzo a algo que se le da mucho mejor: proclamar los logros de una política antes de haberla ejecutado, vender humo, hacer declaraciones a diario, y culpar de las dificultades a la oposición, que no tiene sentido de Estado y no quiere arrimar el hombro.

Quizá piense usted que la propaganda acabará dándose de bruces con la realidad de una economía agotada en ausencia de estímulos y reformas, y con el que tristemente puede seguir siendo dentro de dos años el desempleo más elevado de Europa.

Quizá crea que los ciudadanos no son expertos, pero tampoco tontos, y que no hay forma de que todo esto no le vaya a pasar factura al gobierno. Quizá. Pero también es posible que nos estemos equivocando al pensar que los ciudadanos somos enteramente racionales al depositar nuestro voto en una urna.

La ideología en las urnas

La clave está en la encuesta citada. Ese 70% de españoles que no confía en que el gobierno gestione los fondos europeos con diligencia incluye no obstante un 80% de votantes del PSOE y un 70% de votantes de Podemos que sí cree en lo que el presidente Sánchez ha prometido.

Es decir, el cumplimiento de las medidas anunciadas no se juzga observando sus resultados y estudiando los datos objetivos. Nos dividimos estrictamente por campos ideológicos, y se trata más bien de “apoyar a los míos” cuando están en el gobierno y de culpar a la oposición si las promesas no se materializan.

A este grado de polarización hemos llegado. Y a la hora de agravar la polarización, de sustituir la política racional por una política de las emociones, de dividir a los ciudadanos y repartir carnés de responsable o crispador, el gobierno se muestra activo y eficiente. Ni rastro de la desidia mencionada más arriba, porque en este terreno posee una demostrada ventaja comparativa de la que otros gobiernos carecen.