Felip Puig y la guerra a la burocracia

La semana pasada asistí a un acto del nuevo conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig. En él, el político afirmó que en el escenario actual (es decir, la falta de dinero), su principal tarea sería plantar cara a la burocracia. No es que no me quiera creer sus palabras, que quiero. No es que no confíe en el señor Puig, confío en él. Pero si consigue su objetivo, será el héroe que los empresarios catalanes necesitan. Esta no es cualquier guerra, ¡es la madre de todas las batallas!

Me explicaré. El estado de derecho que construimos entre todos delega en las administraciones la supervisión y el control de las libertades colectivas (el orden público, el mercado financiero, el de trabajo o el comercio, entre otros). Tomamos esta decisión porque somos una sociedad inmadura –adolescente, desde mi punto de vista– que no sabe gestionar la frustración ni acepta las propias responsabilidades. Por este motivo delega a un tercero, la llamada administración pública. Es la misma actitud del adolescente descreído que disculpa las propias carencias pero no tolera de ninguna manera los errores ajenos. Entonces, cuando ocurre una desgracia, culpabiliza a un tercero de la falta de supervisión o de control. Por ejemplo, cuando el mercado financiero se hundió, ¿a quién se criticó? Al Banco de España. Cuando se encontró carne de caballo en una lata de ternera, ¿a quién se pidió explicaciones? A las autoridades sanitarias. Cuando murieron cinco personas en una fiesta privada, ¿quién perdió su empleo? El vicealcalde de la ciudad donde se celebraba la fiesta.

¿Cuál suele ser la reacción habitual de la administración ante estos hechos? Actuar a la defensiva. Es decir, amplía (aún más) la regulación e incrementa los controles. Dicho de otro modo, embadurna a la población de papeleo que muchos consideramos absurdo e inútil pero que tiene una única razón de ser: blindar a la administración de posibles grietas. El empresario andaluz que participó en el programa Salvados, emprendedores lo explicaba hace unos días: “Me pedían un certificado de innecesariedad de hacer un estudio de yacimiento arqueológico en una nave ya construida”.

Quizás el detalle más absurdo e ínfimo de esta regulación es el de un caso que conocí hace tan sólo una semana. Una empresa de 20 empleados quería abrir en septiembre, pero inició su actividad a principios de marzo. ¿Cuál fue el motivo del retraso? Un «exceso de celo» de un solo funcionario. Indignante. La sociedad no obtuvo la licencia de apertura porque en una nave de 4.000 metros cuadrados existía una diferencia de un centímetro respecto a la normativa de construcción vigente. Pensarán que bromeo, pero es verdad.

Si el conseller Puig quiere impedir que el criterio de un solo funcionario de cualquier ayuntamiento pueda bloquear la apertura de una empresa, no sólo tendrá que abolir muchas normas. También se tendrá que enfrentar a una sociedad infantil que exige al poder político soluciones reales para sus problemas (salir de la crisis, crear empleo, tener una vivienda, etc.) y delega en la administración pública la vigilancia de sus intereses. Señor Puig, desde ahora tiene mi apoyo incondicional, igual que el de miles de ciudadanos y empresarios. Pero no le envidio el trabajo.

Si se tiene en cuenta esta intención –y para dar, de pasada, una buena lección a miles de técnicos de ayuntamientos de todo el país– lo primero que recomendaría al honorable conseller es empezar en su propia casa. Por ejemplo, estaría bien que Puig iniciara las gestiones oportunas para subsanar y evitar que suceda de nuevo un desconcierto jurídico y un ridículo internacional mayúsculo como el que ha supuesto la melodramática (des)adjudicación de la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL).

Si una administración, encabezada por un gobierno por los mejores y que se autodenomina business friendly es capaz de crear este monumental lío que implica a dos grandes compañías como son Acciona y Agbar en una adjudicación tan importante y cuantiosa (1.000 millones de euros), está claro que no tenemos un problema de dirección. En este caso, se trata de un obstáculo de estructura y de funcionamiento administrativo.

Un poeta francés decía: «Lo consiguieron porque no sabían que era imposible». Ojalá el conseller gane esta guerra. Y que lo haga pronto. Créanme, hay muchos empresarios y ciudadanos con el agua al cuello que tienen puesta en Puig su última esperanza.