El exilio silenciado de los vascos perseguidos por ETA 

El Congreso, el Senado, el Parlamento del País Vasco, los Parlamentos de las CCAA, las Diputaciones y los Ayuntamientos se olvidaron de la fecha. Amnesia. De eso se trata

Cada vez que se acercan las elecciones generales en España –igualmente ocurre también con las autonómicas y municipales en el País Vasco- se pone sobre la mesa la cuestión de los exiliados vascos que huyeron al resto de España para salvar la vida y el patrimonio. La cuestión que mayormente se plantea es la siguiente: ¿quién gobernaría en el País Vasco, así como en sus ciudades, si los miles de exiliados que huyeron de ETA permanecieran –o votarán- en la que fue su residencia habitual?

La pregunta no tiene respuesta y quizá tampoco tenga hoy sentido. Lo que sí tiene sentido son un par de cosas: por un lado, conocer con cierta exactitud el número de exiliados vascos silenciados que huyeron de sus casas perseguidos por ETA; por otro lado, la razón por la cual dicho número no se conoce –datos oficiales- con exactitud.            

En busca de los datos reales del número de exiliados 

El número de exiliados por la persecución de ETA es difícil de saber si tenemos en cuenta que el gobierno del País Vasco no dispone de datos al respecto. Lo mismo ocurre con el gobierno español. Al respecto, el informe de la Fundación BBVA (Evolución de la sociedad española en el siglo XX por provincias y comunidades autónomas, volumen I dirigido por Julio Alcalde Inchausti, 2007) indica que “entre 1980 y 2000, emigraron del País Vasco 157.417 residentes, equivalentes al 7,2% de la población vasca en 1980”. El informe concluye que “el problema demográfico vasco está afectado por la emigración de antiguos residentes al resto de España y al extranjero”.  

Entre 1980 y 2000, emigraron del País Vasco 157.417 residentes, equivalentes al 7,2% de la población vasca en 1980

Otros informes como el Proyecto Retorno –impulsado por el Instituto Vasco de Criminología de Universidad del País Vasco en el año 2011- afirman que “se manejan cifras de 45.000 a 60.000”. Por su parte, en un estudio, el Defensor del Pueblo (Los derechos de las víctimas de ETA. Su situación actual, 2016) se puede leer que “aunque el número exacto de desterrados es difícil de cuantificar, distintas asociaciones y colectivos de apoyo a las víctimas del terrorismo, como el Foro Ermua, hablan de 200.000 vascos y navarros que han tenido que abandonar sus hogares por la presión terrorista de ETA”. Finalmente, Dignidad y Justicia, así como el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, facilitan datos que se mueven en una horquilla que oscila entre los 150.000 y los 300.000.    

Un dato significativo: al parecer, la izquierda y el nacionalismo no se han preocupado por el asunto. Y si tienen datos, los ocultan. Ni siquiera la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio de Interior, facilita datos sobre el traslado de presos etarras a las prisiones del País Vasco. Lógica de primer orden: si eso es así, ¿por qué se ha de facilitar el recuento de los exiliados perseguidos por ETA?  Sigue la lógica de primer orden: ¿por qué hay que facilitar el recuerdo si “ETA ya no existe”? 

La Ley de Desmemoria Antidemocrática  

Ya en su Preámbulo –al respecto-, la denominada Ley de Memoria Democrática decepciona. ¿Quiénes son las víctimas que la Ley reconoce, resarce o repara? Veamos: “se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil o la dictadura”.

Llega la concreción: “el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual” durante el período “de la Guerra, de la Dictadura y hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978”. ¿Dónde están los exiliados internos, o emigrantes internos, o desterrados, o desplazados forzosos para sobrevivir a la persecución etarra en País Vasco? Para la Ley no existen. Una Ley de Desmemoria Antidemocrática, sin duda.      

Iñigo Pascual Ramos, el hijo de Ángel Pascual Múgica, ingeniero de la central nuclear de Lemoiz asesinado por ETA en 1982, acaricia la placa colocada en recuerdo de su padre. EFE/Javier Zorrilla

Los detalles de una Ley que margina  

La Ley no habla de ETA, ni de terrorismo, ni de terror, ni de desplazados internos, ni de desterrados, ni de expulsados forzosos, ni de antiguos residentes que cambian de domicilio a la fuerza con el objeto de sobrevivir. En cambio, sí habla de víctimas. Exactamente 99 veces. ¿Qué víctimas? Pues –entre otras-, víctimas del golpe de Estado, de la represión de la dictadura franquista, de los trabajos forzados durante la Guerra Civil y la Dictadura, de la política franquista, de sustracción y adopción ilegítima de niños y niñas.     

Conviene añadir que la Ley se detiene en el detalle al señalar “una represión o persecución que se manifestó de múltiples formas y afectó singularmente a varios colectivos que esta ley reconoce”. Por ejemplo: personas perseguidas por ser LGTBI, por el hecho de ser mujeres, por su actividad pública o política, por razón de conciencia o creencia religiosa, por pertenecer a la masonería o sociedades teosóficas, por uso o difusión de su lengua propia. Nada que objetar. Pero, ¿y los exiliados propiciados por ETA? No existen. 

Para ser objetivos, existe una ley a la que puede acogerse el exilio interior vasco: la Ley de Reconocimiento y Reparación a las víctimas del Terrorismo (2008) que en el artículo 5.2. C habla de “promover el regreso de la víctima a su lugar de residencia y la reincorporación a su empleo en condiciones o, en su caso, el cambio de residencia y una política favorable a su integración laboral”. El mundo, como el infierno, está cargado de buenas condiciones.              

Promover el regreso de la víctima a su lugar de residencia y la reincorporación a su empleo en condiciones

¿Por qué se oculta la magnitud del exilio?  

Porque, no existe la voluntad suficiente para recordar la realidad de un País Vasco marcado por la violencia, el miedo y, a veces, el oportunismo político y social. Porque, no existe el coraje suficiente para recordar el comportamiento patológico y delirio de una parte de nuestros semejantes y de quienes les apoyaban por activa y por pasiva.

Porque, no existe el interés suficiente para rememorar el comportamiento moral y heroico de unos resistentes que ponen en entredicho ciertas maneras de ser y estar como, por ejemplo, la buena fe del nacionalismo moderado. Porque, no existe el valor suficiente para desenmascarar la moral insanity de quienes, ofuscados por la ideología y el interés, se muestran insensibles al sufrimiento ajeno o se aprovechan del mismo.  

Amnesia  

En 2015, la Junta de Portavoces del Parlamento Foral de Navarra declaró el 11 de febrero como Día de la Memoria de los desplazados forzosos de ETA. El 11 de febrero de este año solo el Parlamento Navarro leyó la declaración institucional del día. El Congreso de los Diputados, el Senado, el Parlamento del País Vasco, los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, las Diputaciones y los Ayuntamientos se olvidaron de la fecha. Amnesia. De eso se trata.