Fabra morirá en la orilla
Se cumple un año desde que Alberto Fabra relevó a Francisco Camps en la presidencia de la Generalitat. El entonces alcalde de Castellón fue una apuesta de Mariano Rajoy, que tomó la decisión sin contar con los barones locales del partido, entre ellos, Alfonso Rus y Rita Barberá.
Llegó Fabra al Consell con una doble tarea: limpiar la imagen del PP valenciano, manchada por los casos de corrupción, y enderezar las cuentas de una Administración en la bancarrota. Fabra se ha comportado como un político sensato, moderado y más dialogante que su antecesor, que había caído en un egocentrismo que nada tiene que ver con las maneras de un dirigente elegido en una democracia moderna.
A la vista de lo sucedido en estos 12 últimos meses, y a la espera de un más que probable cambio de Consell en el que desaparecerán los últimos restos del campsismo, la gestión de Fabra se mide más por gestos que por resultados.
En el haber de su tarea de gobierno pueden citarse, entre otros ejemplos, que ha obligado a dimitir a varios altos cargos de su Ejecutivo por estar imputados en casos de corrupción; se ha reunido con las víctimas del accidente del Metro y contesta a los periodistas, algo insospechado con Camps, que los trataba con sumo desprecio, a menos que fueran afines a su causa.
Sin embargo, el intento por combatir la corrupción ha tenido un alcance limitado. Al margen de esos altos cargos forzados a dimitir, 11 diputados del grupo popular en las Cortes Valencianas están imputados o siendo investigados por jueces, lo que les convierte de facto en la tercera fuerza política del Parlamento. Todos esos políticos sobre los que hay dudas sobre su honradez siguen en sus puestos, lo que demuestra las dificultades que Fabra encuentra en su camino para limpiar el partido.
En el segundo objetivo para el que fue elegido no le van mejor las cosas. La Generalitat valenciana sigue en las quinielas para ser intervenida. Los recortes del Consell en educación, sanidad y servicios sociales han llevado la crispación a la sociedad valenciana. Además, no garantizan que vaya a cumplir el déficit del 1,5% este año y mucho menos el 0,7% de 2013.
El vicepresidente José Císcar ya ha sugerido que serán necesarios más ajustes. Y la esperanza de los ‘hispabonos’ se desvanece, una vez conocida la negativa de Montoro.
La Generalitat acudirá al fondo habilitado por el Gobierno para hacer frente a los vencimientos de deuda, que se calculan en 1.400 millones de euros hasta finales de año. Pero todo esto puede ser insuficiente para una Administración que, por no pagar, no paga ni a las farmacias.
Como Rajoy en España, Fabra confía en que le restan tres años de legislatura para que la situación mejore. Pero también puede empeorar. Si logra que el Gobierno no intervenga la Administración valenciana de manera formal, Fabra resistirá todo lo que sea posible a la espera de que la crisis escampe.
Pero hay señales en la calle de un cambio de ciclo político después de casi 20 años de hegemonía conservadora. La gente, incluso parte de la que ha votado al PP, le comienza a dar la espalda al sentirse engañada por Rajoy. No sería extraño que tanto esfuerzo del reformista Fabra, tanto nadar para alcanzar la orilla de una nueva mayoría absoluta, terminase en fracaso en 2015.
La herencia recibida era tan envenenada que Fabra acabará pagando las facturas que otros dejaron sin abonar. Queda mucho tiempo, tres años en política son una eternidad, pero la cuenta atrás para los ‘populares’ ha comenzado ya. El PP no volverá a gobernar en la Comunidad Valenciana la próxima legislatura. ¿Me aceptan la apuesta?