¿Está prostituido el mercado laboral español?

En España 16.823.200 personas tienen empleo y 5.904.700 no lo tienen. Son datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA). Haciendo una simple suma, esto significa que 22.728.000 personas están en activo en nuestro país, aunque un cuarto de ellas (25,98%) quiere trabajar, pero no tiene la oportunidad. La tasa de paro es todavía un poco superior -26,11%- si nos ceñimos específicamente a la población en activo con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años.

Sin embargo, analizando más con detalle la EPA encontramos unos resultados que llaman mucho la atención: el incremento en el empleo se observa, sobre todo, en dos sectores generacionales. Uno, entre los grupos de edad más jóvenes, hasta los 29 años, donde los ocupados aumentan en 99.000, y, otro, entre los mayores de 55 años, donde los ocupados son 25.600 más.

¿Cuál es el porqué? ¿Qué esconden estas cifras? Respuesta: las bonificaciones y reducciones a la contratación laboral. Echando un vistazo a la Ley de Bonificaciones a la Contratación de Jóvenes encontramos suculentas ventajas fiscales para las empresas que contraten a un menor de 30 años: reducción del 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes al contratar un joven a tiempo parcial con vinculación formativa, 1.650 euros por año al contratar a un menor de 30 años en una empresa de inserción, 700 euros al año para mujeres (chicas, creo) con su “primer empleo joven”, etc.

Para analizar el otro sector donde el empleo ha aumentado –el de mayores de 55 años- nos vamos a otra ley, la 3/2012, en la que también hallamos ayudas apetitosas: 1.300 euros al año a la empresa que contrate a un mayor de 45 años o 5.700 euros si se trata de una persona con discapacidad (Ley 43/2006), por ejemplo, aunque también aquí encontramos una reducción del 75% o del 100% de las cuotas del empresario que contrate a jóvenes desempleados inscritos en la Oficina de Empleo y que sean contratados para la formación y el aprendizaje.

Parece evidente que hay una relación directa entre las franjas poblacionales en las que ha aumentado el empleo y los perfiles de beneficiarios a los que van dirigidas las ayudas a la contratación. Pero esta situación, que a priori puede parecernos la ganga del siglo, no es oro porque reluzca, y esconde dos factores que están dañando seriamente el mercado laboral.

Existe todo un sector de población activa que no interesa contratar porque no pasa por caja cuando firma el contrato, los que tienen más de 30, pero menos de 45. Volviendo a la EPA recogemos textualmente: “Entre las personas de 30 a 34 años, el número de ocupados disminuye en 54.300”, por ejemplo.

Sin embargo, lo verdaderamente grave viene ahora. Comprobamos qué duración tienen este tipo de ayudas. Doce meses, lo que dure el contrato, tres años en el mejor de los casos. Vale, “te contrato hoy, te tengo un año, me llevo la subvención y al año cojo otro y vuelvo a facturar”. No, no vale, “tienes 42 años y no me sales gratis”.

El mercado laboral se está prostituyendo. Los empresarios han encontrado la panacea en un sistema de bonificaciones que, como tantas cosas en este país, se ha corrompido. Aprovechando la coyuntura de la crisis para pagar cada vez menos, existen, incluso, empresas que aseguran –de puertas para adentro y con mucha maldad– que optan por contratar personas con discapacidad porque cobran más por ellos. Cierto es que la mayoría de casos los encontramos en pequeñas empresas que, repito, con maldad, intentan llegar a medianas.