¿Espera ayuda del ICO para su empresa? Siéntese
Hay en España un sucedáneo de banca pública que tiene la misión y la obligación de fomentar la economía desde el sector financiero. La referencia es el Instituto de Crédito Oficial (ICO), un organismo que desde hace años ha sido utilizado por los gobiernos para incorporar ayudas públicas a través de la banca privada.
Los últimos bancos públicos españoles se reunieron en Argentaria, una especie de holding formado por la antigua Caja Postal, el Banco Exterior de España, el Banco Hipotecario y el de Crédito Local, entre otros. Fue lo último de una banca pública entendida como organización propiedad del Estado y cuyas políticas tenían esa consideración en la orientación al cliente.
Pero de aquella Argentaria, luego subsumida (y digo el banco, que no los dirigentes amigos de Aznar; ellos sí que triunfaron) en el BBVA, no queda nada. Por tanto, el ICO ha sido el escogido para lanzar algunas pequeñas políticas de promoción del crédito en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas.
Ya sucedía en otros tiempos: los créditos ICO servían para todo, igual financiaban circulante que una inversión; daban para una nave de una empresa o para el camión de un autónomo.
Desconozco por qué razón el Gobierno ha preferido ahora que las ayudas, que principalmente administraba la banca privada con tipos de interés subvencionados, pasen esencialmente por otro camino: los fondos de inversión.
Para llevarlo a cabo, el ICO se ha visto obligado a adjudicar esos importes a varios agentes del mercado de fondos, aunque en un marco de irregularidades que hace difícil pensar que el objetivo último del dinero público cumpla su cometido: regar la economía y estimular consumo e inversión.
En el propio sector hay un cabreo supino. Muchos de los beneficiados en el concurso no saben lo que es una pyme y otros están especializados en la promoción del muy noble paté francés, por ejemplo. El colmo del despropósito se ha producido cuando hemos conocido esta misma semana una investigación de Ismael García Villarejo. Corrobora el parentesco de algunos beneficiados por la adjudicación con ministros en activo, realidad que es, cuando menos, estéticamente desafortunada.
El ICO debía haber sido capaz de seleccionar mucho mejor cómo administrar esos fondos para las pymes y, una vez surgidas las dudas, explicarse con rapidez y celeridad, pues ninguna institución pagada con el dinero de los ciudadanos puede mirar hacia otro lado cuando se le acusa de hacer las cosas mal o, como se dice en Madrid, lo siguiente.
